Jubilados de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) se concentraron, por quinta semana consecutiva, en la avenida Municipal de Puerto La Cruz, en Anzoátegui, para denunciar la drástica reducción de sus ingresos tras más de un mes y medio de acciones de protesta a nivel nacional.
Zoila Guevara de Guerra, quien laboró durante 32 años en la empresa, manifestó su rechazo ante la disminución imprevista del 25% del "bono vital" (pasó de $200 a $150) y exhortó a los patronos a considerar la situación crítica por la que atraviesan los adultos mayores.
Enfatizó que la medida viola el marco legal vigente en el país sobre la irrenunciabilidad de los derechos laborales y solicitó formalmente la restitución de los montos descontados.
"Hay una ley en Venezuela que no se puede degradar el sueldo de nosotros ni de nadie, ni siquiera los activos ni de nadie en el país. Nosotros estamos pidiéndoles que se toquen la fibra y piensen que a nosotros no nos alcanza, ya los números no dan para que nosotros podamos hacer malabarismo. Les estamos pidiendo (a los patronos) que se pongan la mano en el corazón", expresó.
Guevara señaló, además, que los actuales salarios percibidos son insuficientes para cubrir las necesidades alimentarias básicas y alertó que desde hace seis meses no gozan del beneficio de suministro de medicamentos.
La dama instó a los representantes patronales y a las organizaciones sindicales a instalar mesas de negociación con el propósito de revisar las medidas aplicadas de manera unilateral.
Marginados
Freddy Enríquez, jubilado con 35 años de trayectoria en la compañía estatal, calificó de "marginación" la realidad operativa que afrontan tras la supresión del beneficio alimentario y de la antigüedad.
Explicó que la eliminación repentina de estos conceptos conculca conquistas contractuales históricas, afectando gravemente la capacidad de compra de las familias dependientes de este sector.
A su juicio, la restitución de estas asignaciones constituye una obligación por parte del patrono ante los años dedicados a la operatividad de la red de telecomunicaciones.
También lamentó la suspensión total de la cobertura médica, hospitalaria y farmacéutica que anteriormente brindaba la empresa.
Ante la imposibilidad de cubrir tratamientos patológicos crónicos con las pensiones actuales, Enríquez aseguró que ha tenido que "pedir prestado" y "matar tigritos" para garantizar el sustento diario.
Recalcó que la exigencia del sector jubilado contempla la restitución inmediata del plan de salud integral para garantizar una atención digna a la nómina pasiva.
Sin respuestas
Por su parte, el vicepresidente de la Asociación de Jubilados de Anzoátegui, William Pacheco, calificó como insatisfactorias las respuestas emitidas hasta el momento por las autoridades de la Cantv y las instituciones públicas.
Aunque la Defensoría del Pueblo designó un fiscal para la inspección de la sede de Cantv, tras denuncias tramitadas desde Caracas, el representante gremial enfatizó que los lapsos procesales del sistema judicial no responden a la urgencia alimentaria y de salud de los jubilados.
Hizo énfasis en que los depósitos recientes han alcanzado montos mínimos equivalentes a fracciones de dólar, citando asignaciones de $0,32 que impiden la adquisición de medicamentos de uso continuado como antihipertensivos.
Finalmente, reiteró el llamado a la comunidad y a los gremios organizados de Anzoátegui a respaldar el reclamo de una restitución inmediata de sus beneficios contractuales.
Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez
