El gobierno argentino ordenó este jueves congelar los activos de Jezbolá e incluirlo en un nuevo registro de grupos terroristas, al cumplirse el 25 aniversario del atentado contra un centro judío de Buenos Aires cuya autoría se atribuye a ese grupo pro-iraní.
La Unidad de Información Financiera (UIF) -encargada de combatir el lavado de dinero- señaló en un comunicado que Jezbolá representa "una amenaza actual y vigente" para la seguridad nacional y resaltó que en Argentina la organización es considerada responsable de un atentado en 1992 a la embajada de Israel y del centro judío, conocido como AMIA, en 1994.
De esta manera el grupo quedó incluido en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento creado por decreto la víspera por el presidente Mauricio Macri.
El ataque contra la embajada de Israel dejó 29 muertos y 242 heridos, mientras que en el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) fallecieron 85 personas y cientos más resultaron heridas.
El jueves Macri suscribió otros tres decretos en los que declaró al 18 de julio de este año Día de Duelo Nacional y extendió el plazo para otorgar indemnizaciones a empleados de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) que sobrevivieron al ataque de 1994 y que aún no las habían recibido.
Exactamente a las 9:53 la policía y los bomberos de la ciudad de Buenos Aires hicieron sonar simultáneamente sus sirenas para dar comienzo al acto para recordar a las víctimas y reclamaron justicia.
Piden justicia
“¿Cómo es posible que 25 años más tarde no haya un sólo responsable preso por este acto de lesa humanidad?”, dijo Ariel Eichbaum, presidente de la AMIA. “Pasaron 25 años y la herida sigue abierta, una herida que no se puede cerrar sin justicia”.
Por el ataque a la AMIA no hay ningún condenado ni detenido. Según la justicia argentina el gobierno de Irán fue el ideólogo y el grupo terrorista Jezbolá el autor material del ataque. Aún están vigentes alertas rojas de Interpol para la detención de varios exfuncionarios y ex diplomáticos que ese país se ha negado a entregar. Teherán siempre negó su participación en el ataque a la AMIA.
Para muchos, como Joaquín Gaspar, el paso del tiempo ha minado las esperanzas de que se haga justicia. Gaspar recuerda aquella mañana fría de invierno cuando el estallido sacudió al barrio de Once. El entonces empleado de un comercio cercano corrió hacia la AMIA pero en lugar del edificio de siete pisos encontró una montaña de escombros. Con sus propias manos ayudó a remover el concreto en busca de víctimas y sobrevivientes.
“Era un montaña de escombros, de gente aplastada. Después pedimos baldes para ir sacando los escombros porque no se podían meter máquinas”, dijo Gaspar a The Associated Press antes del inicio del acto. “La justicia es muy lenta, pasaron 25 años y no sabemos nada... yo lo veo muy difícil”.
La investigación estuvo plagada de irregularidades, tal como lo determinó un tribunal que en 2004 absolvió a una veintena de personas señaladas como la “conexión local” del atentado, declaró nulos diversos actos del proceso judicial y pidió investigar la responsabilidad de miembros de la justicia y del gobierno del entonces presidente Carlos Menem (1989-1999) en el encubrimiento de los autores el ataque.
El exmandatario estaba acusado de intervenir en la causa judicial para que no se investigara a un empresario de origen sirio amigo de su familia, pero fue absuelto por un tribunal en febrero de este año. En el mismo juicio fue condenado a seis años de prisión el primer juez de la causa, dos fiscales y el exjefe de Inteligencia de Menem por los delitos de peculado y encubrimiento.
En tanto, la exmandataria Cristina Fernández (20017-2015) -quien se postula a la vicepresidencia en las próximas elecciones generales de octubre- será juzgada junto a 11 exfuncionarios y allegados a su gobierno por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado en una fecha que aún no ha sido determinada.
Fernández niega haber formado parte de un plan para dotar de impunidad a los exfuncionarios y ex diplomáticos iraníes, pero la justicia sospecha que la protección a los acusados se ideó mediante la firma de un memorando de entendimiento entre Argentina e Irán en 2013.
El pacto con Irán ocasionó la denuncia que el fiscal especial del caso AMIA, Alberto Nisman, realizó en 2015 contra la entonces mandataria por supuesto encubrimiento. Pocos días después de acusar a Fernández y un día antes de presentarse ante el Congreso para dar los detalles de su denuncia, Nisman fue hallado muerto de un tiro en la cabeza en su apartamento el 18 de enero de 2015. La justicia considera que fue asesinado.
Según sus críticos, el memorando cedía la jurisdicción argentina a favor de una comisión internacional de expertos. La exmandataria ha defendido ese acuerdo como una forma de avanzar en la pesquisa del atentado. El convenio fue aprobado por el Parlamento argentino pero fue luego declarado inconstitucional por la justicia.
“Vengo todos los años para que no haya olvido... Pasaron 25 años y lo de Nisman, encima”, dijo a AP Norma Sidransky, de 78 años. “Yo tengo esperanzas todavía, pero pasó mucho tiempo”.
Pocos más de dos años antes del ataque a la AMIA, el 17 de marzo de 1992, la embajada de Israel en Buenos Aires también fue blanco de un atentado en el que murieron 22 personas. Ese ataque tampoco ha sido esclarecido.
Buenos Aires / AP
