El abogado, criminólogo y defensor de derechos humanos José Vicente Faría Labarca denunció que él y su familia son víctimas de persecución política por parte de autoridades venezolanas, luego de que señalara presuntas detenciones ilegales y desapariciones forzosas atribuidas a funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Según relató, las amenazas comenzaron en marzo de 2025, días después de que hiciera públicas las denuncias. Aseguró que tanto él como su esposa recibieron advertencias y que sus familiares también fueron objeto de señalamientos.
“Hemos recibido constantes amenazas del gobierno, militares y civiles, de incriminar a mis familiares para mantenernos silenciados”, expresó Faría.
El abogado indicó que posteriormente le abrieron una causa penal en la que lo vincularon con algunos de sus clientes. Consideró que este procedimiento constituye una forma de “criminalización al ejercicio del abogado” y sostuvo que su condición de representante legal de personas investigadas en casos de alto perfil lo convirtió en objetivo de los organismos de seguridad.
“Al ser abogado de ciudadanos investigados en estos casos de alto perfil, me convirtieron en un objetivo clave para la obtención de información con respecto a dichos ciudadanos a través de la tortura; por lo que debí salir del país con mi familia”, afirmó.
Faría también cuestionó el uso de la declaración de un supuesto testigo protegido, a quien aseguró haber asistido legalmente en 2012 durante un proceso de extradición en Panamá. Según su versión, el testimonio de este ciudadano es utilizado por el Ministerio Público para vincularlo con los hechos investigados.
El jurista, quien actualmente se encuentra en España, manifestó preocupación por su seguridad y la de sus familiares. “El terrorismo de Estado es trasnacional, e incluso hay agentes dentro de España encargados de perseguir”, sostuvo.
En relación con su situación judicial, Faría denunció que sus bienes fueron incautados y que las instalaciones de su bufete, Faria Corporación Jurídica Internacional, C. A., funcionan actualmente como un comando militar de la Guardia Nacional con calabozos para detenidos.
Asimismo, informó que solicitó ser incluido entre los beneficiarios de la Ley de Amnistía, aprobada en febrero de este año por la Asamblea Nacional y la administración de Delcy Rodríguez. Sin embargo, aseguró que la petición fue rechazada dos meses después de haber sido presentada.
El abogado pidió que su expediente sea revisado y que se investiguen las actuaciones de los funcionarios involucrados. También vinculó su solicitud con el proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“Hay muchos interesados en callar la verdad, y que los verdaderos culpables de esos delitos gravísimos salgan impunes”, manifestó.
Madrid / Redacción web
