En la inauguración de la sesión número 48 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Alta Comisionada Michelle Bachelet cuestionó la crítica situación de los trabajadores formales y pensionados del país.
En concreto reflejó en el documento que leyó que solo el 56,1% de los trabajadores tienen un empleo formal y apenas obtienen un ingreso promedio entre 2 y 5 dólares mensuales.
El resto, el 43,9%, «o están desempleados o se encuentran en el sector informal». A lo que añadió, hablando del renglón de los pensionados, que «en 2021, el Gobierno informó de que seguía ofreciendo pensiones completas a más de 4,5 millones de beneficiarios. Sin embargo, las pensiones mensuales también fluctuaban entre dos y cinco dólares estadunidenses y no estaban indexadas a la inflación».
También dejó saber su rechazo a la ausencia de datos públicos lo que resume, según su parecer, en una también falta de políticas públicas «y a una falta de transparencia» en el manejo de los fondos públicos.
En ese tenor, señaló que en Venezuela se continúa con una mala gestión de los recursos, falta de mantenimiento de la infraestructura pública, y una grave subinversión en servicios públicos como electricidad, agua, recolección de desechos sólidos, gas doméstico y otros.
El informe que presentó a la plenaria está comprendido desde el 1 de junio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021. En el mismo la alta funcionaria señala que en ese lapso su oficina instalada en el país ha hecho un exhaustivo análisis de la situación de los derechos humanos en Venezuela, de acuerdo a visitas en el terreno, entrevistas con las víctimas, publicaciones en medios de comunicación y testimoniales.
Alabó las políticas sociales que ha hecho el gobierno «a través de programas económicos y sociales dirigidos a combatir la pobreza y a disminuir la brecha de igualdad de género». Pero pone su acento en que han estado incompletas por la ausencia de políticas públicas en estas y otras materias mencionadas.
Mantuvo la línea discursiva de sus últimas intervenciones al señalar que «las sanciones sectoriales y el impacto de la pandemia de COVID-19 han aumentado aún más la escasez de recursos disponibles».
En esta línea describió que «a pesar de excepciones humanitarias existentes, el exceso de cumplimiento de las medidas coercitivas unilaterales sectoriales, según se reporta, ha agravado la escasez de medicamentos y ha limitado las importaciones de alimentos».
Pero también advirtió que dicha situación » ha impuesto una carga adicional a las organizaciones de la sociedad civil, cuyos donantes e instituciones financieras exigen información financiera adicional detallada, desviando así las capacidades para trabajar eficazmente, en particular en las zonas rurales y remotas».
El tema de «la escasez de combustible (que) afectó negativamente en la producción y distribución de alimentos, el transporte público, los servicios públicos, la educación y el sector de la salud», también está reflejado en el informe oral de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos.
Sobre el diálogo que se desarrolla en México dijo confiar en que «que pueda conducir soluciones significativas y se traduzca en mayores avances la protección de los derechos humanos. También en el compromiso de las autoridades con mi oficina y confío en que seguiremos profundizando en nuestra cooperación», apuntó.
En otro apartado denunció la existencia de una grave crisis ambiental en el país producto de la combinación de las actividades del Arco Minero del Orinoco y los recientes derrames petroleros.
Con respecto a la vacunación contra la COVID-19, el informe plantea no solo plantea que «la situación es dramáticamente baja» sino que además no existe una data detallada de beneficiarios, uso de fondos públicos y monitoreo después de la vacunación que debe proporcionar el Ministerio de la Salud.
Caracas / Radio Fe y Alegría
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