La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) llevó a cabo la primera audiencia de apelación, donde el régimen de Nicolás Maduro presentó los argumentos para pedir que la Fiscalía no continúe con la investigación sobre el caso Venezuela I.
En la audiencia, que comenzó este martes, 7 de noviembre, Marc Perrin de Brichambaut, juez de la Sala de Apelaciones, explicó en detalle el motivo de las audiencias de apelación sobre Venezuela.
«Venezuela no está investigando o no ha investigado los hechos penales que podrían constituir crímenes a los que se refiere el artículo 5 del Estatuto (de Roma)», el cual consagra la jurisdicción de la CPI en los crímenes de lesa humanidad.
La administración chavista había pedido a la Corte detener su investigación el año pasado sobre la represión gubernamental de las protestas antigubernamentales.
Sin embargo, en junio de 2023, los jueces de la CPI autorizaron al fiscal Karim Khan a reanudar la investigación, considerando insuficientes los procesos judiciales en el país.
Uno de los alegatos del chavismo es que Venezuela no podía investigar adecuadamente las acusaciones del fiscal Khan porque la información de la Fiscalía era imprecisa.
En esta primera audiencia también se abordó la supuesta obligación de parte de la Fiscalía de la CPI de traducir documentos y que se negaran a basarse en ciertos documentos como registros policiales y judiciales.
En representación del régimen de Maduro acudieron a la CPI el abogado británico Ben Emmerson, el canciller Yván Gil, el secretario de Derechos Humanos, Larry Devoe; y la directora de Derechos Humanos del Ministerio Público, Karen García.
Los representantes de la Fiscalía de la CPI rechazaron los argumentos del régimen de Maduro, donde alegaron que Venezuela no podía investigar adecuadamente las denuncias de Karim Khan porque su información era imprecisa.
«No se trataba de indicaciones especulativas de hacia dónde se dirigía la investigación, sino de parámetros que tenían mucho sentido y a los que podía responder Venezuela», señaló la representante de la Fiscalía.
Estos parámetros, indicó, incluían calendarios, alcance geográfico, grupo de personas presuntamente responsable, los crímenes de lesa humanidad que presuntamente se cometieron, entre otros.
«Estos hechos eran de la misma gravedad que los que había examinado la Fiscalía. La Fiscalía pidió a Venezuela que ofreciera información sobre estas alegaciones y otros procedimientos que considerara pertinente», agregó.
Además, la representante de la Fiscalía de la CPI recordó que esa notificación no requiere por derecho identificar «los actos criminales específicos que la Fiscalía pretende investigar».
Asimismo, resaltó que la notificación al régimen “no tiene por objeto limitar la investigación de la Fiscalía».
«El objetivo de la notificación es permitir a los Estados decidir si esa solicitud de aplazamiento o suspensión se puede hacer y apoyar esa solicitud con información pertinente. No debe ser una lista descriptiva de todas las actividades», dijo.
Paolina Massidda, representante de la Oficina de Defensa Pública de las Víctimas de la CPI, señaló que las víctimas venezolanas tienen la posición de que Venezuela no investiga ahora «ni lo hará en un futuro».
«Las víctimas tienen una posición muy clara. Es que Venezuela no está, ni lo hará en un futuro, investigando los crímenes de sus familiares y amigos», señaló Massidda en su intervención.
Además, respaldó la posición de la Fiscalía de la Corte, donde señala que su notificación al Estado no debía identificar hechos penales específicos que se pretendían investigar «porque no siempre es fácil en el momento en que se inicia esa investigación».
«El nivel de especifidad requerido de un fiscal para evaluar la admisibilidad no es el mismo cuando trata de una situación que cuando trata de un caso en concreto», explicó Massida.
En representación de Venezuela estuvo el abogado Ben Emmerson, quien aseguró que, según los jueces de la CPI, «funcionarios de alto rango estarían en el centro de la investigación».
Pero, a juicio de Emmerson, «el fiscal nunca ha identificado a ningún funcionario de alto rango sospechoso de algún delito que pretenda investigar».
También, el jurista insistió en que la acusaciones de la Fiscalía eran tan generales que era «imposible en cualquier sentido práctico que Venezuela respondiera como estaba previsto y se requería».
A eso, los fiscales de la CPI dijeron que no estaban obligados a dar detalles específicos en este momento de su investigación, pero que los documentos proporcionados eran «específicos y significativos» y que Venezuela sí podía responder.
Sobre los supuestos errores de la Sala de Cuestiones Preliminares, al no exigir al fiscal de la CPI no tomar en cuenta los documentos presentados por Venezuela en español, Emmerson afirmó que era la Fiscalía quien tenía la obligación de traducir estos documentos a alguno de los idiomas oficiales de la Corte, es decir inglés o francés.
«El fiscal tiene la responsabilidad de hacer las traducciones necesarias. Venezuela no tiene la obligación de hacerlo, porque esto haría que se aplicase de forma totalmente discriminatoria el Estatuto. Es decir, que cualquier Estado cuyo idioma de trabajo fuese el inglés o el francés no tiene la obligación de traducir los documentos, pero sí los que utilizan el español, que son muchos países pobres», insistió Emmerson.
Caracas / Runrunes
