El Comité Internacional de la Cruz Roja recuperó el acceso a las cárceles de Venezuela, incluidas instalaciones muy vigiladas donde hay decenas de personas consideradas presos políticos, en lo que parece un intento del gobierno de Nicolás Maduro por contener las crecientes críticas al estado de los derechos humanos en el país.
La autorización de visitas a prisiones militares, que antes no había trascendido, fue confirmada a The Associated Press por un abogado especializado en temas de derechos humanos y por familiares de los presos.
El presidente del Comité (CICR), Peter Maurer, se encuentra de visita por cinco días en Venezuela, donde la organización con sede en Ginebra es una de unas pocas agrupaciones internacionales que tratan de entregar ayuda humanitaria y asistencia técnica por encima de las divisiones políticas que han contribuido a la profundización de la crisis.
El CICR visita todos los años cárceles de más de 100 países siguiendo un protocolo que le permite verificar las condiciones de los penales y hablar en privado con los reos, que tienen así la oportunidad de plantear quejas y de enviar mensajes a sus seres queridos.
Pero no había tenido acceso a las cárceles de Venezuela al menos desde el 2012.
Las visitas a las cárceles de Venezuela se reanudaron el 11 de marzo, en que una delegación de la Cruz Roja visitó un penal modelo de Caracas, el Centro de Formación del Hombre Nuevo Simón Bolívar, donde hay 87 extranjeros presos.
Más significativa, no obstante, fue la visita dos semanas después a la cárcel de Ramo Verde, en las afueras de Caracas, manejada por los militares y donde hay 69 personas que la oposición considera presos políticos.
Drama
Sandra Hernández, cuyo esposo, el sargento Luis Figueroa, está preso en Ramo Verde desde enero por encabezar un levantamiento militar contra Maduro, estuvo presente la semana pasada cuando un vehículo blanco con el logo del CICR llegó a la entrada del penal.
Ella estaba allí, realizando su visita semanal y entregando alimentos como pasta, arroz y queso, que cada día le es más difícil conseguir ya que fue despedida de su trabajo como maestra, en el que ganaba siete dólares al mes. Dice que el despido fue en represalia por las actividades políticas de su esposo.
Afirma que, a no ser por las remesas que recibe de un familiar en España, su marido sufriría de hambre dado que las raciones del penal son exiguas. Si bien se le dijo que su marido no estaba entre el pequeño grupo de reos que serían autorizados a hablar con la gente del CICR, esperaba que la visita mejorase las condiciones de todos los presos, muchos de los cuales carecen de atención médica y dicen haber sido torturados, según ella. La AP no pudo corroborar en forma independiente esas afirmaciones.
“Es súper importante que la comisión constate presencialmente, haciendo interacción con los reclusos, para que tengan conocimiento real de la situación que ahí se presenta”, afirmó.
El CICR se abstuvo de hacer comentarios y ha hablado muy poco de las visitas a los penales. Solo dijo en un tuit que había comenzado a visitar las cárceles bajo el auspicio de funcionarios penitenciarios civiles. No mencionó las visitas a los penales manejados por los militares. La organización habitualmente evita describir estas visitas, excepto en “diálogos confidenciales” con funcionarios.
Caracas / AP
