Activistas y defensores de derechos humanos celebraron la decisión del Tribunal 12 de Juicio que condenó a 30 años de prisión al teniente Ascanio Antonio Tarascio y al sargento Estiben Zárate Soto, por los delitos de homicidio calificado y torturas cometidos en contra del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Sin embargo, pidieron investigar la responsabilidad de la cadena de mando militar en el hecho, ya que, de lo contrario, no se estaría haciendo justicia.
Acosta Arévalo murió el 29 de junio de 2019 tras ser torturado durante varios días en las instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). El suceso tuvo repercusiones nacionales e internacionales y ha sido presentado como prueba del uso continuado y sistemático de tratos crueles por parte del Estado venezolano en las investigaciones por delitos de lesa humanidad.
La Organización No Gubernamental (ONG) Provea calificó la sentencia del tribunal dada a conocer este viernes como “un paso en el camino a la justicia de los responsables de crímenes de lesa humanidad”, no obstante, acotó que el Ministerio Público “debe investigar la cadena de mando del Dgcim por la responsabilidad que pudiese tener en el asesinato de Acosta Arévalo”.
“El capitán Rafael Acosta Arévalo fue víctima de desaparición forzada y torturas a manos de la Dgcim. La condena a dos de los autores materiales es un avance contra la impunidad. Debe investigarse la cadena de mando”, escribió la ONG en su cuenta en Twitter.
Por su parte, la abogada defensora de Derechos Humanos y directora ejecutiva de Casla Institute, Tamara Suju apuntó que la condena de 30 años de cárcel se aplicó sólo a los “ejecutores” del asesinato. “La cadena de mando denunciada ante la Corte Penal Internacional sigue impune, (incluyendo) jefes y ministros. Nada pasa en el Dgcim sin que Nicolás Maduro y Vladimir Padrino se enteren”, agregó Suju en la red social.
Waleswka Perez de Acosta, viuda del capitán de corbeta, señaló que con el proceso judicial sólo se trató de “maquillar el caso”. “Faltando pocos días, para el plazo que dio la Corte Penal Internacional a los responsables por los crímenes de lesa humanidad, el Ministerio Público condenó teniente Ascanio Antonio Tarascio y sargento Estiben Zárate Soto, no investigó la cadena de mando. No hay intención de hacer la verdadera justicia, solo de maquillar el caso.”, subrayó en su cuenta.
Antecedentes
Acosta Arévalo fue uno de los seis funcionarios, cuatro militares y dos policías judiciales, que fueron apresados, paradójicamente, en medio de la visita que realizó entre el 19 y 21 de junio a Caracas la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) Michelle Bachelet.
El para entonces, ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, informó que los funcionarios habrían estado involucrados, junto a otras ocho personas, en un complot que estaba previsto para el 23 y 24 de junio y que involucraba el asesinato del presidente Nicolás Maduro; el jefe de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello; la primera dama Cilia Flores, y un grupo de generales.
El oficial falleció el 29 de junio a la 01:00 am en el Hospital Militar del Ejercito Dr. Vicente Salías Sanoja (conocido como el Hospitalito) del Fuerte Tiuna en el oeste de Caracas, una semana después de su detención por cuerpos de seguridad el 21 de junio de 2019, en el Centro Comercial Buena Ventura en Guarenas, estado Miranda.
Tras su captura Acosta Arévalo fue desaparecido y nunca fue formalmente imputado violando las garantías constitucionales del debido proceso. Se intentó presentarlo ante el Tribunal Militar Tercero de Control, a cargo del Capitán (GNB) Maikel Amezquita Pio, el 28 de junio, en condiciones tan graves de afectación a su integridad, que el Juez ordenó su inmediato traslado al centro hospitalario más cercano, con carácter de urgencia. El capitán iba a ser acusado de traición a la patria y rebelión militar.
Tamara Suju fue una de las primeras voces en denunciar que funcionarios de la Dgcim, habían torturado al capitán de corbeta.
“Llegó a tribunales en silla de ruedas, presentando graves signos de torturas. Solo pedía auxilio a su abogado. No entendía ni escuchaba bien”, indicó.
El abogado Alonso Medina Roa citó a un testigo de la audiencia, según el cual, “el oficial no podía sostenerse en pie debido a los intensos dolores, con el cuerpo repleto de escoriaciones, las uñas con restos de sangre y los ojos morados”.
Según el acta post mortem realizada por la División de Investigaciones de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el cadáver del Acosta Arévalo, de 50 años de edad, presentaba al menos 38 lesiones.
El examen realizado por la directora del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), Sinue Villalobos, determinó, que el cuerpo presentó contusiones, escoriaciones, quemaduras, múltiples fracturas y hematomas.
Inicialmente, se informó de la imputación por el delito de homicidio preintencional con causal al teniente Ascanio Antonio Tarascio (GN) y el sargento segundo Estiben José Zarate (GN), como responsables de la muerte de Acosta Arévalo. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dio la orden de realizar una nueva investigación sobre los hechos, y el 22 de octubre de 2020 se celebró una audiencia de imputación contra los dos funcionarios implicados, esta vez, por la comisión de homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y tortura.
Un mes antes de celebrarse esta audiencia, el 16 de septiembre de 2020, fue publicado el informe de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el cual abrió la puerta a una serie de reacciones y consecuencias dentro y fuera del país.
El documento de 443 páginas concluyó que había evidencias suficientes y “motivos razonables” para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad –delitos que conforman un ataque generalizado o sistemático contra una población y con conocimiento de dicho ataque.
El informe documentó –en el lapso comprendido entre 2014 y 2019-, torturas, tratos crueles y degradantes, violaciones al debido proceso, encarcelamientos por motivos políticos, asesinatos en protestas, represión y persecución contra políticos opositores, ejecuciones extrajudiciales en el marco de operaciones de seguridad y violencia sexual.
Caracas / Rodolfo Baptista
