Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), que han sido denunciados como uno de los medios de control social ejercidos por el Gobierno, fueron investigados por la Asamblea Nacional (AN), la cual concluyó que esta política gubernamental ocasionó un daño patrimonial de $5 mil millones.
La cifra fue divulgada por la Comisión de Contraloría de la AN, que indicó que la corrupción por la masiva importación de comida para las cajas Clap entre 2016 y 2017 produjo esa cuantiosa malversación de recursos.
De acuerdo con la instancia, el desvío de recursos supuso una corrupción estimada de $416 millones mensuales para un promedio de cerca de $13 millones diarios.
La información ventilada da cuenta de una trama que involucra no sólo a Venezuela, sino también a Colombia, Panamá y México en la compra de alimentos para satisfacer las necesidades del Gobierno para la entrega de los Clap. Se detalla que estas conexiones se estarían expandiendo a Chile y Brasil e, incluso, a Europa Oriental.
Funciones
Los Clap, una política que abarca la venta de comida importada, es el plan bandera del presidente Nicolás Maduro para enfrentar la escasez de alimentos en medio de la falta de divisas y la improductividad de empresas.
Las cajas con comida racionada presentan serios problemas de distribución, desvío de recursos y entrega discrecional que no ha mitigado el hambre en Venezuela, según han denunciado organizaciones de derechos humanos.
Freddy Superlano, presidente de esta comisión de Contraloría, señaló que los Clap “se han convertido en el principal negocio de la cúpula del gobierno. Son muy pocos los involucrados y los principales son Nicolás Maduro y Cilia Flores”.
Esta comisión ha sustentado su investigación en parte del informe presentado por la fiscal destituida por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Luisa Ortega Díaz. La comisión legislativa dice que hasta ahora, 14 personas de distintas nacionalidades, entre ellos venezolanos, destacan en estos negocios.
Vinculados
Entre esas 14 personas sobresale el economista y empresario venezolano del sector alimentos y construcción, Samark López Bello, quien además trabajó en la Gobernación de Mérida como director de Planificación. Yousset y Omar Abou, Juan Vicente Roversi, María Ojeda, Hernán Matheua, Rustinko Rodríguez, José Antonio Achram, Edmundo Rotondaro, Miguel González, Claudio Sira, Rafael Morales y Esteban Correa completan este grupo.
Superlano advirtió que estas personas estarían “moviéndose rápido” ante el trabajo que realizan los organismos de inteligencia financiera.
El parlamentario aseguró que continuarán las investigaciones, cuyos resultados serán presentados en la plenaria para determinar las responsabilidades políticas correspondientes, aunque no hay fecha para concretar estas acciones.
Caracas / Andreína Vargas
