La violencia contra la mujer no es un tema nuevo ni mucho menos un contenido mediático de moda. La realidad es bastante dura, si cabe la palabra, y quienes estudian el fenómeno atribuyen las causas a una multiplicidad de factores, entre los cuales destaca el patriarcado como un sistema que fomenta el machismo y el sometimiento de la mujer a los esquemas que se dictan desde la mentalidad masculina.
Cifras avalan esta realidad que no podemos ignorar, por las connotaciones que tienen para la familia y para la sociedad, pues en muchas lamentables ocasiones, los casos terminan en muertes de damas, en lo que se conoce desde hace un buen rato como feminicidio.
En el municipio Bermúdez, en este año, desde enero hasta septiembre, el Centro de Coordinación Policial maneja números reveladores que dan cuenta de 66 procedimientos con detenidos pasados a la Fiscalía, mientras que 68 se resolvieron sin detenciones.
Otros siete casos que involucran violencia contra mujeres fueron atendidos por funcionarios de la policía científica, entre marzo y agosto de este año, los cuales se suman a la estadística que maneja el Ministerio Público.
Sin embargo, cada policía maneja sus propias cifras, de allí que la realidad, en la práctica, es aún más desalentadora, al no existir un registro único de casos, sino hasta que llegan a Fiscalía.
A esto se agrega el hermetismo de los órganos de seguridad, que no suministran cifras que permitan hacer seguimiento a las incidencias del problema.
La abogada penalista y ex defensora del pueblo en la Delegación Carúpano Paria, Sandra González, explicó que la aplicación de la Ley sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, es prácticamente sumaria en la primera etapa, cuando se llama a las partes. Las primeras medidas de seguridad y preventivas son órdenes de alejamiento.
Aunque lamentó que se llegue a procedimientos de esta naturaleza, afirmó que la ley no es producto del azar, sino la consecuencia del trato a la mujer, tanto en la parte doméstica como en el comportamiento de quienes atienden las denuncias.
“Venía ocurriendo que producto de ese machismo y de esa discriminación que existía hacia el género, la mujer terminaba siendo víctima cuando denunciaba. La regresaban a su casa, no tomaban medidas con el hombre, y seguía recibiendo golpes. En los órganos de atención, muchas veces era vituperada o invisibilizada, cosas que no tienen que ver solo con el aspecto legal sino social”.
Recomendó, que en materia de aplicación del instrumento legal, debe formarse a quienes tienen la responsabilidad de manejar los órganos de denuncia, porque a su entender no se puede ver la ley como una tabla rasa, donde de procesa el cargo, se atiende a la mujer y se dicta medida contra el hombre como culpable, porque puede haber una mayor erosión en las relaciones. “No se abre un compás para que haya un entendimiento o una salida menos drástica”.
La abogada recordó que en 2021 se realizó una reforma de la ley, que amplía las tipificaciones, entre las cuales destaca la violencia que afecta a los descendientes y a las personas al cuido de las mujeres con la finalidad de ocasionar condiciones violentas. En principio, dijo, que la finalidad primordial de la ley es prevenir hechos lamentables en esta materia.
La ley agregó, además, renglones como violencia multicausal, ginecológica, informática, la política y la doméstica que pasó a denominarse violencia familiar. “Con estas tipificaciones el espectro se amplia. La ley se va reformando a medida que la sociedad y las condiciones van evolucionando, y van surgiendo nuevas necesidades”.
Reconoció que hay casos en los que se ha utilizado la ley para favorecer intereses, a cuenta de la amplia protección que da, y eso lo que hace es dañar el sentido de instrumento. Incluso, dijo hay evidencia de denuncias que centraban su accionar en el tema patrimonial.
Sin embargo, cree que sí hay que tomar medidas cuando la mujer está en situación de peligro y son agredidas. “No es una cuestión de capricho, sino que históricamente allí están la preponderancia del sexo masculino desde el punto de vista físico, y a veces cultural. Por eso la ley es ampliamente protectora”.
Resalta que hay casos que se tratan con urgencia porque la persona corre peligro y está confinada en un sitio, con la superioridad masculina en la parte física, una serie de factores que pueden poner en riesgo a la persona.
González destacó que acabar con este problema pasa por atacarlo en materia social, educativa y psicológica. “La lucha es cultural para ir superando ese machismo, no como la competencia de la mujer contra el hombre, sino como una manera de entender que si los dos se equilibran, se reconocen y se respetan, se van a sentir plenos”.
A propósito del reciente caso ocurrido en Cumaná, en el cual una mujer habría agredido a su pareja, al lanzarle una olla de agua hirviendo, lo que trajo como consecuencia la muerte de la víctima, la abogada aclaró que pese a haber ocurrido en el hogar, el caso pasa al ámbito del derecho penal ordinario. “A diferencia cuando la mujer es víctima de violencia por razón de género, la legislación es especial, los procedimientos son especiales, hay mayor atención, mayor prioridad, más procedimientos de protección”.
Explicó que con mujeres el Estado aplica esta protección desde el principio de discriminación positiva, para compensar el rasgo de violación de derechos, a la que ha sido sometida a lo largo de la historia.
Milena Romero, dirigente feminista y ex directora del Instituto de la Mujer en Bermúdez, al referirse al tema de la violencia de género, resaltó que durante la pandemia, aparte de sus muchas ocupaciones y obligaciones, las féminas debieron enfrentar la presencia de hombres violentos en el hogar.
“Es la mujer la que siempre carga la batuta, tiene que salir a trabajar, mantener la casa, que tiene que hacer las cosas del hogar, porque el hombre no le ayuda”. Agregó que sigue prevaleciendo el machismo tradicional y el llamado patriarcado.
Bella Justiniani, vocera de la recién creada organización “Ni una más”, cuyo ámbito de acción es el hospital “Antonio Patricio de Alcalá”, y que se encarga de reseñar y dar seguimiento a los casos de violencia obstétrica, señaló que no hacen estadísticas pero si documentan los hechos a través de una página de Facebook, donde las afectadas relatan lo que les ocurrió cuando fueron a parir en ese centro de salud.
Agregó que como organización se encargan solo de orientar, pero están en proceso de formalizar su situación para actuar de manera legal.
Reseñó situaciones que ocurren en el ala obstétrica del Huapa, donde ha visto a mujeres durmiendo en el suelo, mientras sus niños permanecen en el área del retén.
Justiniani resaltó que la lucha por los derechos en el área de salud y de manera más precisa en lo referente al tema de los derechos de la mujer como parturientas, no es fácil. “no llevamos cifras, pero si hemos podido apreciar los golpes emocionales, ante la pérdida, las mujeres no reciben ayuda psicológica, han quedado destruidas, algunas han caído en la depresión y el alcoholismo. El golpe más fuerte aquí ha sido la violación de los derechos humanos de esas mujeres y la violencia obstétrica que se vive a diario”.
Dijo que el norte de “Ni una más” es visibilizar los casos y que la gente sepa lo que pasa con las parturientas. “Son muchísimos los casos, algunos los relatan, otros los denuncian, pero en su mayoría no denuncian en Fiscalía. A mí me quisieron poner a parir teniendo un informe. Nosotras no tomamos decisiones. Allí hay una violencia obstétrica. Hay muchachas a las que maltratan por ser menores de edad, y hay un caso de una chica que el año pasado, en agosto, fue con su informe para cesárea y la doctora le estaba cobrando 40$ para el kity en vista de que no tenía, la dejaron esperando y el bebé falleció”.
Insistió en que el trato que reciben las parturientas en el Huapa no solo viola el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia sino además, su derecho a la vida, su autonomía y a no sufrir discriminación. “La discriminación en Cumaná es atroz, yo la vi y la viví”.
Sucre / Yumelys Díaz
