Una jueza en Andorra acusó a 28 venezolanos, incluidos exfuncionarios del gobierno, de integrar una red de lavado y dinero y sobornos a cambio de contratos que presuntamente desviaron 2.000 millones de dólares de la empresa petrolera venezolana Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (Pdvsa) entre 2007 y 2012, informó la prensa local.
El tribunal de la jueza de investigación Canolic Mingorancela emitió los encausamientos el jueves al concluir una averiguación de cinco años sobre depósitos misteriosos en la ahora desaparecida Banca Privada d'Andorra (BPA), informó el Diari d'Andorra.
Entre los acusados están nueve personas de Andorra, cinco de España y 14 venezolanos, incluso los exviceministros Nervis Villalobos y Javier Alvarado y Luis Carlos de León Pérez, exfuncionario de una empresa estatal de electricidad en Caracas.
La jueza puso en primer lugar de las acusaciones a Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez, quien fue presidente de Pdvsa entre 2004 y 2013 y colaborador cercano del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez. Ramírez fue embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones (ONU) hasta el año pasado, cuando rompió con el gobierno actual y renunció. Actualmente se oculta.
La jueza declaró que los individuos recibieron pagos ilegales de compañías que recibieron contratos de Pdvsa y sus afiliadas. El banco con sede en Andorra escondía los fondos en empresas fantasma en varios países y al final el dinero aparecía en cuentas de BPA.
“Entre ellos se unieron para controlar las licitaciones públicas de Petróleos de Venezuela, SA (Pdvsa) y la construcción de infraestructuras energéticas, contratadas por filiales de Pdvsa como Corpoelec (Corporación Eléctrica Nacional) y Electricidad de Caracas”, escribió la jueza.
“Su inserción en los círculos de poder del Estado era tal que, al inicio de la investigación, cuando se tramitó una demanda por vía de Interpol, no solo fueron inmediatamente alertados de este hecho, sino que decidieron cuál era la respuesta que las autoridades de su país habían de responder a la petición de Interpol”, agregó.
Intervención
En 2015, Andorra intervino el banco privado después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo acusó de lavar dinero para grupos de China, Rusia y Venezuela.
Desde entonces, el diminuto país de 75.000 habitantes ha dado pasos para quitarse la reputación de ser un paraíso fiscal, eliminando las leyes del secreto bancario y aprobando legislación que cumple con los estándares internacionales.
El Diari d'Andorra, un periódico local, informó que ninguno de los venezolanos acusados en el caso se presentó el jueves ante el tribunal en la capital Andorra La Vella para recibir la notificación judicial.
De León se declaró culpable de lavado de dinero y otros cargos en Estados Unidos, donde las autoridades judiciales también están investigando el esquema de sobornos dentro y alrededor de Pdvsa. Una corte en Houston tiene previsto emitir una sentencia a finales de este mes.
España aceptó extraditar a Villalobos como parte del mismo caso, pero el que fue el subalterno de Ramírez en Pdvsa no puede ser enviado a Estados Unidos hasta que sea enjuiciado por los tribunales españoles en dos casos diferentes.
Se desconoce el paradero de Alvarado, mientras que Salazar ha estado en detención preventiva en Venezuela desde que la fiscalía venezolana ordenó su arresto a finales del año pasado.
Madrid / Aritz Parra / AP
