En la Asamblea Nacional (AN) de 2015 se afinan detalles y aceitan los acuerdos políticos para la conformación de la directiva 2024-2025 y su instalación el 5 de enero.
Según confirmó TalCual en consulta con varios diputados, a mediados de diciembre de 2023 la Comisión Delegada aprobó la reforma de la Ley Estatuto de la Transición que concede un año más de funciones a este parlamento opositor. Contrario al Reglamento de Interior y Debates, no se hizo pública esa sesión.
Según se pudo conocer, en la Gaceta Legislativa número 76 del 15 de diciembre, además de la norma sobre el Estatuto, se incluyó la Ley de Reforma Parcial del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital.
En la exposición de motivos de la reforma del Estatuto de la Transición se señala la importancia de que la AN de 2015 «siga funcionando hasta que se convoquen unas elecciones libres y transparentes».
Hasta el cierre de esta nota, parlamentarios de diferentes partidos indicaron de manera off the record que todo apunta a que la diputada Dinorah Figuera (Primero Justicia) continuará al frente de la Presidencia de la AN.
«De forma diferente a otros años, cuando a pesar de que estaba decidida la directiva había resistencia, esta vez todo el mundo está callado», dice un diputado vía telefónica.
Aunque varios de los diputados con los que se habló coincidieron en que la junta directiva «seguirá todo igual», otros asomaron que la certeza es la ratificación de Figuera.
«El resto de los cargos está aún en discusión», dijo un diputado de Voluntad Popular (VP) quien pidió la reserva de su nombre.
Asimismo, una diputada de PJ sostuvo que afinan detalles sobre el futuro de la AN, pero la discusión «avanza sin mayor dificultad».
En 2023, Dinorah Figuera encabezó la directiva luego de que se decidió eliminar la figura del Gobierno Interino que desde enero de 2019 ostentó Juan Guaidó (VP) en su carácter de presidente de la AN. Las vicepresidentas que serían ratificadas son Marianela Fernández (Un Nuevo Tiempo) y Auristela Vásquez (AD en resistencia).
En enero de 2023, el Tribunal 49° de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas emitió orden de aprehensión contra las diputadas Dinorah Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vásquez por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, traición a la patria, asociación para delinquir y legitimación de capitales.
No exenta de cuestionamientos, desde la AN opositora han defendido su permanencia por la preservación de los activos de la república en el exterior.
Para efectos de este texto, TalCual contactó a la diputada Dinorah Figuera, pero no obtuvo respuesta.
«Tengo fe en el camino hacia el cambio que acabamos de decidir el 22 de octubre, sin titubeos y vigilantes seguimos construyendo la ruta democrática. No nos desviarán de nuestra determinación de construir puentes de libertad», señaló Figuera el 24 de diciembre en sus redes sociales.
Por su parte, la diputada Marianela Fernández se limitó a decir: «Estamos en reuniones», al ser consultada sobre la directiva 2024.
Este año, desde la oposición se sube el volumen a los llamados de unidad en el contexto de las elecciones presidenciales y el respaldo a la candidata ganadora de las primarias, María Corina Machado, a quien el TSJ aún no le responde sobre el recurso de hecho y el amparo introducido contra su inhabilitación.
En enero de 2023, el portavoz del gobierno de EEUU, Ned Price, señaló que el Gobierno de Biden todavía consideraba «ilegítimo» a Nicolás Maduro y ratificó su respaldo a la AN opositora.
“En términos de nuestro acercamiento a Nicolás Maduro, nuestro enfoque no ha cambiado. Él es ilegítimo. Apoyamos la Asamblea Nacional de 2015 como único vestigio de la democracia en Venezuela”, indicó el funcionario.
Para enero de 2024, EEUU ha concretado varios acuerdos con Maduro tras las negociaciones de Barbados: el alivio de sanciones, la liberación de presos políticos, entre ellos 10 norteamericanos, y el canje por Alex Saab. Sin embargo, esto no se ha traducido en un reconocimiento formal del gobierno.
Como ha ocurrido en los últimos tres años resulta complejo auditar el número de diputados que sobreviven en lo que queda del parlamento opositor. Varios se fueron desde 2020, cuando concluyó el período previsto en la Constitución, otros tantos están en el exilio; otros siguieron amparados bajo la figura del interinato y no son pocos los que aparecen de forma esporádica cuando el tema que se debate en las sesiones virtuales de la Delegada es de su interés.
Dentro de los temas que fueron abordados en la AN de 2015 durante el año pasado se encuentran aspectos como la controversia territorial con Guyana sobre el Esequibo. En noviembre, este parlamento aprobó un proyecto de acuerdo en rechazo a los actos de incitación por parte del Gobierno de Guyana y de promoción y de defensa de los intereses nacionales de Venezuela en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
En este sentido, el diputado Williams Dávila (AD) dijo que el parlamento “siempre ha estado al frente con la defensa y la soberanía sobre el Esequibo ante la negligencia del régimen de Maduro y Chávez”.
Puntualizó que el Estado debe defender el Esequibo “porque es un mandato constitucional que compete a los más altos intereses de la república y no se puede politizar, ni dividir al país. Sino al contrario garantizar una unidad venezolana férrea”.
En septiembre, los diputados avalaron un acuerdo en rechazo a la politización e ideologización en la reclamación del territorio Esequibo.
Este parlamento opositor también condenó la criminalización a la disidencia por parte de la administración de Maduro, así como a quienes expresan su opinión sobre los asuntos de interés público.
El diputado Juan Pablo García (Vente Venezuela) recordó que en el último informe de la Misión para la Determinación de los Hechos sobre los Crímenes de Estado cometidos en Venezuela se determinó que el régimen de Maduro “continúa cometiendo graves violaciones de derechos humanos en el país y que estas violaciones no son aisladas sino parte de una política estatal para reprimir la disidencia”.
En relación con el informe de la Misión de Hechos de la ONU, el diputado Rosmit Montilla, que está fuera del país, destacó que las investigaciones deben servir para la reconstrucción de una Venezuela sin impunidad.
«Los violadores de DDHH no pueden quedar impunes y que ese reencuentro de venezolanos en los próximos años esté lleno de justicia”, afirmó.
Se alzaron las voces también en relación con la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de reanudar la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En este punto, desde el exilio, Miguel Pizarro puntualizó que la Corte Penal no investiga Estados, “investiga individuos, por ello el régimen madurista intenta frenar la investigación”.
La crisis del combustible se abordó varias veces en las sesiones online del parlamento opositor. Así, por ejemplo, la diputada Karim Vera (PJ) señaló que el estado Táchira tiene al menos 120 estaciones de servicio, pero solo están operativas 14 .
“Cómo un estado puede salir adelante, desarrollarse económicamente y dar movilidad a sus ciudadanos cuando no tienen combustible para surtir sus vehículos? En el mercado negro se puede conseguir el litro de gasolina hasta en $3″, dijo Vera.
La autollamada «AN legítima» rechazó la sentencia del Tribunal Supremo que anula los efectos de las primarias del 22 de octubre que ganó María Corina Machado y de la que se reportaron 2,5 millones de votantes, de acuerdo con el boletín de la Comisión Nacional que presidió Jesús María Casal.
En este aspecto, el diputado Luis Barragán (Encuentro Ciudadano) calificó como un acto absurdo «la idea de suspender o anular un hecho ya realizado”. A su juicio, resultó obvio el error de cálculo de los círculos oficialistas que subestimaron las primarias.
Olivia Lozano, de Voluntad Popular, expresó que, pese al sufrimiento y la miseria de los últimos 22 años, el pueblo demostró que mantiene intacta su fe y espíritu democrático.
Además, hubo acuerdos en condena a las inhabilitaciones políticas contra dirigentes opositores, especialmente a los precandidatos presidenciales.
El parlamento de 2015 también respaldó el rol de la delegación de la Plataforma Unitaria en la negociación de Barbados. La presidenta Dinorah Figuera reconoció también el apoyo de los los países aliados que hicieron posible la liberación de presos políticos, siendo que las primeras excarcelaciones se dieron en octubre y otras se concretaron a finales de 2023.
Además, en varios de los debates, la AN atribuyó la crisis eléctrica del país a la negligencia del gobierno de Maduro. El parlamento también pidió declarar la emergencia en el sistema de justicia del país.
Rafael Veloz (VP) señaló que la Asamblea Nacional debe ir más allá de la denuncia sobre opacidad del gobierno.
“Tocorón era el centro de operaciones de la banda delictiva, pero también un centro turístico y recreacional para el disfrute de los criminales. Además allí residían 200 mujeres con sus hijos ¿Qué pasa con esos niños (que viven) con esa violencia y el tráfico de drogas?», argumentó.
Otros temas que se incluyeron en los debates se relacionaron con la situación salarial de los trabajadores del sector público y la falta de aumento salarial.
También figuraron en la agenda la trama de corrupción develada en el seno del sector petrolero en marzo de 2023 y pidieron cuentas a la administración de Nicolás Maduro sobre la investigación y el paradero del exministro Tareck El Aissami.
Sobre los bonos
En agosto de 2023, la Asamblea Nacional opositora extendió hasta 2028 la prescripción de bonos de deuda venezolana en default.
El parlamento aclaró entonces en el texto del acuerdo que lo aprobado «no implica renuncia a otras defensas que legítimamente pueda oponer la República Bolivariana en caso de demandas judiciales para el cobro de Bonos u otras obligaciones».
Además, la AN de 2015 exhortó a los tenedores de bonos emitidos por la república, «a no ejercer acciones judiciales a fin de contribuir con el futuro proceso ordenado y equitativo de reestructuración y pago de deuda».
Caracas / TalCual
