La economía venezolana experimenta desde hace siete años una contracción profunda, que ha dejado a su paso cierre de empresas, deterioro del poder adquisitivo y la destrucción de sectores claves como el petrolero o el de la construcción. Los especialistas advierten que la recuperación será lenta y tomará años.
Sin embargo, algunos indicadores macroeconómicos empiezan a dar signos de mejoría, sobre todo, de cara a 2022, cuando el Producto Interno Bruto (PIB) al fin podría crecer 3%, luego de ocho años de caída sostenida.
La destrucción de la riqueza que ha experimentado Venezuela en los últimos años solo se produce en países en guerra o azotados por desastres naturales, lo que hace que una recuperación en el futuro dependa de diversas medidas y cambios estructurales en el manejo del país.
Aunque muchos especialistas no dudan en atribuir la ya crónica crisis a la implantación del llamado socialismo del siglo XXI, en la actualidad hay quienes han puesto en la mesa de debate la posibilidad de una recuperación económica sin el requisito previo de un cambio de Gobierno.
La economista Christi Rangel explica en conversación con El Tiempo que no se debe olvidar que fueron las decisiones del actual Gobierno las que contribuyeron a la crisis actual. En ese sentido, considera que de no haber mayor transparencia, garantía de los derechos económicos y el cumplimiento de la Constitución una recuperación económica será limitada y no sostenida.
Entre los indicadores que dan señales de mejoría está el PIB, que pasaría de contraerse 28 % en 2020 a -3,3 % este año. Para 2022 el PIB podría crecer 3 %, según estimaciones de FocusEconomics. La inflación también empieza a desacelerar, a pesar de seguir siendo la más alta del mundo; este indicador pasará de 2960 % en 2020 a cerrar alrededor de 1549% en 2021.
El economista y gerente de operaciones de la firma Econométrica, Alejandro Castro, dice que es posible una recuperación puntual, pero descarta que sea robusta de no aplicarse correctivos necesarios. La mejora cree que también podría estar dada por los efectos de la pandemia, pues entre marzo y mayo de 2020 el país experimentó un cierre total de la economía para evitar la propagación del virus. La apertura de algunos sectores y la flexibilización de las medidas sanitarias, este año, podrían contribuir positivamente en esos negocios que estuvieron cerrados por la crisis que provocó el coronavirus.
De acuerdo con estudios que elabora Econométrica en el segundo trimestre de este año, la economía no se contrajo por primera vez en siete años.
Las sanciones como traba
La economista Christi Rangel señala que las sanciones de EE. UU. dificultan la recuperación. No obstante, apunta que dado los cambios que, a partir de 2019, adoptó la administración de Maduro, “parece que las sanciones son el único elemento que ha habido para presionar al gobierno, porque es esto lo que lo ha motivado a cambios que de otra manera no hubiera aplicado”. Por su parte, Castro indica que las sanciones impactan de forma importante al BCV, Pdvsa y a las industrias básicas, sobre todo, en el manejo de las cuentas y contratos para traer materias primas e insumos claves para la producción.
El gobierno de Nicolás Maduro ha llevado a cabo algunos cambios desde 2019, que han dado dinamismo a las empresas y les han brindado ciertas libertades al sector privado. Por ejemplo, la relajación de los controles de precios, el uso de divisas y negociaciones para devolver empresas expropiadas. También los privados han manifestado su deseo de tener un rol más activo en el sector de hidrocarburos, pero para ello la ley debe reformarse y en eso el Ejecutivo, hasta ahora, no ha dado pasos concretos.
“Para que se dé una recuperación debe haber cambios en las medidas económicas, fiscales y tributarias. Esta liberalización actual sin libertades económicas es parecida a lo que aplicó Mijaíl Gorbachov en Rusia en la década de los 90. Lo que ocurra en noviembre con las elecciones regionales puede generar cambios, pero sin medidas de envergadura no se puede recuperar la confianza y la inversión. Si las empresas locales y extranjeras no están dispuestas a invertir aquí, es bastante difícil que el PIB pueda crecer a niveles de 2013”, señala Castro.
Para que la economía venezolana vuelva a tener un PIB del tamaño de 2013, que era cerca de 200 mil millones de dólares, deberá crecer los próximos 15 años más de 10% anual de forma consecutiva, lo que sería un milagro económico. En siete años, el PIB se contrajo 79 %.
Rangel coincide en que una recuperación sostenida amerita de una reforma política, fiscal y monetaria. Esto pasa por recuperar la actividad económica, la confianza para atraer créditos internacionales, la industria petrolera funcionando sin sanciones, sanear las cuentas públicas y presentar el presupuesto a la nación y las cifras del desempeño económico, una tarea que el Banco Central de Venezuela (BCV) ha abandonado.
La especialista señala que a pesar de que el gasto del Estado ha caído, todavía hay demasiados ministerios y viceministerios que generan presión en las arcas de la nación. Además, el Estado posee 905 empresas, cuyo 53 % tiene denuncias públicas de corrupción, malas prácticas o manejos ineficientes, según una investigación de Transparencia Venezuela.
Para Rangel, el Estado debe recomponerse y ser transparente en el manejo de las cuentas de la nación.
“Queda muy poco del subsidio que se aplica en el combustible. La mayoría de la gente lo está pagando a $0,50 (el litro). ¿Qué está pasando con esos ingresos? ¿Cuánto ha representado esto? ¿Cuánto representa el costo del pasaporte, que es uno de los más costosos del mundo? Todo esto debe transparentarse y el país debe saber cómo se está gastando”, enfatiza la economista.
Tanto Rangel como Castro señalan que la recuperación -de llevarse la economía como hasta ahora- estará focalizada en pequeños grupos y sectores, que reciben ventajas de contratos o beneficios para importar a través de la exoneración de impuestos. La reactivación se percibe en algunos negocios de alimentos, como panaderías estilo boutique o bodegones. También en aquellos que venden electrodomésticos.
Pero en las industrias las cosas se mantienen estancadas y la mayoría opera a 20% de su capacidad, porcentaje en el que están desde 2019. La producción petrolera sigue alrededor de 500 mil barriles diarios, lejos de la meta de 1,5 millones de barriles diarios fijada para este año.
Los especialistas coinciden en que dentro del chavismo hay dos posturas, una a favor de que se mantengan los controles de precios y otra en contra. Esta última posee una visión más pragmática de la economía, pues este grupo tiene claro que la relajación de los controles ha contribuido a una mejor oferta de bienes y servicios y ha frenado el desabastecimiento, que se profundizó entre 2015 y 2018, cuando las autoridades regularon la venta de productos por número de cédula y artículos básicos debían conseguirse en el mercado negro.
“Debido a que el Gobierno depende de la empresa privada para sobrevivir en materia económica, no creo que retomen el control de precios a pesar de que la ley no haya sido derogada. Creo que el Gobierno se va a inclinar por la relajación de controles, porque de no hacerlo, volveríamos al mercado negro, a la escasez y a la inflación oculta o la inflación represada de algunos precios”, explica el economista Alejandro Castro.
A su juicio, los controles generan desincentivos para producir porque los precios no son competitivos. En su momento estas medidas fueron rechazadas por los privados.
Un estudio de Econométrica muestra que en agosto en el Área Metropolitana de Caracas el nivel de escasez general llegó a 18%, el más bajo de los últimos años.
“Los signos que ha mostrado el Gobierno han estado dirigidos a inversores extranjeros para que vengan al país, sobre todo, en la industria petrolera. El Ejecutivo ha dado señales de estar de acuerdo con reformar la Ley de Hidrocarburos, de cara a esas inversiones, es posible que esto se mantenga (la relajación de los controles). Ellos saben que cometieron un error al haber abandonado el manejo gerencial y técnico de Pdvsa y esto se ha sentido muchísimo en la caída de la producción, por eso es importante mostrar un panorama que sea atractivo para inversionistas. Sin embargo, algunos empresarios no terminan de confiarse porque las leyes de controles siguen vigentes, un camino de mayor apertura sería que estas leyes que contemplan controles de precio y de cambio se eliminen”, apunta Rangel.
Para Castro es posible que el sector privado tenga más peso el año que viene, “porque es una relación ganar ganar”. Le conviene al Gobierno porque a medida que el sector privado tenga más libertad para crecer, esto le permitirá mayores ingresos y, por ende, mayor declaración fiscal. “De eso vive el Estado -de los impuestos- porque la industria petrolera está quebrada, así que el Gobierno depende del sector privado para poder vivir”, dice.
Rangel menciona que otra participación que gana peso entre la relación Gobierno y privados son las negociaciones que se están dando para traspasar compañías en manos públicas a los empresarios. “Estas negociaciones se dan en un contexto muy riesgoso. Hay riesgos altísimos de corrupción, pero en cualquier caso esos procesos se están dando. Aunque sigue siendo un número pequeño de 30 empresas, de un universo de 905, han sido emblemáticas en sus sectores”, agrega.
Caracas / Ariadna García
