El presidente Nicolás Maduro mantiene su estrategia de acelerar la anulación de los adversarios que han vencido a la revolución mediante el voto popular. Este objetivo se aprecia con la reciente creación de la Corporación de Protección Social y Económica en los estados Táchira, Mérida, Anzoátegui y Nueva Esparta, todas entidades bajo el mandato opositor, anunciada a mediados de octubre. El argumento madurista es que el objetivo de la instancia es velar “por el uso correcto de los recursos”.
Sobre esto, el politólogo Ángel Álvarez indicó que la figura del protectorado fue inventada por el presidente Hugo Chávez desde que la oposición obtuvo algunas gobernaciones en 2008. Refirió que uno de los casos más emblemáticos de los dirigentes que han sido blanco de la disminución de competencias es el del exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, quien fue despojado hasta de su sede.
“El Gobierno hace las elecciones más injustas posibles, desconoce de facto o cambia las leyes para que los titulares de las alcaldías, de gobernaciones o de la Asamblea Nacional pierdan poder o no tengan acceso a los recursos. Todo esto forma parte del plan de anulación de la oposición”, dijo Álvarez.
El analista añadió que todo el entramado que fue aplicado por Chávez y ahora replicado por Maduro se ha hecho sin que los afectados tengan la posibilidad de defenderse con efectividad, dado el control que el Ejecutivo tiene sobre el resto de los poderes públicos, con excepción del Legislativo.
Luis Salamanca, también politólogo, expresó que el tema del protectorado encarna la práctica de establecer un paralelismo del Estado, así como mecanismos paralelos de gobierno y de tomas de decisiones, como ocurrió con la Constituyente, que es una Asamblea Nacional alterna.
“No quieren dejar en evidencia los malos gobiernos maduristas y chavistas, mientras tanto el país tienen gobernaciones legítimas y sin recursos, versus gobernaciones ilegítimas con recursos, pero incompetentes. El chavismo tiene una concepción absolutista del poder que se opone al pluralismo e insiste en eliminar al adversario”, indicó.
Salamanca cree que más allá de cuidar los recursos del Estado, como justificó Maduro, la meta de los protectorados es resguardar al gobierno central. En 2013, Maduro esgrimió: “Esta figura es para no dejar al pueblo al garete. En Miranda fue muy exitosa”. La maniobra ha sido replicada infinidad de veces y fortalecida en el caso de las gobernaciones que la oposición logró alcanzar en 2017.
Neutralización endógena
El también politólogo Fernando Spiritto acotó que el fin de Maduro es terminar de neutralizar a sus adversarios y no esconde sus intenciones. Fustigó el anuncio del mandatario de otorgar minas de oro a los gobernadores del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). Consideró este plan “además de inconstitucional, inviable porque no hay recursos para cumplirlo”.
En este sentido, Spiritto dijo que, si algo ha demostrado Maduro, cuyo segundo mandato presidencial es cuestionado dentro y fuera del país, es que “es un mal gobernante y mal administrador”.
Se agota el petróleo
Luis Salamanca subrayó que el anuncio sobre el otorgamiento de minas de oro a los gobernadores oficialistas confirma que, en Venezuela, se agotó el petróleo.
“Aunque tenemos petróleo bajo la tierra no tenemos los modos de explotarlo. Esto es la muerte de la Venezuela petrolera por haberse destruido la capacidad productiva, por haberse descapitalizado y haberse raspado la plata, por eso Maduro se aferra al rentismo minero”, argumentó el analista.
Añadió que el gobernante, y heredero político de Chávez, pretende actuar con pasos patrimonialistas propios de los monarcas europeos que manejaban los recursos a su antojo, pero con la salvedad de que estos espacios no le son propios. En este sentido, desde su perspectiva, la medida expresa la bancarrota del Estado venezolano y de la sociedad en general, porque el Estado no tiene cómo financiar sus gastos.
“Con esto se viola la Constitución y el ordenamiento jurídico. Los bienes públicos no pertenecen a nadie, son de la nación. Maduro sigue rompiendo la institucionalidad y se trata un individuo que además carece de legitimidad. La acción corona la tendencia neo patrimonialista iniciada por Hugo Chávez y, al mismo tiempo, se confirma que Maduro es un dictador y deroga de facto el ordenamiento jurídico”, señaló el politólogo.
Entre otros instrumentos, asignar minas a los gobernadores atentaría contra la Carta Magna, la Ley de Asignaciones Especiales, la Ley de Minas de 1999 y su Reglamento General (2001), entre otras normas.
Maduro también dio cuenta de su decisión de otorgar asignaciones en divisas convertibles en euros, yuanes y rublos directo a los gobernadores para la atención diaria del pueblo.
El mandatario dijo que el proyecto se enmarca dentro del “proceso de reorganización del Plan Minero Tricolor” y de “la inversión extranjera internacional que ha llegado y está llegando para extraer oro, coltán, diamantes, etcétera, en el Arco Minero del Orinoco”.
Asimismo, Maduro señaló que le pareció importante abrir una nueva fuente de recursos a gobernadores y protectores.
“Nada ni nadie va a poder detenernos”, aseguró.
Caracas / Sofía Nederr
