En el marco del 63.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, diversas organizaciones de la sociedad civil realizaron en el Palacio de las Naciones en Ginebra, Suiza, el evento paralelo titulado "La urgente necesidad de renovar la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela". La actividad reunió a representantes diplomáticos, activistas y expertos independientes para exponer las razones técnicas y jurídicas que justifican la continuidad del mecanismo de investigación creado por la ONU en 2019.
Durante las palabras de apertura, David Gómez Gamboa, director de Aula Abierta y docente de la Universidad del Zulia, sostuvo que los factores que motivaron la creación de la Misión persisten, por lo que su labor resulta estratégica para la documentación de violaciones a los derechos humanos y la rendición de cuentas. En esa misma línea, Ligia Bolívar, directora de Alerta Venezuela y profesora de la Universidad Católica Andrés Bello, expuso que el escenario político actual no representa una transición a la democracia, sino un reacomodo de fuerzas dentro de las estructuras existentes. Bolívar informó que entre enero y julio se registraron 161 violaciones a la libertad de expresión, según datos de Espacio Público, y denunció la falta de acceso de los organismos independientes a los centros de reclusión.
El director de Civilis Internacional, Ricardo Villalobos Fontalvo, detalló la existencia de 38 normas contrarias a los tratados internacionales que restringen el trabajo de la sociedad civil. Entre ellas, destacó la Ley de Fiscalización de las ONG, aprobada en agosto de 2024, indicando que solo el 3,4 % de las organizaciones de derechos humanos consultadas ha logrado registrarse de manera formal. Villalobos mencionó además la afectación a la libertad de asociación y denunció la falta de despliegue institucional adecuado y las interferencias de cuerpos de seguridad durante la atención a los recientes sismos en el norte del país. Asimismo, Gómez Gamboa alertó sobre los cortes de energía eléctrica en las regiones y las limitaciones presupuestarias que afectan a las universidades venezolanas.
La representante de Amnistía Internacional, Clara del Campo, centró su intervención en el uso de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y la omisión de atención médica a personas privadas de libertad, estimando entre 328 y 400 las personas detenidas por motivos políticos. Del Campo ejemplificó la situación con casos individuales y advirtió sobre el impacto del traslado de prisioneros sin notificación a sus familiares.
En relación con el funcionamiento del aparato de justicia, Santiago Canton, secretario general de la Comisión Internacional de Juristas, contrapuso la cifra gubernamental de 8.000 beneficiarios de la Ley de Amnistía con las 1.149 excarcelaciones confirmadas por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos entre finales del año pasado y junio del presente periodo. Canton señaló la falta de autonomía judicial en la aplicación de leyes sobre terrorismo y odio. Por su parte, Carlos Lusverti, director del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, apuntó irregularidades y opacidad en los procesos de reforma legislativa y en la designación de los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo.
Luis Carlos Díaz, en representación de Transparencia Venezuela, presentó cuatro solicitudes concretas a las delegaciones internacionales: la renovación del mandato de la Misión de Determinación de Hechos y de la Oficina del Alto Comisionado, la asignación de recursos para continuar las investigaciones, el mantenimiento del escrutinio internacional y la atención integral a las víctimas.
En la sección técnica del evento, los integrantes de la Misión defendieron la necesidad de extender sus competencias. Alex Neve recordó que los informes previos han concluido la existencia de crímenes de lesa humanidad en el país. Maria Eloisa Quintero explicó que la coyuntura actual requiere profundizar en la investigación de las cadenas de mando intermedias y de los actores que facilitan el sistema represivo. Sofía Macher, presidenta de la Misión, afirmó que las medidas puntuales adoptadas por el Estado no implican el desmantelamiento de las estructuras ni garantizan la no repetición de los hechos. Finalmente, Gloria de Mees, relatora para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, resaltó el valor de las pruebas recabadas por la Misión para eventuales procesos judiciales y aclaró que sus funciones son complementarias con las actuaciones de la Corte Penal Internacional.
Por Redacción web
