«La producción agrícola y disponibilidad nutricional en Venezuela había llegado a su punto más bajo en el año 2019, con unos niveles parecidos a la década de 1950. (…) Aunque en los últimos dos años se ha visto una mejoría, eso no significa que lo que se produce está llegando a las mesas venezolanas», explicó el sociólogo Juan Luis Hernández, uno de los directores de la Red Agroalimentaria de Venezuela (RAV) el pasado 18 de abril, en el marco del foro «Seguridad Alimentaria: un desafío urgente» celebrado en la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Susana Raffali, nutricionista y asesora de la ONG Cáritas Venezuela, agregó que el Índice de
Disponibilidad de Alimentos en Venezuela es de un 80 %, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). «Esto significa que 20 % de la población venezolana no tendría con qué comer si se agotan todas las reservas nacionales. (…) El índice ideal es de 100 o 120 %», dijo.
Ambos especialistas advirtieron que, si bien los índices anclados al Objetivo de Desarrollo Sostenible de «Hambre Cero» presentan «avances», los índices de malnutrición y desigualdad en la disponibilidad de alimentos siguen en el país, lo que mantiene al Estado en la emergencia humanitaria compleja.
En Runrun.es sintetizamos los datos presentados en este evento en las siguientes claves:
Raffali citó a la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2023 para advertir que la desigualdad socioeconómica aún se mantiene. «Aunque haya más alimentos disponibles, la gente no tiene cómo pagarlos».
Según las estimaciones de Cáritas, que hizo un sondeo a más de 113 familias en el mes de marzo de este año, entre el 30 y el 50 % de la población encuestada, sobre todo aquella «en niveles de pobreza», consumen menos de la mitad de frutas, hortalizas, leguminosas y proteínas que la población con un ingreso más alto.
«El consumo de carbohidratos (harinas) y azúcares es igual en todos los estratos. (…) Pero, que una persona no esté pasando hambre no significa que esté bien alimentada», dijo.
La nutricionista reiteró que los informes de Cáritas no son un referente estadístico para todo el país, sino una muestra de los 17 estados donde Cáritas hace sus actividades humanitarias. La falta de datos oficiales entre el 2016 y el 2019 es un «gran reto» para analizar la seguridad alimentaria.
Según la ONG, las poblaciones encuestadas dijeron que entre 2023 y 2024 han podido disminuir sus «estrategias de supervivencia» para alimentarse, como vender pertenencias, estar en la mendicidad o trabajar en la minería o en los servicios sexuales de alto riesgo. De un 25 % bajó a 16,6 %.
«Para Cáritas, ya no estaríamos en una emergencia, pero sí en una crisis. (…) Como ejemplo, estamos en una clasificación de vulnerabilidad alimentaria igual a la de África subsahariana», según el Índice de Clasificación de Fases de Seguridad Alimentaria Integral (IPC AFI, por sus siglas en inglés), dijo Raffali.
La nutricionista advirtió que aún el 66 % de las personas encuestadas dijo que dejaban de comer para que otros miembros de su familia se puedan alimentar. «Incluso, el 46 % de los casos expresaron estar comiendo alimentos que preferirían no comer, cosas que nunca hubieran pensado», dijo.
Dentro de sus evaluaciones, solo el 80 % de los hogares tiene un consumo «mínimo aceptable», con dos o tres comidas al día y una ingesta cercana a las 2100 calorías. Las poblaciones más vulnerables son aquellas donde la mujer (la madre) es el único sustento económico del núcleo familiar.
Mariana Mariño, nutricionista, pediatra y gerente de salud de la organización Centro de Atención Nutricional Infantil de Antímano (Cania – Empresas Polar), que los índices de pacientes que han sido atendidos por su institución con sobrepeso han aumentado al menos un 10 % con respecto al año pasado.
«Pero eso no significa que están comiendo más o mejor. Faltan más estudios, pero todo indica a que esto es una expresión de malnutrición por una dieta desbalanceada», dijo.
Al igual que Raffali, Mariño recalcó que los resultados estadísticos de Cania – Empresas Polar no son representativos para el país, pero tienen relevancia para los sectores populares del oeste de Caracas; sin embargo, la organización recibe pacientes de toda Venezuela.
De acuerdo con la Encovi 2023, nueve de cada diez familias calificadas en «pobreza severa o extrema» en Venezuela aún consumen los alimentos provistos por el Estado Venezolano en los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), que, según Mariño, solo ofrece harinas, azúcares y otros carbohidratos.
«Una cosa es alimentar a la gente y otra es nutrirlas», dijo.
Pese a la opacidad estatal, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) reveló que para el 2022 en Venezuela había 350 000 niños y niñas menores de cinco años que sufren del retardo del crecimiento por malnutrición.
«Esa es una talla que no podrán recuperar. (…) Es una malnutrición que va en cadena, desde la madre embarazada hasta el hijo, que va en generación en generación», lamentó Raffali, y agregó que la pérdida de estatura de los niños, niñas y adolescentes evaluados por Cáritas van desde los dos hasta los ocho centímetros.
La asesora en nutrición en contextos de emergencias humanitarias resaltó que la cifra estipulada por la OCHA representa al 22 % de la población infantil venezolana, tomando en cuenta la migración de casi ocho millones de venezolanos, según la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes Venezolanos (R4V).
Hernández aseveró que el crecimiento reportado por la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro, una de las instituciones que forma la RAV) aún no representa una «mejora sustancial» para la seguridad alimentaria del país.
Planteó distintas hipótesis para este fenómeno, que van desde el contrabando de los alimentos después de salir de los agricultores, la exportación de los productos o los bajos ingresos de la población en comparación con los precios de los rubros.
«Las dificultades causadas para la compra de alimentos por falta de ingresos aumentó significativamente en 2023 (y en lo que va de 2024), ubicándose en 61 % de los poblados agrícolas», dijo el director de la RAV.
El sociólogo experto en producción agrícola venezolana afirmó que el desabastecimiento de los combustibles fósiles en las comunidades alejadas de las principales ciudades del país es otro factor en la cadena de transporte que afecta negativamente la seguridad alimentaria nacional. Para el año 2023 la RAV estimó entre el 25 y 41 % de desabastecimiento de gasolina y gasoil, dependiendo del mes analizado durante ese periodo.
«Lamentablemente, aún nos falta mucho para llegar a un nivel aceptado por los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030. Todos los países están atrasados en la seguridad alimentaria», aseveró Hernández.
Los tres especialistas manifestaron que el Estado debe apegarse a la Constitución Nacional y las normas existentes para mitigar la desigualdad nutricional lo antes posible. Recordaron que el 14 de febrero, cuando el relator independiente de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Michael Fahkri, visitó Venezuela, uno de los aspectos positivos que resaltó sobre el país fue el «sólido cuerpo legal para proteger la diversidad genética de los productos agropecuarios».
Caracas / Runrunes
