Gerardo Blyde, jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en la negociación con el chavismo, anunció en rueda de prensa este 27 de enero que el Tribunal Supremo de Justicia debe revertir la inhabilitación de María Corina Machado, ya que se considera una violación al Acuerdo de Barbados firmado en octubre del 2023.
«Exigimos que la decisión sea revertida por haberse violado el procedimiento. El procedimiento era un juicio, no un paredón», declaró Blyde.
El representante de la PUND manifestó que el Acuerdo de Barbados «debe revertirse y volverse de nuevo» a un estatud de negociación política.
«Presentaremos una denuncia escrita ante el facilitador noruego y los países acompañantes del proceso, donde denunciamos la violación parcial del acuerdo de Barbados. Es evidente cómo han venido desintegrándose las condiciones en las que estábamos», agregó.
Advirtió que, si bien el gobierno de Nicolás Maduro ha liberado 28 presos políticos y se permitió las elecciones primarias de la oposición gracias al acuerdo, la inhabilitación de María Corina Machado, dirigente opositora y candidata presidencial, es una violación completa de las discuciones.
«Uno podía esperar que no aceptaran la cautelar, pero accedieran al juicio, ¿Pero negar el juicio? Se comieron todo el proceso. Eso no era esperable», dijo.
También denunció que, hasta ahora, no el gobierno aún no ha fijado una posición sobre la pbservación internacional en las elecciones presidenciales para este 2024.
«Nosotros no nos estamos parando de la mesa. Estamos denunciando abiertamente la violación parcial del acuerdo de Barbados y usamos los mecanismos que el propio acuerdo contempla», aclaró Blyde.
«Sin duda este es el documento electoral más importante de los últimos tiempos (para el país)», opinó el negociador de la PUD. «Para haber llegar al acuerdo de Barbados es un trabajo de, prácticamente, tres años», dijo.
Pero aseveró que el acuerdo no es perfecto, por lo que solicitó una «comisión de seguimiento y verificación del acuerdo» para que se evalúe su cumplimento de ahora en adelante. «Esa es una obligación de las partes (…). No se quiere control sobre la verificación y ejecución de cada una de las etapas de los acuerdos».
Blyde recalcó que, según lo establecido en el acuerdo, el Consejo Nacional Electoral debería establecer pronto un cronograma electoral.
«Deberíamos estar en la fase de mantener garantías electorales para ambas partes. Sin embargo, la cosa no ha sido así. ¿Qué está pasado?, la contraparte (el gobierno de Nicolás Maduro) ha usado toda la fuerza del Estado para comenzar una escalada represiva que comenzó cuando se quería ir contra la Comisión de Primarias (entre octubre y noviembre del 2023) que pudimos parar con conversaciones. Pero, luego, volvieron», dijo, agregando la detención de Roberto Abdul, de cuatro dirigentes regionales del partido de María Corina Machado y la señalación a tres representantes de la Comisión de Primarias y la discusión de una ley que limtará el ejercicio de la sociedad civil.
Concluyó que la PUD llevará el caso de la «violación parcial» del acuerdo de Barbados por parte del gobierno madurista ante el reino de Noruega, uno de los intermediarios de la negociación, para que evalúen los posibles escenarios en el marco de los derechos humanos.
«El estatus de la firma de Barbados es no más presos políticos. No más puerta giratoria. (…). Eso no contribuye al clima electoral, eso es un escalamiento de la represión y un abuso del Estado», dijo.
Caracas / Runrunes
