La Asamblea Nacional (AN) de 2015 aprobó, este martes 20 de julio, un acuerdo de rechazo a la reforma judicial y penitenciaria anunciada por Nicolás Maduro y sobre la cual trabaja una comisión presidida por el diputado Diosdado Cabello.
William Dávila, presidente de la Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario de la AN, destacó la parcialidad del sistema judicial venezolano, así como el deterioro de la independencia de los Poderes Públicos, “que están sometidos al Poder Ejecutivo usurpador y los rigores políticos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)”.
Destacó que esta situación ha sido registrada por la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU y la Comisión Internacional de Juristas.
Para el parlamentario, con la reforma judicial, el gobierno de Maduro da una respuesta política a las denuncias sobre los delitos de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional (CPI). Al mismo tiempo, cree que se trata de una estrategia que pretende demostrar que el sistema judicial funciona de forma independiente.
“La dictadura nombra esta comisión y establece que tiene 60 días para presentar los resultados, comprometiéndose a que resolverán las detenciones preventivas indefinidas en los calabozos. En Venezuela hay 75 mil presos, de los cuales 40 mil están en esos calabozos bajo la figura de detenciones preventivas sin juicio", argumentó Dávila.
Para el diputado Guillermo Palacios, la sexta reforma del Poder Judicial representa una “payasada” del gobierno de Maduro. Destacó que el Poder Judicial carece de autonomía. Puntualizó que la anunciada reforma será un fracaso institucional, “pero con intenciones totalitarias que busca controlar y poner al servicio de los intereses políticos de la dictadura”.
Caracas / Corresponsalía
