El señor Leal falleció en 2020 por problemas asociados al covid-19. Al momento de enfermarse no contaba con los recursos suficientes para un tratamiento y hospitalización adecuados. Desde 2017 perdió todo el dinero depositado en uno de los cuatro bancos off shore del BOD, propiedad de Víctor Vargas, los cuales fueron intervenidos y cerrados por las autoridades bancarias y financieras en 2020.
Justamente en 2017 él y su familia se dieron cuenta por primera vez que no podían transferir de una cuenta a otra, parte de los depósitos que tenían en el Banco Orinoco NV en Curazao, por lo que comenzó un cúmulo de preocupaciones. Esta incertidumbre nunca se calmó dada las respuestas de los empleados bancarios que iban desde que «se estaban cambiando de un banco corresponsal a otro» y, que no se preocuparan «porque ya, se iba a solucionar la situación». Pero nunca pasó.
«Nosotros no teníamos dinero, para esa época del covid-19 se podía escuchar que gente con seguro o adinerada se podía hospitalizar en una clínica privada, pero nosotros teniendo dinero en el Banco Orinoco para que lo pudieran atender, nunca pudimos tener acceso. Tuvimos que recorrer varias clínicas en ambulancia y no lo recibían. Gracias a Dios contamos con la ayuda de un amigo médico que se ofreció a ayudarnos financieramente, pero ya estaba muy delicado de salud y en 15 días que estuvo hospitalizado no pudo sobrevivir», contó un familiar del señor Leal que pidió no ser identificado.
El caso del señor Leal es uno de los 12.000 clientes del Banco Occidental de Descuento (BOD) que aún esperan por la entrega de su dinero depositado en Banco Orinoco NV en Curazao, BOI Bank en Antigua y Barbuda, All Bank Corp en Panamá y Bancamérica (Banca Múltiple de las Américas) en República Dominicana.
Mucho de los afectados son personas naturales que abrieron cuentas desde las sede del BOD en Venezuela, pero parte de sus fondos fueron enviados a los bancos en el exterior del holding Cartera de Inversiones Venezuela C.A., perteneciente en 99,57% al banquero Víctor Vargas Irausquín. La promesa de mayores retornos por su inversión en divisas en sus bancos fuera del país, fue el argumento para convencer a los clientes; aunque a otros ni se les consultó ni se pidió autorización para la transferencia de los recursos.
El señor Leal fue un empresario de ascendencia europea y decidió repartir en vida la herencia a sus hijos, quienes tuvieron la mala fortuna de tomar una decisión cuya consecuencia nunca imaginaron: uno de ellos decidió dejar el dinero depositado en el Banco Orinoco y el segundo en All Bank.
«Nosotros y un conjunto de personas decidimos en primer lugar hacer la denuncia en la Sudeban de la mano de Anauco y el abogado Roberto León Parilli. Ahora hoy en día mi familia está enfrentando problemas, nos está costando mucho mantener lo poco que nos queda. Tengo amigos que me han ayudado con el pago de la escuela de mis hijos y todo ello, sin necesidad, ya que tenemos un dinero al que no tenemos acceso y el cual nos podría solventar mucho de nuestros problemas», dijo uno de los integrantes de la familia Leal consultado por TalCual.
Los abogados Carlos Calderón y Roberto Hung en representación de aproximadamente 200 personas, introdujeron en octubre de 2022 una demanda por intereses colectivos y difusos ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en contra del BOD, así como contra su propietario Víctor Vargas y la empresa holding Cartera de Inversiones de Venezuela C.A.
El grupo de personas que exigen al banquero Víctor Vargas que les regrese su dinero, se encuentra en su mayoría integrado por personas de la tercera edad, clientes oriundos de los estados Zulia, Aragua y Carabobo, en la capital Caracas; así como jubilados y extrabajadores de la propia entidad.
Luego de esta acción legal, pasaron seis meses a la espera de una respuesta por parte de la Sala Constitucional presidida por Gladys Gutiérrez, quien también funge la presidencia del TSJ. Hasta la fecha, solo se dio entrada al acto administrativo y no se ha decidido si se admite o rechaza la denuncia colectiva contra el BOD. Debido al retardo para responder por parte del máximo tribunal del país en un lapso máximo de siete días, se acudió a instancias internacionales.
A principios de mayo de 2023, los abogados acudieron ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Volker Türk (quien se encontraba en Venezuela para ese entonces), para denunciar al Estado venezolano por denegación de justicia. Consideran que hay una clara violación de derechos fundamentales como el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva.
«Nosotros hemos agotado la vía jurídica de conformidad con las normativas y con la Constitución Nacional. Esta situación llegó a la cúspide y esta cúspide no permite que se lleve por un camino pacífico y legal la resolución de un conflicto que involucra a una gran cantidad de personas. El no pronunciamiento del TSJ nos llevó a subir un escalón y acudir al sistema de protección de los derechos humanos al cual Venezuela es parte», afirmó Carlos Calderón.
Al acudir a instancias internacionales de DDHH la responsabilidad recae sobre el Estado venezolano, porque se ha causado un daño patrimonial y no se ha respondido a esta causa. El objetivo igualmente es ejercer acciones para la protección del usuario y del consumidor.
«Se está violentando el articulado de la Declaración de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas que data de 1948 referido a que todo ciudadano tiene derecho a acceder a la justicia en un tribunal neutral e independiente; pero también se viola el derecho a la propiedad. Ante todo ello el ordenamiento jurídico venezolano no se ha pronunciado. Hay absoluto silencio sobre el caso, ni siquiera Víctor Vargas ha acudido a la justicia para negar los hechos por los cuales se le ha demandado», acotó Calderón.
El pasado lunes 26 de junio, se envió un nuevo documento a la Coordinadora de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH en Venezuela, a los Miembros del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los DDHH y las empresas trasnacionales y otras empresas, al Relator Especial sobre la Independencia de los magistrados y abogados y, al Relator Especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
El abogado Roberto Hung, especialista en Derecho Procesal Constitucional, explicó que de acuerdo a los mecanismos especiales de la Comisión de DDHH, el organismo está facultado para enviar cuestionarios a la autoridad judicial y financiera de Venezuela y de los demás países en los que operaban los bancos filiales del BOD.
Los organismos a los cuales se mencionan en el escrito para que se les sea solicitada información en Venezuela son el TSJ, Sudeban, Fiscalía General, Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) y al Banco Nacional de Crédito; y en el exterior a las superintendencias de Bancos de Panamá y de República Dominicana, el Banco Central del Caribe Oriental, el Banco Central de Curazao y Saint Marten. Igualmente, al Tribunal de Primera Instancia de Curazao que conoció la quiebra del Banco del Orinoco y a su liquidador y síndico de la quiebra Michiel Gorsira; así como al Banco Central de Uruguay y al Banco Central de Holanda.
«Este escrito ampliatorio que introdujimos ante la Comisión de DDHH de las Naciones Unidas agregamos nuevos datos relacionados a los custodios de los activos de los bancos filiales del BOD, y, le pedimos que requieran información a estos custodios también. A tres años y medio de lo sucedido no se ha podido lograr tener acceso a la cartera de inversiones en poder de estos custodios», destacó Hung.
De acuerdo a la información recabada para la demanda, se pudo conocer que existen varios custodios relacionados con el BOD, uno de ellos es Welden Securities de Uruguay Agente de Valores S.A., que en octubre de 2020, es decir, a un año de la quiebra de la entidad financiera venezolana y transcurrido dos años más hasta la fecha, fue sancionada por la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central de Uruguay por haber incurrido en irregularidades respecto a medidas de resguardo de información conforme a las normas aplicables en esa nación.
Luego que se le diera la baja como agente de valores a Welden Securities, se autorizó la desafectación de las sumas depositadas en garantía e instrumentar las cancelaciones de las prendas y proceder a las devoluciones correspondientes.
Con relación al agente custodio de títulos valores Vistra International S.A. de Panamá, se señala en el escrito enviado a la Comisión de DDHH de la ONU, que esta sociedad mercantil no es reconocida como firma Internacional de Inversión Vistra, con presencia y operaciones globales, «sino que se corresponde a una sociedad de comercio regular inscrita en Panamá de la que se desconoce si la misma está inscrita en alguna autoridad financiera, ante lo cual se están realizando tareas de verificación».
Mientras que respecto a Farringdon Asset Management mencionada también como custodio de los valores de los bancos filiales del BOD tiene ubicación en Singapur.
Calderón indicó -además- que en otra de las actuaciones llevadas a cabo en esta causa, se solicitó el levantamiento del velo corporativo de Cartera de Inversiones de Venezuela propietaria del BOD y de sus bancos en el exterior. Esta figura permitiría que la empresa o sus accionistas respondan con su patrimonio.
El 19 de septiembre de 2020 ocurrió la intervención de los bancos ubicados en el Caribe y cuatro días después en Venezuela, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban) intervino el BOD porque se afectaba el patrimonio de la entidad venezolana. Siete días después ocurre otra acción administrativa de intervención por violentar las normas contra el lavado de activos la cual dura dos años y medio. Este proceso de levanta luego para dar paso a la venta de la entidad propiedad de Víctor Vargas al Banco Nacional de Crédito (BNC).
Todo ello ocurría ante la mirada de los afectados del BOD quienes tuvieron la esperanza de que con la negociación con el BNC, se diera una resolución a su favor, que no era más que la devolución de sus depósitos perdidos o represados. Varios de ellos -por cierto- manifestaron que sus problemas con este banco son de vieja data.
Giuseppe Tirrito, cuya familia italiana llegó a Venezuela y se estableció en el estado Zulia, señaló que sus padres abrieron una cuenta en el Banco Maracaibo, que años después fue comprado y fusionado por el BOD de Víctor Vargas. A su vez mantenían parte de sus depósitos en el banco norteamericano Internacional Bank ubicado en Miami (Estados Unidos) que pertenecía al grupo venezolano. En 1999 se enteraron que sus depósitos habían sido transferidos al BOI Bank sin haberles consultado.
«Los únicos argumentos que dieron al exigirles respuesta sobre el por qué de esta movilización del dinero sin habernos pedido autorización, es que este BOI Bank era un mejor banco y que nos iban a dar mas rendimiento. Engatusaron a mi mamá diciéndole que le iban a dar tarjeta de débito, chequeras y nunca le dieron nada», dijo.
Tirrito destacó que a pesar de que han acudido a los entes gubernamentales venezolanos para que se aboquen a resolver el caso, «por ser ellos quienes protegen al ciudadano y resulta que no ha sido así, porque solo se ha protegido a Víctor Vargas y al BOD. Hemos denunciado ante Sudeban, ante la Fiscalía. Nos han desprotegido».
Aproximadamente 50 personas en Maracaibo se han adherido a la demanda interpuesta ante el TSJ. «Nunca viajamos al exterior para abrir una cuenta en este banco, ninguno de los afectados por el BOD abrió personalmente una cuenta en los países donde se encontraban estos bancos», apuntó Tirrito.
En la demanda encausada ante el TSJ se señala que se ha tenido conocimiento de que el BOD ha entregado parte de los depósitos a varios de sus clientes, al negociar con ellos un pago en dinero y/o con propiedades, pero muchos de ellos son empresas o personas jurídicas.
William, es otro de los afectados que vive en la ciudad de Maracay en el estado Aragua y trabaja como comerciante. Contó que luego de años de ser clientes del BOD y cuando en 2014 les ofrecieron depositar su dinero en el Banco Orinoco, nunca imaginaron encontrarse en una situación de este tipo.
«Teníamos una buena relación con el banco y con los gerentes del banco. En el año 2017 todo empezó a ir mal, porque cuando necesitamos el dinero no pudimos tener acceso a los recursos. Nos dijeron que nos iban a ayudar y todo fue mentira, por lo que en el año 2019 enviamos una comunicación al Banco Central de Curazao y nunca nos dieron respuesta», dijo William, quien es representante de la Comunidad Asiática de Maracay-Valencia.
Señaló que en ese entonces, él y un grupo de 10 personas también en la misma situación decidieron reunirse y evaluar los pasos a seguir. «Varios de mis paisanos están en esta situación.Tres personas fuimos a Curazao al banco y lo que nos dijeron fue que para qué ¨jurungar´ (revisar) este tema y, que teníamos que esperar».
Los casos de los afectados del BOD tienen diversas historias. William comentó que uno de sus conocidos decidió retirar su dinero que tenía en un banco de Alemania para depositarlo en una de las entidades de Vargas Irausquín y, «nunca lo pudo recuperar y esa persona falleció. Lo que vemos es mucha viveza, están utilizando nuestra plata y no sabemos adónde se lo llevaron. Esto es una falta de ética. Queremos justicia. Es un banco que puede hacer sus inversiones, pero deben proteger el dinero de sus clientes».
Para el abogado Roberto Hung «estamos ante un caso importante en materia financiera, de operaciones iniciadas en Venezuela. Ya es algo sistemático, no se trata de un una sola persona o de un grupo de 100 afectados».
Recordó que en Venezuela no se cuenta actualmente con un sector bancario de grandes dimensiones, pero llama mucho la atención que una entidad como la del BOD ubicada en el estrato de bancos grandes en el país, haya ejecutado actuaciones que afectaron a una gran cantidad de clientes y que no se hayan establecido responsabilidades.
Entre los afectados también se encuentran extrabajadores y jubilados del BOD quienes contaban un contrato colectivo con planes de seguros; así como de accionistas o socios minoritarios.
«Como empleado del banco a través de un plan de incentivos que se había desarrollado en la institución financiera, nosotros recibíamos esos incentivos en divisas. Al salir del BOD se me quedó prácticamente todo el dinero represado desde 2017, sin poder tener algún tipo de acceso ni desde la página web, mientras que las tarjetas fueron suspendidas», contó un extrabajador del banco venezolano que pidió no ser identificado.
A su juicio, el caso ya raya en la afectación de los derechos humanos, puesto que fue diagnosticado de una enfermedad que lo mantuvo en una situación delicada y no pudo contar con sus ahorros para costear su tratamiento.
«Fue una situación bien complicada y, viví y conocí de otras historias de familias afectadas por este caso, muchas también enfermas con cáncer, otras que perdieron sus casas y vehículos, comerciantes que perdieron líneas de créditos que tenían fuera del país, fundaciones que también eran clientes, en fin, diversas situaciones. Esto ha sido una historia compleja y lamentablemente nadie desde el banco ha dado la cara y si el dinero existe o no. Hay un silencio absoluto».
Recalcó el extrabajador del BOD que el «tema se volvió un misterio y no hay posibilidad de llamar a alguien para pedir información», luego de ejecutarse la venta de la entidad al BNC, el cual por cierto, se quedó solo con los activos y «pasivos sanos», es decir, sin la cartera de los bancos en el exterior. «¿Cómo un caso de esta envergadura llegó a estar en esta situación? Estamos hablando de unos 1.200 millones de dólares. Aunque los bancos en donde se encontraban esos recursos estaban en bancos en el exterior, el holding o el propietario es el BOD. Todos estos clientes afectados son venezolanos y llegaron allí porque eran clientes del BOD. Ya ha pasado mucho tiempo, todo está en el limbo, es como si no hubieran existido esos bancos».
Caracas / TalCual
