A través de un comunicado, las Academias Nacionales expresaron “su profunda preocupación por la ilegítima, inconstitucional e inconvencional actividad minera desplegada en los estados Amazonas y Bolívar”.
Mostraron su preocupación por la situación del Arco Minero del Orinoco, “zona en la que actúan de manera caótica e impune grupos irregulares”, reseñó RunRunes.
"Esta actividad minera resulta ilegal, a pesar del Decreto 2.248 que creó el proyecto denominado Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco. Viola los derechos de los pueblos indígenas y demás poblaciones locales, pudiendo incluso su desaparición masiva; amenaza con afectar de forma irreversible la biodiversidad de toda la región, incluidas unidades de conservación, entre ellos el Parque Nacional Canaima, declarado por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) como Patrimonio de la Humanidad", reza parte del documento.
Las Academias creen que toda la explotación de minerales ponen en peligro a la flora y la fauna de la región selvática venezolana.
"Esta situación pone en riesgo especies vivas, algunas en peligro de extinción, y procesos ecológicos, en menoscabo del derecho constitucional a un medio ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado de todos los venezolanos".
Consecuencias
En el pronunciamiento, firmado por las Academias de la Lengua, Historia, Medicinas, Ciencias Políticas y Sociales, Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales, Ciencias Económicas e Ingeniería y Hábitat, se alerta sobre las graves consecuencias que producirá la extracción en la zona.
"Las actividades extractivas de oro, diamantes y demás minerales denominados estratégicas, tanto en fase de exploración como de explotación, en los afluentes del Orinoco y del Caroní, causarán daños ambientales irreparables a la salud de seres humanos, ecosistemas y áreas protegidas, comprometiendo el ciclo hidrológico de las cuencas amparadas por convenios internacionales, como la cuenca del Caroní que provee una de las reservas de agua dulce más importantes del país y generadora del 60% de energía que abastece a centrales hidroeléctricas".
Llamaron a la población a rechazar este tipo de prácticas que van en contra de los principios ecológicos nacionales.
"De allí que sea un deber ético y jurídico con el país y las futuras generaciones rechazar estas actividades que afectan no sólo el ambiente, su flora y fauna, sino la salud humana, tanto de mineros como de la población en general, así como los derechos humanos de los pueblos indígenas, que no solo no fueron consultados según el respectivo mandato legal".
Caracas / RunRunes
