En medio de una confusa situación en el hemiciclo de sesiones, el diputado expulsado de Primero Justicia (PJ), Luis Parra, fue juramentado como presidente de la Asamblea Nacional (AN) el pasado 5 de enero. Aparte de una denunciada falta de quórum en ese organismo, otro elemento se sumó para sospechar de una componenda entre el chavismo y los diputados disidentes para desalojar a Juan Guaidó de la jefatura del Poder Legislativo: un video en el que se ve y escucha al parlamentario del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y constituyente Francisco Torrealba, dándole órdenes a Parra para que tome el control y se mantenga en la silla que empezó a ocupar ese día.
El reconocimiento por parte de Miraflores no demoró. El mismo domingo, durante la inauguración de un estadio de béisbol en La Guaira, el mandatario nacional, Nicolás Maduro, reconoció a la junta de Parra, lamentó el “conflicto” entre miembros de la oposición por “divisiones internas” y ofreció disculpas al mundo por lo que calificó como un “espectáculo”. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, hizo lo propio.
Pero el reconocimiento no ha sido total, pues no ha traído consigo, por ejemplo, el cese del desacato impuesto por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a la AN desde 2016 por haber incorporado a los legisladores del estado Amazonas. Tampoco parece tener facultad para actuar con independencia de la ANC.
El 8 de enero, Cabello ofreció una rueda de prensa para advertir que si la oposición no resolvía sus problemas internos, la ANC intervendría, aunque no dijo cómo.
“El régimen de Maduro supo aprovechar la falta de virtud de esos diputados, que no son leales ni a sus votantes, para afectar a la mayoría con la que contaba Guaidó y servir de obstáculo para su ratificación como presidente de la AN y presidente encargado, mientras promueve el falso discurso de que es un problema interno de la oposición y que el chavismo no tiene nada que ver”, expresó la politóloga Egleé González-Lobato.
Maduro dio su mensaje anual ante la ANC el 14 de enero, y de nuevo, el reconocimiento no fue ampliado. Cabello lo justificó por el hecho de que la directiva de Parra no había participado formalmente al resto de los Poderes Públicos, entre ellos el TSJ, la conformación de una nueva junta directiva. Con dicha reunión en el Poder Judicial se hablaría además del desacato y las medidas a tomar para terminar con la sanción, pero hasta la fecha sigue sin concretarse el encuentro en esos términos.
Quizás para obligar la notificación, el TSJ instó a la directiva de Parra a consignar el acta que valida su elección. Esto, a partir de un recurso que interpuso el dirigente Enrique Ochoa Antich para que se aclare la situación y se reconozca legalmente a uno de los dos grupos como válido.
Otro elemento que deja en evidencia la falta de reconocimiento pleno del grupo de Parra es el poco o nulo control sobre el Palacio Federal Legislativo. Desde el 5 de enero son pocas las veces que han podido hacer uso de las instalaciones, menos aún cuando ha funcionado la Asamblea Constituyente.
La ANC tomó control del Palacio Legislativo bajo la excusa de una declaratoria de sesión permanente para aprobar un conjunto de leyes económicas solicitadas por Maduro durante su discurso. Desde su instalación en 2017, esa instancia se alternaba con la AN para las sesiones. Cabello declaró que sólo la directiva de Parra está autorizada para sesionar. A la mayoría controlada por Guaidó no se le ha permitido la entrada.
“La elección de esa junta paralela de la AN no ayuda al país ni a la institucionalidad democrática. Pero a mi juicio ambas elecciones (la de Guaidó y de Parra) presentaron vicios que arrojan dudas sobre el quórum y lo más sensato sería hacer una nueva escogencia con todos los diputados, pero sabemos que al régimen de Maduro no le conviene eso ni esos diputados cómplices van a reflexionar”, dijo el analista político Leonardo Morales.
El profesor universitario subrayó que la intención del régimen madurista es dejar correr el tiempo para que una solución a la crisis política del país no se produzca, sin importar el alto costo que implica para los venezolanos.
Palacio militarizado
El 15 de enero a su llegada al Capitolio para encabezar una sesión por el Día del Maestro, Cabello apuntó que es Parra quien debía pedir permiso para usar las instalaciones. “Cuando él pida sesión, la autorizamos”.
Consultado al respecto, el diputado José Gregorio Noriega aseguró que la directiva que integra como segundo vicepresidente -junto a Parra y Franklyn Duarte (Copei)- tiene pleno control del Palacio Legislativo y que puede convocar y sesionar normalmente. También indicó que el secretario juramentado, Negal Morales, fue encargado para que entregue al TSJ el acta de instalación de la AN el 5 de enero.
“Se está realizando un proceso de consulta, escuchando opiniones, propuestas, para conformar de forma consensuada las 15 comisiones permanentes que integran la Asamblea Nacional. Tenemos el quórum suficiente para ello”, dijo.
Agregó que la conformación del quórum parlamentario del 7 de enero contó con 84 diputados, incluyendo al Bloque de la Patria, y aseguró que ese número aumentó con más parlamentarios que se han ido desligando de Guaidó. Vale recordar que desde diciembre, el partido Voluntad Popular denunció la llamada “Operación Alacrán” que consiste en el soborno a parlamentarios para que quiten su apoyo al presidente interino.
“En este momento podemos decir, pero sin adelantar cifras precisas, que hemos aumentado el quórum de forma significativa con muchos parlamentarios que se han reincorporado y que se han sumado a esta tendencia que estamos liderando y que nosotros llamamos la rebelión de las regiones”.
Sobre la solicitud al máximo tribunal para que cese el desacato, Noguera mencionó que junto con un equipo jurídico están evaluando la petición para fijar posición pública y tomar la decisión “que sea más conveniente para el país”.
Ante la militarización del Palacio Legislativo que impide la entrada a la mayoría opositora que lidera Guaidó y pese a que los diputados pueden instalar el parlamento en cualquier parte del país, según la Constitución, politólogos advierten que la pérdida del espacio físico, la sede natural del parlamento sí es importante.
Alertan que el control de la GNB, con el apoyo de grupos irregulares armados, trae consigo el aniquilamiento de la institucionalidad democrática del país por ser el Legislativo el único poder independiente que quedaba.
“Lo que vimos el 5 de enero fue un acto de fuerza y lo que vimos el miércoles (15 de enero con agresión de colectivos a diputados) fueron actos vandálicos. Maduro aniquila el parlamento y no es un problema de la pérdida de un símbolo que es el Palacio Legislativo y cómo afecta la imagen de la oposición, sino de ultraje a la soberanía popular, a la institucionalidad del país y a la República”, expresó González-Lobato.
La también Consejera de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela subraya que el conflicto planteado en la AN aleja la posibilidad de una salida política y pacífica a la crisis. “El país entra en una situación compleja porque está en serio riesgo el Estado democrático por el desprecio al voto del pueblo y a la legalidad”.
El 5 de enero, ante la imposibilidad de ingresar a la sede de la AN por el cerco de la GNB y la juramentación de una junta paralela presidida por el diputado expulsado de Primero Justicia, Luis Parra, Guaidó y 100 diputados de oposición instalaron la primera sesión del período anual en la sede del medio informativo El Nacional. En esas instalaciones fue ratificado como titular del legislativo.
El pasado 15 de enero el componente militar no actuó, pero sí grupos de civiles armados afectos a Maduro para impedir a punta de tubos, piedras, palos y hasta balas, que una comisión de legisladores de oposición verificara personalmente si se podía realizar la sesión de ese día en la sede parlamentaria. Esto porque ese miércoles los accesos al Palacio estuvieron militarizados desde tempranas horas. De nuevo, Guaidó ordenó sesionar “extramuros” y los diputados se trasladaron al anfiteatro de El Hatillo.
La analista político Mariana Bacalao coincidió en que lo que sucede en la AN deja constancia de la “barbarie” y la falta de límites del régimen chavista-madurista al emplear militares y colectivos para tomar y controlar el Legislativo.
“Y además la justificación desde el poder al decir que ese es un problema de la oposición, con alta dosis de cinismo. La pregunta es cómo desmantelar esa tiranía desde el juego democrático, de qué manera se actúa frente a eso, cuáles son las estrategias y el plan de acción”.
Contra los partidos
La falta de reconocimiento no ha impedido que se use a los parlamentarios disidentes con otros fines. González-Lobato advierte que la arremetida del poder político en Miraflores no quedó sólo en la toma “ilegal y forzosa” del Palacio Legislativo y el hecho de que los diputados José Brito y Conrado Pérez (aliados de Parra, también expulsados de PJ) acudieran al TSJ es una muestra de ello.
“Ahora van por las tarjetas de los partidos de oposición para intentar darle legitimidad a las elecciones parlamentarias previstas para este año, pues sin condiciones electorales que garanticen transparencia todo indica que la oposición verdadera no participará”.
Brito y Pérez son investigados por la AN, al igual que Parra y otros cinco diputados, por gestionar indulgencias a favor de dos empresarios (Álex Saab y Carlos Lizcano), acusados por la Fiscalía colombiana de corrupción en el programa gubernamental de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). El jueves 16 de enero acudieron a la Sala Constitucional del TSJ para solicitar se revierta la expulsión de los tres (Brito, Pérez y Parra) de la tolda aurinegra y se obligue a la celebración de elecciones para renovar a las autoridades del partido.
Noguera (expulsado de Voluntad Popular) destacó que buscan promover la democratización de todos los partidos políticos de oposición. Puso como ejemplo a Acción Democrática, organización en la que se exige democracia para el país, pero su secretario general, Henry Ramos Allup, está al frente de la tolda desde 2003, sin permitir renovación de autoridades. No dijo si similares recursos jurídicos serían introducidos en el caso de VP y AD.
No es la primera vez que el TSJ va contra las toldas opositoras. En 2018 invalidó la actualización de la militancia de PJ y le impidió inscribir candidato para las presidenciales del 20 de mayo de ese año, al igual que anuló la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y de otros partidos como VP.
Caracas / Deysi Martínez
