En 2019, un grupo de entonces diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015 (AN-2015) contrataron un bufete de abogados en España con el propósito de gestionar acciones judiciales en el plano internacional para buscar indulgencias en beneficio del empresario Carlos Lizcano, quien operaba empresas en Venezuela en nombre de Alex Saab y Álvaro Pulido.
Casi cinco años después, el mismo bufete contratado por los exdiputados denuncia ante la Policía Europea (Europol) a José Brito, Adolfo Ramón Superlano, Conrado Pérez, Chaim Bucarán, Luis Parra, José Luis Pirela y Richard Arteaga por el impago de honorarios profesionales, la falsificación de documentos y el desfalco de al menos 1.100 millones de euros.
En la denuncia —cuyos fragmentos fueron publicados por el periodista Roberto Deniz— el bufete explica que sus servicios fueron contratados por los exparlamentarios con la finalidad de gestionar actuaciones en el plano internacional para solicitar el levantamiento de sanciones administrativas a las empresas de Lizcano, bajo el argumento de que no tenían relación con Saab, que ya en aquel entonces era acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro.
«Fuimos contratados bajo el concepto de que el objetivo básico de los servicios era demostrar la legitimidad de las empresas y permitir el reinicio de actividades mercantiles de cada una de ellas», resalta el texto.
Sin embargo, según el bufete, había intenciones subyacentes de legitimar capitales intentando ingresar millones de euros al sistema bancario europeo en perjuicio de Venezuela, pues el Estado era el dueño legítimo de esos fondos.
«Las empresas, los diputados relacionados, las personas presentes, los asesores que viajaron con ellos y los empresarios intentaron utilizar a nuestros abogados para que, bajo engaños, librasen las cuentas bancarias y legitimasen, no solo las empresas, sino también los contratos que celebraron», reza el documento.
En este sentido, los abogados afirman que el objetivo del grupo de exparlamentarios nunca fue recuperar el acceso y disposición de los fondos retenidos en cuentas bloqueadas en el exterior para reiniciar el programa de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), sino para la apropiación de esos fondos.
«Engañaron a las autoridades, a nuestro escritorio jurídico y a la prensa con la que se comunicaban con frecuencia», acotan.
En consecuencia de todo el entramado que intentó poner en marcha el grupo de exdiputados, se acabó violando la relación profesional ente las partes.
Los €1.100 millones desfalcados habrían sido introducidos a bancos fuera de Venezuela, la mayoría en distintos bancos de Europa.
Mientras que el bufete español activa sus gestiones ante la Europol, dos de los exdiputados salpicados hacen lo propio contra Carlos Lizcano, a quien originalmente intentaban lavar la cara.
Mediante una denuncia introducida ante el Ministerio Público (MP) el pasado 5 de enero, Conrado Pérez y Richard Arteaga acusaron a Lizcano de falsificar documentos, un engaño que habría motivado el accionar de los entonces miembros de la Comisión de Contraloría de la AN-2015.
La denuncia solicita medidas cautelares que incluyan el bloqueo de cuentas bancarias, incautación de bienes e inmuebles y la prohibición de enajenar y gravar bienes e inmuebles.
De igual manera, exige el enjuiciamiento en contra de «todas las empresas y personas que participaron en estos delitos», apuntando a compañías como Group Grand Limited, Adon Trading y Mulberry Proje, todas manejadas por Alex Saab y Álvaro Pulido, según detalla el periodista Roberto Déniz, quien ha hecho seguimiento a las actividades de Saab en Armando.Info.
La polémica que rodea a este grupo de exdiputados guarda relación con las gestiones hechas con el bufete español en 2019, pues con esta asesoría jurídica viajaron por distintos destinos de Europa intentando convencer a sus gobiernos que Lizcano no merecía padecer los efectos de las sanciones y exigiendo la liberación de sus cuentas bancarias. Lo propio fue hecho en Colombia y se intentó incluso en Estados Unidos.
Los siete exdiputados que ahora son denunciados por el bufete figuran como firmantes de una carta entregada a la Fiscalía General de Colombia en la que se solicita eximir al propio Carlos Lizcano y su compañía, Salva Foods, de irregularidades o cualquier conexión con Alex Saab. Una comunicación similar fue enviada al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Posteriormente hicieron un recorrido por París, Francia, Portugal, Bulgaria y Liechenstein presuntamente con este mismo objetivo, pues en algunos de estos países se llevaban a cabo investigaciones contra el empresario colombiano.
Un reportaje de Armando.Info, medio que ya había identificado la conexión entre las empresas operadas por Lizcano y el dúo empresarial de Alex Saab y Álvaro Pulido, dejó en evidencia el accionar de este grupo de diputados al margen del resto de la AN y del gobierno interino que en aquel entonces encabezaba Juan Guaidó.
Como resultado de esta publicación y de las investigaciones internas del Parlamento, los diputados fueron expulsados tanto de la Asamblea Nacional como de sus respectivos partidos; y estos se posicionaron contra el gobierno interino, formando un grupo de opositores disidentes que pasó a ser conocido como «los alacranes».
Caracas / TalCual
