Las empresas y comercios afectados por los terremotos del 24 de junio continúan acumulando obligaciones tributarias, pese a las dificultades para retomar sus actividades, advirtió Andy Oropeza, asesor empresarial en materia tributaria, financiera e inversión, durante una entrevista en el programa Háblame Bajito de Radio Fe y Alegría Noticias.
Oropeza señaló que, tras la emergencia, el sector esperaba un decreto que estableciera medidas especiales para las zonas afectadas, principalmente La Guaira, donde se concentra una importante actividad comercial y aduanera. Sin embargo, hasta ahora las prórrogas han sido otorgadas solo por las alcaldías.
Explicó que el Código Orgánico Tributario contempla mecanismos para atender situaciones de fuerza mayor, entre ellos un decreto de emergencia del Ejecutivo nacional o una providencia del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) dirigida a los contribuyentes o sectores afectados.
A su juicio, los contribuyentes afectados no deberían recibir sanciones por incumplir temporalmente sus deberes formales, como la presentación de declaraciones, debido a las consecuencias de la emergencia. “Por fuerza de causa mayor no deberían sancionar a nadie”, afirmó.
El asesor aclaró que una eventual exoneración de sanciones no significa que las empresas queden liberadas de sus obligaciones tributarias. Una vez que puedan retomar sus actividades y ponerse al día administrativamente, deberán cumplir con las declaraciones correspondientes.
Oropeza advirtió que los impuestos continúan generando obligaciones para las empresas perjudicadas por el desastre, esto incluye los tributos municipales y las contribuciones parafiscales.
Precisó que incluso cuando una empresa presenta una declaración en cero debe pagar un mínimo tributario municipal, dependiendo de la actividad económica y del municipio donde tenga su domicilio.
A esto se suman las dificultades que enfrentan los negocios que perdieron equipos o documentación durante los saqueos.
Por ello, recomendó a los afectados reunir todos los documentos que permitan demostrar los daños sufridos, como inspecciones de los bomberos, evaluaciones de Funvisis, etiquetas de riesgo de las edificaciones y denuncias por saqueos.
“Mi consejo es que tengan los soportes necesarios para que puedan refutar”, expresó.
Oropeza consideró que las inversiones destinadas a reconstruir infraestructura, adquirir maquinaria o hacer importaciones vinculadas con la recuperación deberían recibir incentivos fiscales.
Subrayó que estos beneficios no deberían limitarse al sector construcción, sino extenderse a las empresas que participen en la recuperación económica de las zonas afectadas.
Agregó que se están celebrando reuniones para buscar un consenso entre el Seniat y los empresarios sobre las medidas que permitan atender la situación tributaria.
El asesor destacó la necesidad de reactivar rápidamente la actividad económica en La Guaira, donde tienen un peso importante los sectores aduanero y comercial.
Apuntó que las dificultades en las operaciones aduaneras afectan las importaciones y, a su vez, retrasan la recuperación del comercio y de la actividad turística.
Igualmente, declaró que las empresas afectadas esperaban algún respaldo para mantener sus nóminas durante el período en que no pudieron generar ingresos y alertó que muchas empresas podían quedarse sin flujo de caja para garantizar la estabilidad laboral de sus trabajadores.
Antes de reanudar operaciones, recomendó a las empresas evaluar sus condiciones administrativas y tributarias, identificar los equipos y documentos perdidos, revisar las pérdidas de inventario y analizar las alternativas de financiamiento disponibles.
Finalmente, informó que su equipo ofrece asesoría sin costo a las personas y empresas realmente afectadas por los terremotos. Para contactarlos, pueden hacerlo a través de la cuenta de Instagram @bascabusiness o por el número 0414 9017742.
La Guaira / Radio Fe y Alegría Noticias
