23 días han transcurrido desde la convocatoria hecha por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a elecciones presidenciales para el 28 de julio. Hasta ahora, algunas actividades relacionadas al derecho a la participación política, no solo de los ciudadanos sino de las organizaciones con fines políticos, han sido vulnerados por decisión del organismo electoral.
Expertos de la Red de Observación Electoral (ROE) y el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) han identificado, hasta la fecha, cuatro irregularidades que «restan credibilidad» a las presidenciales.
El profesor universitario Humberto Rojas, quien forma parte de la directiva de la Red, señala que ha habido informalidad en algunos de los procesos establecidos por el propio CNE. «El cronograma no ha aparecido en Gaceta, solo se han publicado algunos de los elementos (…) Eso ya constituye un primer elemento a señalar para que haya la formalidad necesaria y cada uno de estos procesos de la elección tenga la validez y la rigurosidad requerida».
El CNE, recuerda, tampoco cumplió con la publicación de la lista de partidos políticos aceptados para la postulación de candidatos. Esto se debió haber hecho el pasado 20 de marzo, según el cronograma publicado en la página web del organismo.
Pero la irregularidad más grave que identifican ambas organizaciones son las trabas impuestas a sectores de la oposición para las postulaciones de sus candidatos. Corina Yoris (Plataforma Unitaria), Manuel Isidro Molina (Independiente) y Leocenis García (Prociudadanos) denunciaron impedimentos del CNE para concretar su inscripción.
El Observatorio Electoral Venezolano ha recordado que las inhabilitaciones administrativas, que pesaban sobre algunos dirigentes dispuestos a postularse, contravienen la Constitución y son arbitrarias. Pero lo visto esta semana es aún peor que eso, resalta Luis Lander, «porque una candidata presentada por una alianza de partidos opositores simplemente no la dejaron inscribirse sin haber ningún impedimento para eso».
Asegura que con esta decisión no solo se viola el derecho de un ciudadano a ser postulado, sino que además le viola los derechos a los electores.
«Toda irregularidad que se cometa y contravenga lo que está establecido en la Constitución y leyes electorales le quita legitimidad al proceso. En ninguna parte del mundo ocurren elecciones perfectas, en todas partes hay problemas, por supuesto algunas irregularidades son más graves que otras. Lo que vimos con las postulaciones es una irregularidad bastante grave y efectivamente daña la imagen de esta elección», recalca Lander.
Otro punto incumplido dentro de las postulaciones es el propio bloque de horarios que aplicó el CNE para este lapso, fijado desde el 21 hasta el 25 de marzo. «Al imponer bloques de horarios se reduce efectivamente porque están limitadas a unas ciertas horas las postulaciones, mientras que el cronograma establecía cinco días continuos», dice el profesor Rojas.
El director del Observatorio Electoral Venezolano señala que desde el anuncio del cronograma «ha sido un problema» lo relacionado a la inscripción de nuevos votantes o actualización de datos de residencia en el Registro Electoral.
Sobre el RE dentro del país, tanto la Red de Observación como el OEV han apuntado que la publicación de los 315 puntos fijos se hizo de forma tardía. Además, se desconoce el número y la ubicación de los puntos itinerantes.
Lander comenta que el número de puntos aprobados por el CNE, así como el tiempo dispuesto para ello (30 días), no permitirá atender la demanda interna para la inscripción o actualización de datos. Con ello, recuerda, se incumple una de las obligaciones establecidas por ley para el organismo electoral: facilitar a los ciudadanos la posibilidad de ejercer el derecho al sufragio.
Respecto al registro en el exterior, la Red de Observación resalta que no fue sino hasta el martes 26, tras el cierre de postulaciones, cuando se inició esta actividad con la exigencia de requisitos que no están contemplados en la ley, como ha sucedido en otras elecciones nacionales.
Por ejemplo, en Colombia y España se solicita que la residencia sea igual o superior a tres años. En otros países también se pide que el pasaporte esté vigente o exista un trámite de renovación ante el Saime.
Los profesores Rojas y Lander recuerdan que solo se debería pedir una cédula de identidad laminada, esté vencida o no, ser mayor de edad y demostrar legalidad en el país donde reside. Esto último implica que se puede tener visas de estudiante hasta alguien que efectivamente es residente.
«Esto no se está haciendo ni remotamente para permitir el derecho a esa cantidad de venezolanos que se fueron del país, situación que no les resta su condición de ciudadano venezolano y, por tanto, tampoco le resta su derecho al sufragio», afirma Lander.
Rojas destaca que todos estos elementos se deben señalar «y tratar de corregir para poder tener una elección que tenga características que todos deseamos de transparencia y libertad, y que puedan ser auditables. Esperemos llegar al 28 de julio en unas mejores condiciones».
Caracas / TalCual
