El Departamento de Estado de los Estados Unidos, emitió este martes un informe especial sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela durante el año 2020, en el que condenó las constantes violaciones de Derechos Humanos cometidas presuntamente por el Ejecutivo de Nicolás Maduro en contra de la población venezolana.
“Los miembros de las fuerzas de seguridad cometieron numerosos abusos, y un informe de la ONU concluyó que había motivos razonables para creer que las autoridades gubernamentales y las fuerzas de seguridad habían cometido crímenes de lesa humanidad”, dice el informe.
El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken precisó que, entre otras cosas, se han cometido “ejecuciones, desapariciones forzadas, tortura, y casos de trato cruel, inhumano y degradante”, así como la privación de libertad de cientos de personas por razones políticas.
El Departamento de Estado recordó que las ONG Foro Penal y Robert F. Kennedy Human Rights, documentaron 753 desapariciones forzadas de presos políticos entre 2018 y junio de 2020.
Asimismo, pese a la condena internacional, “el régimen de Maduro continuó negando las solicitudes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de visitar el país”.
De acuerdo a los reportes citados por el Departamento de Estado, “los detenidos fueron sometidos a asfixia, descargas eléctricas, rotura de huesos, colgamiento de las extremidades y obligación de pasar horas de rodillas”.
“Los detenidos también fueron sometidos a bajas temperaturas, privación sensorial y privación del sueño; permanecieron esposados durante largos periodos de tiempo y recibieron amenazas de muerte para ellos y sus familiares. Los detenidos informaron de que las fuerzas de seguridad afines al régimen los trasladaban de los centros de detención a casas y otros lugares clandestinos donde se producían los abusos”, agregó el informe.
Igualmente, “entre los casos de torturas también hubo denuncias de que a los detenidos no se les permitió atención médica”.
La ONG PROVEA identificó 574 casos de tortura por parte de las fuerzas de seguridad afines al régimen en 2019, lo que provocó la muerte de al menos 23 personas.
El informe del Departamento de Estado expone las “graves restricciones a la libertad de expresión, a la prensa y a Internet, bloqueando sistemáticamente las señales e interfiriendo en el funcionamiento de la televisión, la radio y otros medios de comunicación privados, o cerrándolos”.
Al respecto, Estados Unidos sostiene que el ejecutivo de Maduro “criminalizó la libertad de expresión al declarar la información desfavorable a sus políticas como difamación y calumnia, incitación a la violencia o al terrorismo, incluida la información precisa sobre las tasas de infección del COVID-19″.
En el plano electoral, el gobierno de Joe Biden rechazó las elecciones del pasado 6 de diciembre. En esa línea, criticó el incremento de la persecución contra los diputados de la Asamblea Nacional (AN) y contra el Gobierno de Juan Guaidó.
Washington / Agencias
