Según la Organización no Gubernamental (ONG) Foro Penal, en el país aún quedan unos 300 presos políticos, y los familiares de algunos de ellos manifestaron sus deseos de que sus parientes sean definitivamente liberados.
Esto lo dijeron en el marco del conversatorio "Cuando defender es resistir", realizado este jueves 17 de agosto en el Centro de Profesionales Universitarios, y que fue encabezado por el presidente de esa ONG, Alfredo Romero.
Las personas consultadas también coincidieron en calificar como duro el proceso que han atravesado con sus hijos o esposos privados de libertad, debido a factores psicológicos o económicos, aunque no pierden la esperanza de que pronto los puedan ver de regreso a casa.
El capitán Juan Carlos Caguaripano es probablemente uno de los nombres más reconocidos entre los presos políticos que quedan en Venezuela y de eso está consciente su padre, Juan Bautista Caguaripano.
Según lo manifestado por el adulto mayor, actualmente el caso de su hijo, y de otros 22 procesados por la misma causa, está rodeado de incertidumbre, pues el 16 de septiembre se venció el plazo de 10 días que tenía la Corte de Apelaciones del estado Carabobo para pronunciarse con respecto al recurso de nulidad contra la condena de 30 años de cárcel, presentado por la defensa.
"Estamos esperando con mucha ansiedad. Debió haber sido ayer (miércoles) la respuesta y hasta ahora nos mantienen con una ansiedad que nos enferma", expresó el señor, quien agregó que el resto de familiares de los detenidos por la Operación Paramacay también son personas de la tercera edad.
Insistió en que todo el proceso les afecta en lo emocional y que se ha visto reflejado, por ejemplo, en su sistema cardíaco. Además se cuestiona hasta cuándo los van a tener en la misma espera que los ha hecho sufrir bastante, agregó.
Por el lado de Yulitza Solano o Norbelis Rojas son sus esposos los que llevan casi dos años privados de libertad, tras ser vinculados con el caso "Pdvsa obrero".
Solano resaltó lo difícil que ha sido todo, pues quincenalmente debe trasladarse al centro penitenciario Yare II, en el estado Miranda, para poder visitar a su esposo (César Cifas) y esto implica un gasto importante.
No obstante, también debe sacar fuerzas para atender a su hijo que tiene una enfermedad intestinal crónica y que necesita un tratamiento que no puede costear.
"Mi hijo necesita con urgencia un tratamiento biológico. Es costoso y no sabemos cómo lo podemos adquirir, por lo que necesitamos que liberen a mi esposo, que era el que podía cubrir esa necesidad de mi hijo con respecto a la enfermedad", manifestó.
A su vez Rojas recordó que un grupo de trabajadores que habían sido detenidos por la misma causa recibieron medida cautelar, por lo que hay varios que pudieron regresar a sus casas y otros que siguen en prisión.
"Nos hacemos la pregunta de por qué unos sí y otros no. No estamos de acuerdo con la justicia selectiva y una vez más hacemos un llamado para que se extiendan las medidas a los que están privados de libertad", puntualizó.
Finalmente insistió en el derecho que tienen los involucrados de continuar el proceso en libertad, para poder demostrar su inocencia.
Lechería / Javier A. Guaipo
