Hasta los momentos, la Asamblea Nacional (AN) ha sancionado nueve leyes que tienen que ver con el denominado Poder Popular y lo comunal. A saber, son instrumentos referidos a las Comunas, Justicia Comunal, Parlamento Comunal, Contraloría Social, Comunicación Popular, Economía Popular, Consejos Locales de Planificación Pública, Consejos Comunales y Poder Popular.
A medida que se va construyendo este entramado jurídico en el Poder Legislativo, según algunos especialistas, también se va “vaciando de contenido” a la Constitución que no contempla las comunas.
Carlota Salazar Calderón, abogada, especialista en Participación Ciudadana y doctora en Administración Pública, desglosa esta nueva forma de gobierno que se impone y habla sobre la violación a la Carta Magna y la vulneración a la voluntad popular que, en 2007, votó en contra de la reforma constitucional y la creación de un Estado paralelo.
-La AN ha sancionado nueve leyes que tienen que ver con el Poder Popular y comunal. ¿Se ha violado la Constitución de facto porque algunas de ellas cambian la concepción del Estado?
- Se viola la Constitución al crearse el Poder Popular que no es un poder público propiamente dicho. La Carta Magna habla de la forma de organización de la gente. Sin embargo, la Ley del Poder Popular, no está en el texto fundamental. Allí se dice “…que es el ejercicio pleno de la soberanía”. No se refiere a un poder público como tal. El resto profundiza la democracia participativa como es la de Contraloría Social. Se habla de una violación, porque la Constitución no menciona a las comunas, pero es que la Carta Magna se refiere a las comunidades organizadas, sin especificar título o denominación. Entonces, tan válido es una comuna como una asociación civil y deberían tener el mismo reconocimiento por parte del Gobierno, pero no lo tienen.
-La propuesta de reforma constitucional, que se espera sea presentada el 15 de este mes, pareciera apuntar a darle rango constitucional al Estado Comunal que se ha ido desarrollando en esas leyes sancionadas por la AN.
-Esta propuesta, según lo que ha dicho el Presidente, por las redes, es para cambiar al Estado y la sociedad venezolana. Pero no se puede cambiar el Estado a través de una reforma, porque se necesita una Constituyente. Sin embargo, el proceso constituyente que se hizo hace un tiempo quedó a la deriva (2017-2019). Pienso que es más para distraer, para tener a la gente discutiendo en unas comisiones de trabajo que, para tener un cambio real, porque ya el marco legal del Estado Comunal existe.
-Con este mecanismo de ir desarrollando el Estado Comunal a través de leyes ¿No se burla la decisión ciudadana que en 2007 rechazó la reforma constitucional?
-Efectivamente, en la consulta del 2007 la sociedad dijo No a ese cambio. Se vulneró la decisión de la mayoría.
-Usted ha sido promotora de participar en las instancias comunales y lejos de crear prejuicios ha tratado de que la sociedad civil saque provecho. ¿Cuáles beneficios se podrán obtener de algunas de estas leyes sancionadas que no tengan el sesgo político?
-Sin sesgo político, ni tendencia partidista, estas leyes pueden ser importante para que la comunidad se organice en torno a su problemática y a sus necesidades. Por ejemplo, la Ley de Contraloría Social brinda una herramienta importantísima al ciudadano para el reclamo cívico. Los consejos comunales y las comunas, tal y como están concebidos en las leyes, no son para sustituir a las alcaldías. Son organizaciones de base que, si no tienen el control del partido político del gobierno, ni de ninguno, es un espacio de interacción, plural, de diálogo y de acción para la participación ciudadana. Al igual que puede ser una asociación de vecinos u otra asociación civil. No es un problema de denominación sino de organización sin intervención de nadie. La gente tiene que organizarse para ser libre, no apoyar a nadie. Me molesta realmente que en las campañas se diga: ya tenemos al poder comunal preparado para hacer campaña, ellos no están para hacer campaña sino para trabajar por su comunidad.
-Este 2 de febrero se hizo la primera elección del año para aprobar algunos proyectos comunales, sin embargo, por lo que se observó, fue poca la concurrencia de la sociedad civil. ¿Influiría en el ánimo lo que pasó el 28-J?
-Lo que pasó el 28-J sí afecta en el ánimo de la gente, porque se siente ultrajada en su honor: no se reconoció su voto. Pero, la poca participación viene porque el mayor daño que le ha hecho este gobierno a la sociedad venezolana es partidizar su organización y con ello, dividir a la sociedad en chavistas y oposición. Entonces, quienes van a esas consultas son chavistas y por ello, se ve poca participación.
- ¿Ha intervenido en la discusión de las leyes sancionadas en la AN o en los proyectos?
-No. Nosotros presentamos hace mucho tiempo una propuesta de Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que es la ley que desarrollaría los mecanismos de participación como las asambleas ciudadanas, las consultas populares, las propuestas legislativas, pero no se nos dio respuesta.
DE PERFIL
Carlota Salazar Calderón es abogada (Universidad Santa María / 1987); Especialista en Derecho Procesal. (Universidad Católica Andrés Bello /1989) y Doctora en Gobierno y Administración Pública (Universidad Complutense de Madrid. Instituto Ortega y Gasset / 2015). Fue Procuradora General del estado Anzoátegui, 2000- 2004: Profesora de Derecho Procesal Civil, de pregrado en la Universidad en la Gran Mariscal de Ayacucho (1992-2000) y profesora de Pruebas en el postgrado de Derecho Procesal Civil, en la misma institución (2004-2005). Cofundadora y profesora de la Cátedra de Construcción de Ciudadanía en el Instituto Universitario para el Oriente (Iutso) (2017). En esta instancia ha sido coordinadora general del Proyecto Agenda Ciudadana 2020 y coordinadora del Proyecto Anzoátegui 2021. Coautora del libro “Los Consejos Locales de Planificación. Instrumento de gobernanza o entelequia constitucional” (2014) y del libro “Cátedra de Construcción de Ciudadanía, para la cohesión social. La Democracia Participativa y el Sistema Nacional de Planificación” (2017).
-Las leyes comunales y de poder popular hasta ahora, pareciera que buscan más control social y además son arbitrarias porque no permitirán la participación de “fascistas o neofascistas”, pero esos son conceptos muy subjetivos.
-Si. Lo que digo es la división de la sociedad. Todo el que no sea chavista no es considerado, ni valorado dentro de esos espacios. Y a quienes toman en cuenta es a los chavistas el resto es etiquetado. Lo cual, es inaceptable.
- Con motivo de la aprobación de la Ley de Jueces de Paz Comunales, un diputado del Psuv, afirmó: “La justicia no es ciega tiene un contexto, es colectiva, debe ser colegiada, son los vecinos mismos”. ¿Debe ser ciega o no la justicia?
-Voy a responder como decía mi padre: la justicia la imparte Dios, el hombre administra la legalidad, en ese sentido debe ser ciega y atender a la ley. Siempre hay un contexto social, pero ello no es excusa para desviar la ley. Qué es lo que se hace: se tuerce la ley para imponerse generando un gran desorden social.
- ¿Las comunas hasta ahora han demostrados ser más eficientes en atender los problemas de los ciudadanos que los municipios?
-Esa gente trabaja. No sé hasta dónde han resuelto cosas importantes. Yo he visto mucha organización alrededor de proyectos, pero muchos se quedan por falta de recursos o se truncan en el camino, por peleas internas. Realmente, no es mucho lo que se ve para lo que efectivamente se trabaja. Desvían los esfuerzos para hacer propaganda y actividades del Psuv y del gobierno.
- ¿Con el Estado Comunal se corre el riesgo que el voto directo y secreto se pierda y se vaya a elecciones de segundo grado?
-Ese es el temor de mucha gente y es válido. Porque las comunas son elecciones de segundo grado y quizás está en la intención de los cambios que se proponen, pero no puedo asegurarlo, porque no hay información. Los siete motores no se refieren a eso.
Caracas / Ascensión Reyes R.
