Abandonado por los partidos políticos opositores que lo protegieron cinco meses, el fiscal general peruano, Pedro Chávarry, renunció este martes al máximo cargo del Ministerio Público luego de provocar protestas inéditas tras destituir a dos fiscales claves en investigaciones contra líderes poderosos de la política local, involucrados en actos de corrupción de la firma Odebrecht.
Chávarry fue reemplazado de forma interina por Zoraida Avalos, quien integra un comité de cinco fiscales supremos encargados de elegir entre ellos al fiscal máximo. Amado Enco, abogado estatal anticorrupción, dijo en referencia a Avalos que ella “no aparece contaminada en casos de corrupción” que han involucrado a diversos magistrados en el último semestre. Avalos, de 60 años, aún no ha declarado a los medios.
Chávarry, quien ya había adelantado la víspera que renunciaría, presentó su dimisión en una carta pública dirigida a los otros fiscales supremos y enviada a la prensa.
En la misiva se quejó de haber sido “víctima de ataques mediáticos” y en una entrevista con Blu Radio de Colombia calificó su situación en el cargo de “insostenible”. El domingo el colegio de abogados de Lima le suspendió su título de letrado, estaba aislado y durante las últimas semanas había dejado de asistir a actos públicos. Su paso como fiscal general de Perú estuvo cargado de controversia.
Horas antes de su dimisión, la policía confirmó que tres de sus guardaespaldas extrajeron documentos de la oficina de uno de sus asesores que había sido intervenida por los investigadores de la constructora brasileña. Videos del edificio de la fiscalía difundidos el martes por la prensa mostraron que las escoltas rompieron los cerrojos de las puertas de la oficina investigada, un acto prohibido por la ley.
Chávarry negó haber ordenado el ingreso de sus escoltas. “No sé qué buscaba el señor”, dijo a la radio colombiana, en referencia a uno de los guardaespaldas. En los exteriores de la fiscalía peruana decenas de activistas por los derechos humanos con banderas de Perú y cargando un muñeco pintado con tinta negra y con la forma de un buitre pedían a gritos que Chávarry también renuncie al cargo de fiscal supremo, un puesto que mantiene y que lo protege de ser investigado como los demás ciudadanos.
Horas antes del Año Nuevo, Chávarry destituyó a dos fiscales claves que investigaban a políticos involucrados en la corrupción y lavado de dinero de Odebrecht. Dos días después se vio obligado a restituirlos debido a varias protestas que estallaron en el país. La investigación a Odebrecht abarca 40 indagaciones, más de 300 personas y decenas de empresas, todas ligadas a la corrupción de la constructora brasileña en Perú, que repartía sobornos a cambio de contratos para obras públicas.
Los fiscales del caso Odebrecht informaron que la fugaz remoción de los investigadores realizada por Chávarry provocó que se postergue hasta nuevo aviso la firma oficial del convenio de colaboración eficaz con la constructora brasileña que estaba programada para el 11 de enero, así como una ronda de interrogatorios en Brasil con exfuncionarios de la compañía que iban a entregar datos y pistas claves para enjuiciar a poderosos políticos peruanos por corrupción o lavado de activos.
Tras las movilizaciones, Chávarry perdió el apoyo del partido Fuerza Popular liderado por Keiko Fujimori y del partido Aprista Peruano, encabezado por el expresidente Alan García, quienes están investigados. Fujimori está presa de forma preventiva por 36 meses, y García tiene prohibido salir del país por 18 meses. Desde agosto cinco acusaciones constitucionales que buscaban retirarlo del puesto e investigarlo estaban acumuladas en el Congreso, dominado por Fuerza Popular y apoyado por el partido Aprista.
Chávarry asumió el puesto de fiscal general en julio, y a su juramentación no asistió el presidente peruano Martín Vizcarra, quien en repetidas oportunidades le pidió que se aparte del cargo. Poco después la fiscal Rocío Sánchez, del puerto de El Callao, señaló en un informe que Chávarry y otros dos fiscales supremos formaban parte de la organización criminal “Los cuellos blancos del puerto”, según la denominó la policía, torciendo la justicia para escalar en el sistema judicial o por dinero.
“No cumplió con la tarea que le ordenaba la constitución, ha obstruido, petardeado y demorado las investigaciones contra la corrupción”, dijo a la televisora local N, César Landa, profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica de Perú. “La mafia, ‘los cuellos blancos’ compran fiscales, policías, jueces, se meten en la política y tenían que acabarse”, añadió.
Fujimori es investigada por supuestamente lavar 1,2 millones de dólares de Odebrecht para su campaña presidencial en 2011, mientras que a García se le indaga por presuntamente recibir 100.000 dólares de un fondo usado para pagar coimas. El exmandatario intentó eludir la justicia al solicitar asilo en la embajada de Uruguay, el cual le fue negado.
El presidente Vizcarra presentó la semana pasada un proyecto de ley al congreso opositor para declarar en emergencia el Ministerio Público, destituir al fiscal general y a los otros cuatro fiscales supremos. El destino de la iniciativa del ejecutivo tras la renuncia de Chávarry es incierto.
Al igual que en otros países de Latinoamérica, el caso Odebrecht ha provocado una profunda crisis en Perú, la cual ha salpicado a toda la élite política actual. La fiscalía peruana investiga a todos los presidentes que han gobernado el país desde 2001 hasta 2018 por presuntos delitos de corrupción y lavado de activos.
Lima / AP
