Un ciudadano de nacionalidad venezolana residente en Miami fue condenado a más de 12 años de prisión federal tras admitir su responsabilidad en delitos de tráfico de cocaína y metanfetaminas, así como por la posesión ilegítima de armas de fuego vinculadas al narcotráfico, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La sentencia de 147 meses de reclusión fue dictada por la jueza principal del Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Florida, Cecilia M. Altonaga. La resolución judicial se produjo luego de que el procesado, identificado como Glen Sebastián Mendoza, de 33 años, se declarara culpable de múltiples cargos criminales, entre los que figuran la distribución e intento de distribución de sustancias controladas, la posesión de drogas con fines de comercialización y el porte de armas para facilitar operaciones ilícitas.
De acuerdo con el expediente judicial presentado por el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones, las investigaciones determinaron que Mendoza operó una red de distribución de cocaína en distintas zonas de Miami entre septiembre y diciembre de 2025. El operativo principal de intercepción tuvo lugar el 3 de diciembre de ese mismo año, cuando las autoridades antinarcóticos detuvieron al imputado mientras se desplazaba a concretar una transacción portando aproximadamente 613 gramos de cocaína. Posteriormente, durante el allanamiento practicado en su residencia, agentes federales y locales incautaron kilogramos adicionales de la misma sustancia, así como tres armas de fuego, entre las que destacaban dos pistolas de fabricación casera conocidas en el ámbito forense como pistolas fantasma por carecer de seriales de identificación, además de una pistola Sig Sauer cargada, abundante munición, cargadores, balanzas de precisión y material de empaque. En conjunto, las autoridades le atribuyeron la responsabilidad legal por el tráfico de más de un kilogramo de cocaína.
El caso tomó un giro agravante durante el proceso penal, luego de que a Mendoza se le concediera la libertad bajo fianza con medidas cautelares de arresto domiciliario y monitoreo electrónico. Durante el disfrute de dicho beneficio procesal, las agencias de inteligencia detectaron que el acusado reincidió en las actividades delictivas al coordinar una nueva transacción para la comercialización de cerca de 191 gramos de metanfetamina, hecho que motivó la revocación inmediata de la medida sustitutiva y su reingreso en prisión.
Representantes de la fiscalía federal remarcaron que el uso de armas no registradas para resguardar cargamentos de droga constituye una amenaza severa para la seguridad pública en el sur de Florida, enfatizando que la condena busca enviar un mensaje de disuasión a las organizaciones que operan en la región.
Las actuaciones que derivaron en la condena fueron coordinadas por el grupo de trabajo del Área de Alta Intensidad de Tráfico de Drogas, adscrito a la división de campo de la Administración para el Control de Drogas en Miami, con la colaboración de la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade y el Departamento de Policía de Miami Beach. La representación del gobierno en el juicio estuvo a cargo de la fiscal adjunta federal Almas Abdulla.
Miami / Redacción Web
