Acceso a la Justicia pide investigar las denuncias sobre torturas al capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien falleció el 29 de junio mientras estaba bajo la custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
La Organización No Gubernamental (ONG) exige indagar también la desaparición forzada del oficial de la Armada, acusado de conspiración, desde su detención el 21 de junio.
“El 21 de junio, Acosta Arévalo fue detenido por individuos armados y sin identificación, sin que sus familiares o su abogado tuvieran conocimiento de su paradero, lo que configura otro crimen como lo es la desaparición forzada de personas. Los diferentes comunicados emanados por los entes gubernamentales no hacen alusión a este hecho y sólo se limitan a decir que la investigación debe enfocarse en la muerte del capitán, como si su desaparición forzada no tuviera nada que ver con este asunto”, advirtió Acceso a la Justicia.
La organización puntualizó que “la negación de la dignidad humana, que significa la tortura, implica que el torturado está a merced del sadismo del victimario, que en ese momento tiene el poder más peligroso de todos: el de decidir sobre la vida de otro en la más pura arbitrariedad, pues trata de reducir a un detenido a un simple objeto que debe amoldarse a las intenciones del torturador, para quien la víctima no es más que un ser al que hay que buscarle sus temores más íntimos, sus dolores más insoportables, buscando llevarla a un punto de desesperación tal que la lleve al borde del abismo y no le quede más remedio que consentir a sus deseos”.
Acceso a la Justicia refirió que, de acuerdo con el registro de Provea, entre 2013 y 2018 hubo 488 casos de tortura en el país.
Caracas / Corresponsalía
