―¡Qué hermoso! Parece una playa, ¿cómo hicieron para tener esta agua tan azulita, tan bonita? ―pregunta un niño pemón que, con un grupo de amigos, se da un chapuzón en unas aguas empozadas de la enorme mina Campo Alegre en el sector oriental del Parque Nacional Canaima, la más grande de la Gran Sabana con una extensión de 78 hectáreas, en pleno corazón de la Amazonía venezolana.
Campo Alegre está en medio de la espectacular sabana en la formación geológica más antigua de la Tierra, en el sur profundo de Venezuela, explica el equipo de nuestro aliado Correo del Caroní, autores de este trabajo especial. Maikel Artal, un operador turístico de la Gran Sabana, recuerda un espejo de agua con una hilera de morichales en el centro. Al fondo, puntos de color de plantas de naranjas y mandarinas en un bosque de árboles. Es la última imagen que retuvo una década atrás, cuando los problemas de los pobladores se centraban en la inundación de las casas cada vez que crecía la enorme serpiente de agua que es el río Kukenán.
La mina es el patio trasero de la comunidad indígena: el paisaje desde la escuela, desde el abandonado ambulatorio y desde cualquiera de las viviendas de la comunidad. Junto a otros focos mineros cercanos, el área intervenida en Campo Alegre abarca 187 hectáreas. El eje oriental de prominentes mesetas, con el tepuy Roraima y su altura de 2.810 m s.n.m. como protagonista, es el único recordatorio del territorio que pisas.
La laguna, que alimentaba al poblado e, incluso, permitía la recolección de agua, se ha ido desdibujando. De los morichales y su maravilloso potencial de concentración de humedad, no queda huella. En su lugar, hay enormes socavones de más de tres metros de profundidad con rastros de mangueras y lagunas azuladas. Los tonos cítricos de las frutas cosechadas otrora desaparecieron y el poblado es todo silencio.
La ONG SOSOrinoco realizó un análisis técnico científico de imágenes satelitales del sensor Sentinel en 2018, el cual permitió detectar 33 áreas mineras dentro y en las adyacencias del Parque Nacional Canaima, en la que la minería está prohibida. 45% de las áreas estaban dentro de los límites del PNC y sumaron 501 hectáreas de afectación.
Un análisis más detallado, realizado en colaboración con expertos en sensores remotos, con énfasis en el sector oriental del área protegida y validado con visitas de campo en el primer trimestre de 2020, permitió detectar 21 sitios de operación minera que no habían sido identificados antes y que totalizan 459 hectáreas adicionales de pérdida de cobertura vegetal, degradación de suelos, contaminación por mercurio y otros metales pesados y agentes contaminantes como aceite y gasolina.
El sector occidental del parque, que atesora al Auyantepui y al Churún-Merú o Kerepakupai-Merú -conocido como Salto Ángel, la caída de agua más alta del mundo- acumula 518 hectáreas de afectación, mientras que el sector oriental del parque suma 515 hectáreas, para un total de 1.033 hectáreas del Parque Nacional Canaima intervenidas por actividades mineras ilegales hasta el primer trimestre de 2020.
La actividad minera crece sin control sirviéndose en los últimos meses de combustible facilitado principalmente por uniformados militares a precio de oro: desde 7 gramos un tambor de 200 litros, el equivalente a $383,8 de acuerdo con la cotización del oro en el mercado internacional.
A diferencia de la intensa anarquía en municipios cercanos como El Callao, Sifontes y Roscio, en el parque nacional no hay presencia de grupos armados, aunque sí asedio militar.
Tina Oliveira, directora del Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba, sostiene que el pueblo pemón ha estado expuesto a una serie de factores que han generado cambios, la aparición de necesidades que antes no existían y una suerte de alejamiento de sus tradiciones. “La aparición del Arco Minero y el aumento en las presiones de recursos como el oro, la misma situación económica que ha llevado a una disminución del turismo, la falta de gasolina, todo eso ha empujado a muchos indígenas a la actividad minera por la ausencia de otras formas de satisfacer necesidades básicas”, dijo.
La producción ilegal de oro avanza con fuerza en los territorios indígenas con la participación de criollos con capital y originarios en busca de una supervivencia cuyos réditos mayores desemboca en las arcas del Banco Central de Venezuela (BCV) o en rutas de contrabando.
No hay cifras oficiales que permitan precisar la extracción actual, pero el Consejo Mundial del Oro (WGC, por sus siglas en inglés) ubicó la producción de oro de Venezuela en 23 toneladas en 2018 y, de acuerdo con el Plan Sectorial Minero 2019-2025, la meta al cierre de 2019 era de 25,40 toneladas y, a 2025, 79,40 toneladas. Ni la cuarentena ni la pandemia de COVID-19 ha detenido el movimiento de palas y el ajetreo de las bombas hidráulicas, en medio de una crisis económica que se acentúa a diario.
Dorixa Monsalve Dam, bióloga y miembro de la Plataforma contra el Arco Minero, considera que estas dinámicas extractivistas parecen dominar estructuralmente el panorama socio-económico de la región y tenderán a profundizar los impactos en el parque y sobre el territorio y la etnia pemón.
Ciudad Guayana / Continúe leyendo en Correo del Caroní
