La sentencia con la que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó suspender “todos los efectos de las distintas fases de las primarias” presenta varias irregularidades, empezando por a quien responde tal medida.
“Que alguien ajeno al proceso quiera anularlo, no tiene sentido”, afirma Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, en referencia a la demanda del diputado José Brito, quien alegó que se le excluyó de dicho proceso.
Sin embargo, la misma denuncia pudo hacerla antes de la realización de la primaria opositora y no después de sus resultados. “Quieren usar lo jurídico para lo político”, cuestionó Daniels.
Aclaró que no se trata de defender a María Corina Machado, sino a la primaria como un mecanismo de participación ciudadana y ejercicio de democracia.
“Nosotros no nos fijamos en un color político, sino lo que estamos diciendo es que aquí se están violando derechos fundamentales que afectan a todos, porque la inhabilitación afecta a todos los venezolanos que quisiéramos votar por una opción o por la otra. Entonces, eso es lo que queremos destacar aquí, que de lo que se trata es de la violación de principios esenciales, fundamentales de un Estado de derecho”, sostuvo.
También cuestionó la citación que miembros de la Comisión Nacional de Primaria recibieron de parte del Ministerio Público para probar su inocencia, lo cual es contrario a lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal sobre la presunción de inocencia.
Daniels aclaró que la sentencia del TSJ no establece la anulación de las primarias, sino la suspensión de los efectos. En ese sentido explicó que “ya todos los efectos se han verificado: hubo elecciones, hubo candidatos, hubo campañas, se proclamó la candidata; el único efecto que podría quedar pendiente es el efecto de presentar a María Corina como candidata de los partidos que participaron en esas primarias ante el Consejo Nacional Electoral. Pero eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque los partidos dicen, bueno, no la presento como candidata a consecuencia de las primarias, sino que lo hago entonces a consecuencia de un consenso”.
Es así como se demuestra que la sentencia del TSJ es más de asidero político que jurídico, al darle legitimación a alguien que no la tiene para impugnar un proceso del que no fue partícipe, como si un opositor impugnara los resultados de las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Además, a los efectos de dicha sentencia, los partidos tienen otras opciones para postular a la misma candidata.
“Para nosotros es más un efecto mediático que un efecto real”, agregó Daniels, haciendo referencia a que la sentencia se produjo casi a la misma hora en que miembros de la Comisión Nacional de Primaria atendían a la citación en Fiscalía.
Hay quienes se preguntan también por qué pasa ahora con los acuerdos parciales firmados en Barbados, relacionados con garantías electorales. De hecho, uno de ellos dice: “las partes reconocen y respetan el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a sus mecanismos internos, atendiendo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley”.
“Aunque no lo crea, aunque todos veamos que efectivamente esto implica un quiebre del acuerdo de Barbados, hasta ahorita eso no ha ocurrido. ¿Por qué? Porque la política exterior y el cumplimiento de los acuerdos no dependen sino es única y exclusivamente del Gobierno, es decir, del Presidente de la República o de su canciller, que son los únicos que dirigen la política exterior venezolana y en consecuencia el cumplimiento de los acuerdos”, expuso.
A ello agregó: “no ha ocurrido porque no ha habido un pronunciamiento ni de Maduro ni de su canciller diciendo ‘nosotros desconocemos las primarias’, sino que lo que ha habido es un pronunciamiento de un órgano judicial ajeno al Gobierno, aunque sabemos que eso no es verdad. O sea, el Gobierno puede decir hoy, mira, yo no he reconocido las primarias porque lo que hay es una sentencia cautelar que no las ha anulado, sino que ha suspendido los efectos. Entonces, eso quiere decir que esas primarias todavía tienen validez, lo que no tienen son efectos”.
Daniels define la situación como un juego de espejos, donde el Gobierno juega con las palabras y es cuidadoso con sus expresiones.
“Son cosas formales que desde el punto de vista del derecho internacional tienen trascendencia, pero que para el público general son matices (…) ese juego, ese tipo de juego es lo que están haciendo ahorita. Y claro, el Gobierno lo que quiere hacer ver es que él tiene el control, solo los acuerdos evaluados y que lo va a cumplir como a él le dé la gana. Pero al final todavía queda un hilo delgado que muestra esperanza. Y es que, bueno, mucha bulla, mucha bulla, pero está aflojando. Esperemos que eso se cumpla”, puntualizó el abogado.
Caracas / Correo del Caroní
