Este 28 de junio de 2024 se cumplen cinco años de la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, un caso que sigue resonando en Venezuela y más allá de sus fronteras debido a las “graves implicaciones de tortura y violación de derechos humanos”.
Tamara Suju, abogada y defensora de derechos humanos, escribió este viernes en la red social X que la impunidad sigue siendo un tema central en este caso. Dijo que aún no se han investigado ni procesado a los altos mandos responsables de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y otras entidades estatales implicadas.
“Cinco años de impunidad. 5 años del asesinato por torturas de Rafael Acosta Arévalo. 5 años en que el Dgcim de Nicolás Maduro, con Hernández Dala como director y Alexander Granko Arteaga y el DAET como ejecutores, actuaron con toda la crueldad”, aseveró Suju.
Waleswka Pérez, esposa de Acosta Arévalo, también expresó su dolor e indignación en X: “hoy se cumplen 5 años del asesinato por tortura de Rafael Acosta Arévalo. 8 días de tortura bajo custodia del Estado. Seguiré denunciando, queda mucho por investigar, jamás será olvidado. Habrá justicia”, dijo.
Al capitán Rafael Acosta Arévalo lo detuvo la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) el 21 de junio de 2019 en Guatire, estado Miranda. Estuvo acusado de conspirar contra el Gobierno de Nicolás Maduro y durante los primeros ocho días, su familia no supo su paradero.
Finalmente, el 28 de junio, Acosta Arévalo fue presentado ante el Tercer Juzgado Militar de Control en silla de ruedas, visiblemente “torturado”, sin poder articular palabra y con signos evidentes de maltrato. Falleció poco después, antes de recibir atención médica adecuada.
La muerte de Acosta Arévalo provocó una reacción internacional inmediata. Michelle Bachelet, en ese entonces Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, exigió una investigación independiente y exhaustiva.
Inicialmente, dos funcionarios de la Dgcim, Ascanio Antonio Tarascio Mejía y Estiben José Zárate Soto, fueron acusados de homicidio preterintencional y condenados a seis años y ocho meses de prisión. Sin embargo, esta sentencia fue considerada insuficiente y posteriormente anulada.
En octubre de 2020, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó una nueva acusación, esta vez por homicidio intencional calificado con alevosía y tortura. Finalmente, en febrero de 2022, condenaron a los dos funcionarios a 30 años de prisión, el máximo permitido por la ley venezolana.
A pesar de estas condenas, para las organizaciones defensoras de los derechos humanos, la impunidad sigue. Organizaciones como Provea y Acceso a la Justicia siguen presionando para que se investigue la responsabilidad de los altos funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
El caso del capitán Rafael Acosta Arévalo también llamó la atención de la Corte Penal Internacional, organismo que está actualmente investigando a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Caracas / Radio Fe y Alegría Noticias
