“Sé que hemos cometido errores y por eso pido disculpas al pueblo de Venezuela. Quiero decirles que los hemos escuchado y que no vamos a desfallecer hasta lograr nuestro objetivo”. Así ofreció excusas el presidente encargado, designado por la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, a los ciudadanos que atendieron su llamado a protestar en las calles el pasado 16 de noviembre por no haber logrado hasta ahora el “cese de la usurpación” del cargo de jefe de Estado, Nicolás Maduro.
La ruta trazada el 23 de enero de este año ante una multitudinaria marcha, luego de juramentarse como mandatario interino hasta el restablecimiento del hilo democrático en el país parecía clara y contundente: cese de la usurpación en el cargo por parte de Maduro, gobierno de transición y elecciones libres. 11 meses después los objetivos no han sido alcanzados y analistas políticos descartan que el abandono del poder se produzca, al menos antes de unos comicios presidenciales que el chavismo se ha negado a aceptar en los procesos de negociaciones fallidas en Barbados y Oslo (Noruega).
“El cese de la usurpación no ha sido posible porque sólo hay dos caminos para lograrlo: por la fuerza o por un acuerdo y no hay condiciones para ninguna de las dos alternativas. Por la fuerza implica la intervención armada de aliados de la oposición, lo cual implica en este caso fuerzas extranjeras, una decisión mayor y delicada para cualquier país, y un acuerdo implica que ambas partes ganan más con el acuerdo que con el status quo, lo que no pareciera ser la percepción del régimen que hasta ahora prefiere correr el riesgo de mantener el status quo aun mediante la fuerza”, explicó el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), Benigno Alarcón.
Errores
Previo al juramento de Guaidó (el 15 de enero de 2019), la mayoría opositora del parlamento aprobó un acuerdo que declaró formalmente la usurpación por parte de Maduro, al considerar que su elección para un segundo mandato (2019-2025) fue producto de unos comicios fraudulentos que carecieron de observación internacional calificada y con la mayoría de los partidos y candidatos inhabilitados para participar. Fue el inicio del camino para conseguir el cambio político en el país que a juicio del abogado constitucionalista y analista político, José Vicente Haro, ha estado plagado de errores.
“Nunca hubo una estrategia sólida y efectiva para que ocurriera el cese de la usurpación. Desde que comenzó 2019 se ensayaron acciones sin medir las probabilidades de éxito y fracaso y ello condujo a la actual situación sin resultados efectivos para la sociedad, que demanda un cambio político que conduzca a la solución de la crisis”, sostuvo el jurista.
Haro se refirió específicamente a hechos como el ofrecimiento de incentivos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para que se pusiera del lado de la Constitución, tales como la aprobación de una Ley de Amnistía que incluiría a militares y funcionarios policiales que no tuvo efecto alguno en los uniformados. La iniciativa legislativa no pasó de la primera discusión (22 de enero) en la plenaria al ser señalada por algunas ONG como contraria a la Constitución, pues se aseguró que implicaba impunidad para violaciones de derechos humanos ocurridas durante las manifestaciones de 2014 y 2017 por parte de los cuerpos de seguridad, delitos que no prescriben.
“Tenemos a una FANB cada vez más alineada con el PSUV y que además se alimenta de la corrupción y de otras prácticas que están en contra de la ley. No se puede contar con los militares para restablecer el hilo constitucional”, añadió el también profesor universitario y presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional (AVDC).
Las acciones que en los alrededores de la Base Aérea La Carlota lideraron el dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, y Guaidó el 30 de abril formaron parte de las estrategias para acelerar la salida del chavismo-madurismo de Miraflores.
Haro también rechazó que ambas figuras políticas aseguraran que la mayoría de contingentes del Ejército estaban a la orden de una operación para liberar a la FANB y al país, situación que luego resultó ser falsa.
La experta en temas militares Rocío San Miguel admitió que el gobierno de Maduro no exagera cuando se ufana de afirmar que cuenta con la institución castrense para garantizar la permanencia del actual Ejecutivo.
“Ha quedado claro que las unidades con mayor poder de fuego dentro de la Fuerza Armada están del lado del régimen, pero también es cierto que está sometida a una gran presión por la situación del país”, dijo.
Sin embargo Guaidó ha asegurado que las conversaciones con factores militares no han cesado, por lo que aún apuesta por poner a la FANB a favor de la causa democrática. San Miguel indicó que el fruto de tales gestiones todavía está por verse.
Orden alterado
La directora de la Cátedra Libre Democracia y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Eglée González Lobato, aportó otra causa por la que el cese de la usurpación no se ha hecho realidad: el congelamiento del diálogo por falta de acuerdos entre Gobierno y oposición. Aunque advirtió que el abandono del poder formaba parte de “los máximos” exigidos por Guaidó y su entorno en la mesa que el régimen no ha aceptado y que no necesariamente debía cumplirse primero si este accedía a elecciones libres transparentes y democráticas.
“Yo no veo que el tema de los comicios antes del cese de la usurpación estuviera descartado desde el principio si se lograba un mínimo que era conformar un Consejo Nacional Electoral (CNE) que garantice el respeto de los resultados con una supervisión internacional, incluso con Maduro como candidato. Mientras que el máximo del Gobierno ha sido negar las presidenciales y defender sólo las parlamentarias previstas para 2020”, subrayó.
La docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas ucevista dijo que el diálogo debería poder retomarse en cualquier momento dado que es la única vía pacífica, “menos traumática y costosa” visualizada por la comunidad internacional para la superación de la crisis venezolana.
Alarcón apuntó que tampoco ve probabilidades de que el orden de la especie de mantra proclamado por el presidente de la AN suceda en el orden descrito por Guaidó, dada la falta de condiciones para que se cumpla.
Algunos partidos minoritarios que integran la llamada mesa de diálogo instalada por el Gobierno -en respuesta al fracaso de las reuniones en Noruega- también han abogado para que el exigido cese de la usurpación no se convierta en una piedra de tranca que impida la constitución de un Poder Electoral equilibrado que pueda convocar a unos comicios presidenciales, parlamentarios o generales con las garantías necesarias para que sean aceptadas por todos los actores y la comunidad internacional.
“Lo importante es lograr un nuevo CNE, luego veremos”, dijo el diputado José Antonio España de la fracción parlamentaria independiente por la renovación y el cambio.
Haro destacó que las conversaciones, aunque fallidas en términos generales, llevaron a otro error aceptado por la oposición: el regreso de personas que al ocupar cargos como constituyentes, incluso designados como ministros antes de esa elección en julio de 2017, perdieron su condición de diputados, en violación flagrante del texto constitucional.
Algo que a su juicio, es inaceptable porque implica flexibilización de normas establecidas con oscuros intereses.
Otro pretendido catalizador del cambio ha sido el reconocimiento a Guaidó como presidente encargado por más de 50 países, los mismos que en 2018, aupados por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), desconocieron los resultados de los comicios del 20 de mayo.
Se suman las sanciones internacionales a altos funcionarios del Ejecutivo venezolano por violaciones de derechos humanos por parte de Estados Unidos, Canadá, Suiza y la Unión Europea que tampoco parecen hacer mella en la estabilidad de la gestión madurista.
Recientemente Guaidó apeló a la convocatoria de protesta sostenida con el fin de reactivar las calles y presionar la salida de Maduro.
Las nuevas acciones se iniciaron con la manifestación del 16 de noviembre y siguieron con el acompañamiento a las protestas de enfermeras y docentes por mejores salarios, más la marcha de estudiantes universitarios, que no llegó a Fuerte Tiuna como estaba previsto por el amplio despliegue militar del Gobierno para impedirlo, pero consignó un documento para que los uniformados verde oliva acepten defender la Carta Magna.
Los resultados del nuevo llamado no han sido nada alentadores al principio, pero analistas como Félix Seijas, de la firma encuestadora Delphos, sostienen que la popularidad que aún mantiene Guaidó de 50% juega a su favor a la hora de pretender profundizar dicha presión.
“La gente lo respalda pero necesita saber dónde está parada y hacia dónde va y algo muy importante, debe entender que no hay salidas rápidas, algo aceptado por Guaidó en la protesta del 16 de noviembre”.
Caracas / Deisy Martínez
