El Gobierno de Chicago considera medidas extremas ante la «insostenible» llegada de migrantes que han copado los refugios de la ciudad estadounidense y que empiezan a agotar el presupuesto de 2024 para enfrentar una crisis humanitaria que no parece tener fin a la vista.
El alcalde Brandon Johnson, presionado por la mayoría de los concejales de la ciudad, resolvió postergar hasta mediados de marzo su decisión de desalojar a parte de los 14.000 extranjeros que viven en 28 refugios que administra la ciudad.
«El alojamiento que les dimos era una ayuda temporal, no permanente», dijo este jueves Johnson en conferencia de prensa, donde detalló su plan para limitar a 60 días la permanencia de los migrantes.
«Nuestro plan de refugio temporal de emergencia nunca fue pensado como una solución de vivienda a largo plazo», agregó.
Después del invierno, seguramente unas 6.000 personas -en su casi totalidad llegadas desde Venezuela y países de Centroamérica- quedarán en la calle o tendrán que ser asistidas por instituciones privadas.
«No podemos seguir gastando 1,5 millones de dólares diarios en mantenerlos», afirmó Johnson.
En total se asignaron 150 millones de dólares para la crisis migratoria durante todo 2024, y el dinero se agotará en unos 100 días.
«No se equivoquen: a menos que el gobierno federal invierta en esta misión, un municipio local no está diseñado para llevarla a cabo. De alguna manera lo hemos logrado», pero no es sostenible», agregó.
Los migrantes fueron enviados a Chicago y otras ciudades gobernadas por demócratas como Washington y Nueva York, por los gobernadores republicanos de Texas, Arizona y Florida que quieren trasladar el problema de los indocumentados a ciudades «santuario».
Según Johnson, «es muy irresponsable y malvado que esos gobernadores envíen a la gente en autobuses o aviones a ciudades que desconocen. Ni siquiera les preguntan adónde querían ir».
La llegada de miles de personas, sin coordinación o aviso previo, ha puesto en evidencia las fallas existentes en las políticas públicas existentes, así como las trabas burocráticas que impone la política migratoria del gobierno federal, según grupos proinmigrantes.
En Illinois «hacemos lo mejor posible» para enfrentar la crisis, declaró este jueves Eréndira Rendón, del Proyecto Resurrección, una organización comunitaria que colabora en la atención de los migrantes.
El principal problema, en su opinión, es la falta de un programa para reubicar a los migrantes, como el que existe para los refugiados.
«Eso hace la diferencia en el momento de buscarles un trabajo, apartamento para rentar o una escuela para sus hijos», dijo durante un seminario en línea organizado por Alianza Américas, para discutir la crisis, sus causas y posibles soluciones.
De los 3.305 casos donde intervino el Proyecto Resurrección para encaminar a los migrantes, solamente 1.245 consiguieron un permiso de trabajo y encaran la posibilidad de normalizar su vida fuera de los refugios.
La abogada Lisa Koop, del Centro Nacional de Justicia para los Inmigrantes, explicó que la suerte de los que llegan a la frontera depende de cómo son procesados sus casos por inmigración.
Falcón / La Mañana
