El presidente Nicolás Maduro ordenó a los servicios Autónomo de Registros y Notarías (Saren) y de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) habilitar todas sus oficinas para cobrar y llevar sus apuntes contables en petros –la moneda digital impulsada por el Ejecutivo-, a fin de darle un “poder tremendo a la criptomoneda venezolana”, que desde su creación en diciembre de 2017 ha sido vendida por el Gobierno como una solución a la crisis económica que atraviesa el país.
“Los pasaportes, las visas, la ampliación de pasaportes que se da en los consulados, las embajadas, el apostillamiento de documentos, todo debe ser cobrado en petro”, dijo Maduro el miércoles 6 de noviembre, cuando, además, firmó un decreto que obliga a llevar registros contables dobles: en bolívares y en petros.
Asimismo, anunció que ahora los venezolanos podrán vender en petro su casa o su carro en todas las oficinas del Saren. “Estamos creando el sistema para que el petro cumpla su papel: hacer avanzar la economía y además proteger al individuo, la familia, a través del Estado”.
Ese mismo día, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, dijo en una rueda de prensa que la implementación del pago bajo esa modalidad se ha establecido “por medio de un proyecto piloto en 27 oficinas del Saren en el Distrito Capital y en el estado Miranda, durante el mes de noviembre y diciembre”. Aseveró que esa iniciativa se extenderá a todo el territorio nacional en el primer semestre de 2020.
Imposición
Para los expertos, con estos nuevos anuncios la administración de Maduro da un paso más hacia la imposición del petro como medio de pago en el país, donde el dólar gana cada vez más terreno como consecuencia del severo ciclo hiperinflacionario –4.580% entre enero y septiembre de 2019 según el Banco Central de Venezuela (BCV)– que atraviesa Venezuela desde hace dos años. “Las transacciones que se están haciendo en dólares que son ilegales, ahora se harán en petros”, aseguró Maduro.
Para el abogado especialista en Derecho Tributario y Administrativo, Daniel Betancourt, esta medida “improvisada” representa una “imposición” del Gobierno para que los venezolanos realicen trámites con la moneda virtual. “El Estado venezolano persigue que todos aquellos que no estamos interesados en adquirir petros ni tener una cartera de petros, estemos obligados a ir a la Sunacrip (Superintendencia Nacional de Criptoactivos) para comprar una cantidad de petros y satisfacer tasas del Estado cada vez que nos enfrentemos a trámites recurrentes”, dijo.
Maduro también aseguró que “hasta la fecha más de 900 locales comerciales se han sumado a comercializar bienes y servicios en petro”, entre ellos hoteles, cadenas alimenticias, tiendas de ropa y de boletería aérea.
Para el presidente de Consecomercio, Felipe Capozzolo, “es indudable que el uso de criptomonedas en este momento parece ser fundamental para facilitar la movilidad del capital de empresas y personas”. Sin embargo, “pareciera que el petro no cuenta con la robustez necesaria para posicionarse como una de ellas, pues tiene fallas de origen que dificultan ver cuál será su uso en la economía”.
El líder del sector comercio sostiene que si bien el gobierno de Maduro busca que sea una unidad de referencia, en el cada vez más avanzado proceso de dolarización transaccional “no se ve consistencia ni armonía detrás” del petro.
Sobre este punto, el economista José Toro Hardy señala que a diferencia de las demás criptomonedas que no son emitidas por ningún Gobierno, el petro “está bajo el control exclusivo y excluyente del régimen”.
“Habiendo ya destruido el bolívar se lanzan con renovados bríos a destruir una nueva moneda ficticia que están inventando: el petro. El petro no es una criptomoneda, no es posible cambiarlo por otras monedas porque las cuentas que lo trancen quedarían sancionadas por la Oficina del Tesoro de EE.UU. No existe en el mundo de los criptosistemas y es considerado tóxico”.
En marzo de 2018, el presidente Donald Trump firmó una orden en la que prohíbe todas las transacciones por una persona de Estados Unidos o dentro del país norteamericano con cualquier moneda digital que haya sido emitida por, para o en nombre del gobierno de Venezuela a partir del 9 de enero del año pasado.
No es la primera vez que el Ejecutivo anuncia que los trámites se cobrarán en petros. En octubre de 2018, la vicepresidente Delcy Rodríguez informó que desde noviembre de ese año la emisión y la prórroga del pasaporte se pagarán exclusivamente con la moneda virtual. La medida fue cuestionada por economistas y dirigentes gremiales, quienes la calificaron como inconstitucional e inviable.
Roberto León Parilli, presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), expresó que el Gobierno no puede imponer el medio de pago, debido a que cada venezolano goza del derecho a elegir con qué pagará un bien o servicio, como el pasaporte, la gasolina y un boleto aéreo.
Caracas / Carlos Seijas Meneses
