Que el empresario Alejandro Betancurt, de 46 años, pasara la semana pasada a convertirse de pieza clave de uno de los “mayores acuerdo petroleros de la historia” en palabras del propio presidente Donald Trump, es algo que no se vio venir.
Fue casi como un movimiento telúrico más, uno de los tantos -políticos o naturales- que ha experimentado el al país a lo largo de 2026.
Acusado por lavado de dinero y actos de corrupción por aproximadamente una década y en distintos países, Betancourt pasó con su empresa North American Blue Partners (Nabep) a ser socio del Pentágono en un proyecto que, según la Casa Blanca establece el control estadounidense sobre al menos 65 mil millones de barriles de las reservas de petróleo.
El propio secretario de Estado, Marco Rubio, defendió la elección del empresario “No existía ninguna investigación dentro de nuestro sistema”, dijo en una entrevista en divulgada en redes sociales.
La propia presidenta encargada Delcy Rodríguez, afirmó que su causa había sido “sobreseída” en Venezuela.
Leopoldo Alejandro Betancourt López nació en Caracas en 1980. Ya en 2009 fundó la empresa Derwick Associates de Venezuela S.A., que obtuvo contratos millonarios para hacer frente a la crisis eléctrica que ya atravesaba el país. Estos convenios con los años fueron objeto de investigaciones por sobreprecio y desvío de fondos.
Betancourt formó parte de una generación de jóvenes que fueron apodados “bolichicos”, quienes amasaron cuantiosas fortunas al amparo de los gobiernos chavistas de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
En medio de la emergencia eléctrica que afectaba a los venezolanos hace más de 15 años, Derwick logro 12 contratos en menos de 14 meses para la construcción de plantas eléctricas en distintos estados del país, sin que su empresa mostrara trayectoria comprobada en la ejecución de obras civiles, según apunta un informe elaborado por la Organización No Gubernamental (ONG), Transparencia Venezuela.
"El beneplácito vino del gobierno del entonces presidente Hugo Chávez, quien pagó a la empresa $ 2 mil 900 millones en presuntos sobreprecios de acuerdo a cálculos de nuestra organización (…) El ascenso del empresario venezolano tendría su raíz en su cercanía con Javier Andrés Alvarado Pardi, hijo del expresidente de la Electricidad de Caracas, Javier Alvarado Ochoa, también investigado por corrupción en Estados Unidos, España, Andorra, Portugal y Venezuela. Por su suerte en los negocios, Alejandro Betancourt, junto a Pedro Trebbau López y Francisco Convit Guruceaga, quien según algunas versiones periodísticas se habría fugado este mismo mes de una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), fueron conocidos luego como ‘los Bolichicos’”, indica la ONG.
En 2013, la Contraloría General de la República, realizó una investigación y emitió un informe especial al respecto, sobre la adquisición de distintos equipos para paliar la emergencia eléctrica en Pdvsa, incluyendo varias empresas (al menos nueve). Una parte de las compras fueron de Dewick (entre ellas 13 turbogeneradores de gas y accesorios), fueron destinadas a Bariven S.A. y se ejecutaron sin licitación. La Contraloría señaló la “falta de planificación” para la ejecución del decreto de emergencia, así como los pagos con sobreprecio por parte de Derwick, además de un desembolso adicional, entre otras irregularidades. El informe final fue firmado por Rafael Yoll, Director de Control del Sector Industria y Comercio (e) de la Contraloría.
Transparencia Venezuela señala que, por este caso, Venezuela abrió una investigación judicial que cerró en 2015 porque un tribunal de control del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la jueza Romy Rojas, consideró que no había pruebas que demostraran alguna irregularidad en las contrataciones.
En 2017, el fiscal general nombrado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, afirmó que Betancourt López formaba parte del grupo de empresarios acusados de poner sobreprecios en contratos con Pdvsa.
En este punto Betancourt había pasado de ser un beneficiado del gobierno chavista a un blanco de ataque por sus presuntas vinculaciones con el gobierno interino de Juan Guaidó (2019) y comenzó a ser acusado abiertamente por distintos voceros del chavismo, entre ellos, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez.
“En agosto el 2022, el entonces ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, hoy detenido por su presunta vinculación en la trama Pdvsa-Cripto, señaló a Betancourt López como uno de los receptores del dinero que transfirieron los corredores financieros y hermanos Luis Alfonso e Ignacio Enrique Oberto Anselmi en un esquema de corrupción en el que participaron altos exfuncionarios y que comprometió $ 4 mil 850 millones de Pdvsa”.
Aunque en Estados Unidos Betancourt López estaba identificado como conspirador en el esquema Money Flight, que asciende a $ 1 mil 200 millones desfalcados a Pdvsa y por el cual un grupo de exfuncionarios venezolanos y empresarios ha sido condenado.
Con las declaraciones del Secretario de Estado, Marco Rubio, se asume que esta pesquisa también fue desestimada.
En España, el empresario ha comprado propiedades lujosas, incluyendo un castillo, tras las contrataciones con el Estado venezolano.
Pocos años después, la historia empresarial de Alejandro Betancourt López dio otro giro, para su beneficio.
No solo no fue imputado en Venezuela por corrupción, sino que habría tenido carta abierta para comercializar petróleo a través Nabep.
Aunque ahora es que ha adquirido notoriedad con su acuerdo con el Pentágono para extraer crudo, Nabep fue creada en Venezuela para actuar en el área petrolera. Junto a Betancourt estaba el empresario estadounidense Harry Sargeant III, según parte de un acuerdo confidencial de venta de crudo que se habría firmado con Pdvsa, en abril de 2024, indica el informe de Transparencia Venezuela.
De acuerdo con las versiones de prensa, el empresario estuvo varios años explotando y comercializando pozos petroleros en el Zulia, a través de la empresa Gazprombank Latin America Ventures BV, que surgió a su vez de la sociedad entre Gazprombank Global Resources y Derwick Oil and Gas Corporation.
Una red de más de 50 empresas identificadas
Betancourt está vinculado con al menos 50 empresas, identificadas hasta mediados de octubre de 2025, dedicadas a la prestación de servicios financieros, compra y venta de petróleo y la construcción de obras civiles, sobre todo en el ámbito energético.
Sus empresas se distribuyen en los siguientes países: Venezuela (7), Barbados (6), Luxemburgo (5), Estados Unidos (4), España (6), Brasil (4), México (2), Panamá (4), Reino Unido (5), Australia (1), Bélgica (1), Colombia (1), Francia (1), Hong Kong (1), Países Bajos (1), Portugal (1). La mayor parte fue creada entre 2009 y 2018.
Al menos 19 del total de empresas se encuentran activas: Derwick Associates de Venezuela, S.A., Derwick Associates Corporation (Venezuela y Barbados), B.G.B. Energy, C.A. (Venezuela), Inversiones Ameritile C.A. (Venezuela), Maruria Holdings, S.R.L. De C.V. (México), Gazprombank Latin America Ventures BV (Países Bajos), Hawkers Group SL (España), Saldum Ventures, S.L. (Brasil), Saldum Australia PTY LTD (Australia), Play Hawkers Hong Kong Limited (Hong Kong), Play Hawkers S.L. (Francia y Bélgica) y North American Blue Energy Partners ( Nabep- Venezuela). A ella se suman Eiffel Real Estate SL y Guanabana Real State SL (España), Banstead Assets S.A. (Panamá), así como Black Obsidian Limited y Heli-Fast Limited (Reino Unido).
Para 2012 ya tenía empresas en Panamá, Estados Unidos, España y Barbados. Entre 2015 y 2018, se sumaron Luxemburgo, Brasil, Australia, Hong Kong, Francia y Bélgica. En 2020 estableció Heli-Fast Limited en Reino Unido y luego en abril de 2025 creó, también en ese país, la empresa Black Obsidian Limited.
Betancourt López y Trebbau López (otro de los llamados bolichicos) figuraban en dos demandas introducidas en cortes de Nueva York. La primera la interpuso el exembajador de Venezuela en Estados Unidos (1986-1989) y abogado, Otto Reich, señalándolos de cometer corrupción, sobornos, fraude electrónico y difamación. Posteriormente, el juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Paul Oetken, desestimó la acusación por considerar que los empresarios no tenían residencia permanente en esa ciudad. Aunque el demandante apeló la decisión, un juez absolvió a los empresarios en marzo de 2017.
La segunda demanda fue introducida por el director ejecutivo y fundador de Human Rights Foundation (HRF), Thor Halvorssen Mendoza, en marzo de 2014, también ante un tribunal de Nueva York, donde alegó que los presuntos sobreprecios en las contrataciones eran de hasta 400%. La demanda fue desestimada por competencia jurisdiccional.
Según el medio digital, Armando.info., en 2015 el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió a Suiza cooperación para investigar a Derwick Associates Corporation por el supuesto uso de cuentas bancarias en ese país para lavar dinero proveniente de actos de corrupción en Venezuela, Una solicitud similar envió el entonces fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara, a 18 bancos suizos para conocer las transacciones de los empresarios, y si estas violaban la Ley Bancaria de Nueva York y la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
Según Halvorssen Mendoza, la red de corrupción de los “bolichicos” no solo alcanzó al sistema financiero estadounidense y suizo, sino también al de Canadá, luego de que Derwick adquiriera acciones de Pacific Exploration & Production, con sede en Toronto.
A esta lista de países a la que habría ingresado el dinero ilícito, según la información que recibió el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se sumaron Costa Rica, Panamá, Mónaco, Curazao y Hong Kong.
En mayo de 2018, medios de comunicación informaron que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de España sobre presunto blanqueo de capitales relacionado con la adquisición de inmuebles y movimientos financieros vinculados con Betancourt López.
Betancourt López también fue detenido en septiembre de 2025 en Londres por acusaciones relacionadas con lavado de dinero y una trama de corrupción de desvío de millones de Pdvsa, fue trasladado de nuevo a una comisaría del Reino Unido, según indicó el diario londinense Daily Mail. En esta ocasión, la aprehensión de Betancourt fue solicitada por un juzgado de Suiza, que lo acusó de haber utilizado el sistema financiero del país alpino para legitimar capitales entre octubre de 2010 y enero de 2018. Según el medio británico, el empresario fue arrestado en la estación de trenes de Charing Cross, en el centro de Londres.
Inicialmente permaneció detenido por la orden internacional emitida desde Suiza, pero fue liberado bajo fianza tras pagar 2 millones de libras (2,6 millones de dólares).
Betancourt tuvo que entregar sus pasaportes venezolano e italiano al tribunal y quedó impedido de solicitar o poseer cualquier otro documento de viaje internacional. No obstante, las restricciones de desplazamiento no fueron absolutas. En una decisión llamativa, los tribunales le autorizaron viajar en helicóptero privado entre sus lujosas residencias en Chelsea, en el centro de Londres, y Oxfordshire.
Mientras, la orden de captura española contra Betancourt quedó anulada. “Tenía órdenes de detención concurrentes. La orden española fue anulada y sustituida por la suiza, que es la que se sigue actualmente. Como solo puede haber un procedimiento en curso a la vez, esta fue la solución para esta persona”, explicaron fuentes judiciales británicas.
Pero la anulación de la petición de extradición española no significa el fin de la causa contra Betancourt en ese país. La justicia suiza habría pedido unir esfuerzos para procesar al venezolano, según revelóel diario madrileño El País.
El juez español investiga al empresario por desfalcar a Pdvsa millones de dólares, que habrían terminado en sus cuentas, en la de sus primos (Pedro José de Jesús Benito Trebbau y Francisco Convit Guruceaga) y de varios exfuncionarios venezolanos.
Según investigadores españoles, esta operación comenzó en 2010 y habría durado hasta “al menos hasta 2019”. La Fiscalía Anticorrupción sospecha que la trama ha invertido “importantes cantidades de dinero” en territorio español en bienes “muebles e inmuebles” tras traer el dinero de Venezuela “pagando sobornos a funcionarios” por un total de 49 millones de dólares.
Caracas / Rodolfo Baptista con información de Transparencia Venezuela
