El mandatario Nicolás Maduro prepara el terreno para garantizarse un mínimo de gobernabilidad en su mandato 2025 – 2030, en medio de los cuestionamientos que sectores sociales y políticos tanto nacionales como internacionales han hecho a los resultados dados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) el pasado 29 de julio, según los cuales se otorga la victoria al gobernante.
El pasado 27 de agosto -29 días después de las elecciones- Maduro anunció cambios en al menos 16 ministerios y ratificó a otros 15 funcionarios en el cargo, entre ellos Yván Gil como ministro de Exteriores; Freddy Ñáñez en comunicaciones, y Carlos Leal Tellería en Alimentación. La medida fue tomada con el objetivo de lograr una «renovación profunda» en su administración.
Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), fue nombrado como ministro de Interior y Justicia, y la vicepresidenta Delcy Rodríguez fue designada como nueva ministra de Petróleo, en sustitución de Pedro Tellechea, quien posteriormente fue acusado de hechos de corrupción y se encuentra detenido desde la madrugada del 20 de octubre.
Otro de los cambios anunciados por Maduro fue la incorporación -el pasado 18 de octubre- del empresario colombiano Alex Saab como miembro de su equipo en el cargo de ministro de Industria y Producción Nacional, en reemplazo de Tellechea, quien había anunciado su decisión de renunciar. El nombramiento de Saab se da casi un año después de que fuese liberado por Estados Unidos como parte de un canje por 10 estadounidenses encarcelados en Venezuela y la extradición de un fugitivo.
Según Maduro, los cambios buscan «acoplar un equipo nuevo» para «acelerar y profundizar los requerimientos que el pueblo necesita». El gobernante, cuya legitimidad quedó severamente lesionada tras las elecciones del 28 de julio, hace ajustes, mueve piezas y busca lealtades que puedan sostener su estabilidad de cara a un nuevo periodo presidencial.
El Parlamento que es dominado por el oficialismo también ha comenzado a mover sus hilos «para garantizar la paz» y mantener a raya a los adversarios. En el seno del legislativo se inició el debate y una jornada de consultas para reformar las leyes electorales con el propósito de adecuarlas a los «nuevos tiempos», según declaró el presidente de la Asamblea Nacional 2020, Jorge Rodríguez.
Entre los cambios puestos sobre la mesa, se ha asomado la posibilidad de desarrollar el tema de la proporcionalidad en los cargos legislativos, restringir la observación internacional en procesos electorales y crear un régimen sancionatorio más severo para aquellos que violenten las normativas, como la prohibición de participar en elecciones a las personas que cometan delitos de traición a la patria, terrorismo o corrupción.
Este lunes 28 de octubre, Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, advirtió que quienes no reconozcan los resultados de las elecciones presidenciales no podrán participar en los comicios regionales; una amenaza nada nueva, que desempolvan a conveniencia.
Para el analista político Nicmer Evans, las designaciones ministeriales que hizo el mandatario Nicolás Maduro están lejos de querer garantizar una buena gestión. A su juicio, los nombramientos tienen que ver con el nivel de confianza, dependencia y sumisión del funcionario nombrado hacia el Ejecutivo.
Evans basa su señalamiento en los nombramientos que se han hecho en Petróleos de Venezuela (Pdvsa), donde, opina, no es necesario ser el más experto en materia de hidrocarburos o tener una trayectoria destacada en la estatal para estar en el máximo cargo.
Destaca que al Gobierno de Maduro se le hace urgente blindar su cúpula ejecutiva con eslabones de confianza por el hecho de que la sociedad civil y parte de la comunidad internacional, incluso mandatarios que anteriormente eran aliados, ahora dudan de su legitimidad tras las elecciones.
Lo antes expuesto, es similar a las designaciones que hizo Maduro en la precampaña electoral, cuando nombró a los llamados padrinos regionales, que lejos de coadyuvar a una mejor gestión, solo sirvieron al mandatario como termómetro de apoyo.
Geoff Ramsey, analista de política, derechos humanos y seguridad en América Latina, tiene una posición similar a la de Evans. El investigador del Atlantic Council considera que luego del 28 de julio «hay más divisiones que antes» puertas adentro del oficialismo.
Cree que tras las elecciones presidenciales los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, vicepresidenta y presidente de la Asamblea Nacional del 2020, respectivamente, «quedaron muy mal parados», en comparación con el «ala dura del régimen, conformada por Diosdado Cabello y aliados».
«Es notable como Cabello se ha convertido, no solo en el ministro de Interior, sino también en un súper ministro. Más allá de tener su programa de televisión, se ha metido en las relaciones internacionales; ha arremetido contra Brasil; también se ha involucrado en la relación con Estados Unidos, con sus declaraciones de un supuesto involucramiento de ese país de traficar armas. Se ha metido en temas de seguridad de una forma que va más allá del portafolio del ministerio que dirige», dice en entrevista con TalCual.
Para Ramsey, la inclusión de Cabello en la cúpula ejecutiva demuestra que hay claras divisiones en el gobierno. «Maduro después de las elecciones ha tenido que buscar apoyo de Diosdado Cabello y su sector», pero, añade «queda por verse si ese respaldo viene con un costo».
En tanto, explica, los hermanos Rodríguez no cumplieron con las expectativas que sembraron en el oficialismo sobre la posibilidad de ganar. «Pensaron que con ellos frente a la campaña podrían desestimular la participación y dividir el voto opositor».
Daniel Varnagy, doctor en ciencias políticas, señala a TalCual que Maduro cambia su tren ejecutivo en un intento por frenar el aumento del capital social negativo.
Expone que «los sistemas hegemónicos y hegemonizantes se caracterizan por construir círculos de poder de radios cortos de confianza. Normalmente y en este tipo de sistemas, prevalecen los nombramientos para rodearse de personas de cada vez más confianza (las cuales son cada vez menos en número), y no rodearse de personas con méritos académicos o intelectuales para llevar adelante un determinado rol».
Para Varnagy, al iniciarse un nuevo gobierno en este sistema, «coexisten las dos razones para hacer remociones, enroques y nuevos nombramientos»: mejorar un poco la gestión, pero también que la cúpula la integre solo gente de confianza.
Al ser preguntado sobre la relación que tienen estos nombramientos con las purgas que se han hecho en las filas del propio oficialismo, bajo el argumento de la lucha contra la corrupción, subraya que «al restringirse el grado de confianza en anteriores socios en donde se percibe una fractura de lealtad, saldrán a la luz argumentos que lucirán sólidos en la opinión de algunos, para hacer cambios y enroques».
Añade que si la ruptura en la confianza es muy profunda, los exsocios o examigos suelen terminar tras las rejas. «Eso ocurre siempre en el caso de sistemas que buscan ser cada vez más hegemónicos», destaca.
El experto ve necesario recordar que hay distintos tipos de sistemas políticos y que mientras algunos buscan la alternancia, otros sistemas buscan la permanencia.
«Desde 1999 cuando se jura sobre una ‘moribunda Constitución’, se elabora una nueva Carta Magna, unos planes de la patria, y unas modificaciones de forma y fondo al concepto de transitoriedad del poder, quedó muy claro que este nuevo sistema político busca permanencia en el tiempo (…) hace lo que sea necesario para ello», expresa.
Con respecto a las reformas en leyes electorales, comenta que los sistemas comiciales que sean parte de un hegemón, entienden que las elecciones «son una herramienta para la consolidación del sistema», por lo que «todo revés que contribuya a esa causa, tiende a reescribirse para garantizar la estabilidad y la permanencia».
En este punto, Geoff Ramsey del Atlantic Council, ve en estas conversaciones un intento de tentar a la oposición a abrir la mesa de cara a las elecciones regionales que corresponden celebrarse en 2025. «La AN sabe que la oposición no va a participar si no hay conversaciones previas en las que se aborden garantías de credibilidad y condiciones democráticas», dice.
Tras las elecciones del 28 de julio, la oposición ha llamado a la Fuerzas Armada a hacer respetar el «mandato popular», refiriéndose al triunfo que aseguran obtuvo Edmundo González Urrutia en los comicios presidenciales. María Corina Machado, líder de oposición ha afirmado en reiteradas ocasiones que miembros de las fuerzas armadas se han sumado a la causa. Pese a lo anterior, el cuerpo castrense que dirige el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, jura lealtad al Ejecutivo.
Geoff Ramsey destaca que las fuerzas armadas siempre han sido una base importante del chavismo. No obstante, comenta que Venezuela ha atravesado 25 años de reorganización militar. Pone como ejemplo el hecho de que en la actualidad, la nación tiene más generales que la propia OTAN.
«Hemos visto que intentos de un golpe de Estado han sido liderados por militares, aunque la contrainteligencia los ha neutralizado», dice, al tiempo que asegura que esto asoma el descontento.
Agrega que si bien es cierto hay descontento en todos los sectores, incluso el militar, «sería un error decir que el Gobierno no cuenta con las herramientas necesarias para mantenerse en el poder. Eso ha hecho durante años», dice.
Varnagy, en tanto, sostiene que la naturaleza del sistema socialista del siglo XXI es esencialmente militar, tanto en su concepción más primigenia, como en su planteamiento como movimiento social. Esto se deja ver, apunta, en los distintos pasos que ha dado para tener acceso y permanencia.
Por su parte, Nicmer Evans, afirma que las fuerzas militares son la única «pata» que le queda a la mesa de poder de Nicolás Maduro. Por lo anterior, asevera que es el sector al que mayor presión le hacen los jerarcas de la cúpula, «porque saben que está astillada y desequilibrada».
Aunque Evans reconoce la capacidad que ha tenido el oficialismo para mantener un control férreo sobre los militares, advierte que los uniformados están tan afectados por la crisis del país como los civiles.
Los expertos consultados por TalCual coinciden en el hecho de que si Maduro inicia un nuevo período presidencial el mayor obstáculo que tendrá es el esmirriado apoyo ciudadano.
Sobre este punto, Ramsey afirma que “el gobierno se ha mantenido en el poder a través de la represión y control de las instituciones. Sin embargo, esa no es una estrategia sostenible a largo plazo. Creo que eventualmente las contradicciones internas dentro del chavismo les van a obligar a sentarse con la oposición”.
Daniel Varnagy, en tanto, recalca que “lamentablemente la contracara del descontento es la desconfianza, el miedo y la necesidad de sobrevivir”. Lo que a su juicio significa que “aunque se anticipen situaciones en las cuales se manifiesten descontentos, el sistema proseguirá con sus planes de gobernar”.
Caracas / TalCual
