En el primer trimestre de este año documentamos untotal de 30 casos, 75 violaciones a la libre expresión y 27 detenciones, revela el informe de la ONG. Espacio Publico, donde se evalúa la gestión oficial y se adierte que al cumplirse los primeros 100 días de la gestión de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, el balance en materia de libertad de expresión presenta una cara ambivalente.
En efecto, mientras el Ejecutivo intenta proyectar una imagen de normalización y apertura ante la comunidad internacional, los datos de agresiones a periodistas, la opacidad de los ministerios y un entramado legal restrictivo sugieren que la estructura de control sobre la información permanece intacta.
Hasta ahora los cambios comunicacionales se evidencian con nombramientos de nuevas autoridades: en el ministerio para la Comunicación pusieron a Miguel Pérez Pirela, filósofo, comunicador y fundador de La Iguana TV, para liderar la estrategia comunicacional y “la batalla de la verdad”. También está el regreso institucional del Palacio de Miraflores a X (antiguo Twitter) con la creación de la cuenta de Miraflores al Momento (@AlMomento_M ).
Viendo el discurso oficial, en lo que va de esta gestión no registramos casos con hostigamiento verbal; en cuanto a lo cualitativo, la descalificación generalizada contra los medios, de parte de voceros oficialistas, se minimizó. La narrativa oficial se suavizó levemente,mientras se mantienen reuniones y encuentros con medios independientes “por la paz y la convivencia”.
El pasado 4 de marzo marcó un hito importante: la prensa independiente volvió a tener acceso al Palacio de Miraflores, un día después de las declaraciones dadas por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez al periodista Luis Olavarrieta, en las que aseguró que en Venezuela “hay un nuevo momento político” y donde el periodismo puede ejercerse “sin temor a represalias”.
Por primera vez en una década, medios nacionales independientes pudieron ingresar a la sala de prensa del Palacio de Miraflores, lo que se ve como un gesto, sumado a una mayor presencia de voces disidentes en debates televisivos, pero a la vez parece ser la punta de lanza de la estrategia de “desescalamiento” político del gobierno.
Pero eso no garantiza ni la libertad de expresión plena ni el sano ejercicio del periodismo. Las organizaciones gremiales advierten que abrir las puertas de la casa de Gobierno no es suficiente si no se garantiza el acceso a documentos públicos, datos auditables y ruedas de prensa sin filtros ni discriminación por línea editorial.
La falta de garantías limita el ejercicio: aún se mantiene la decisión de algunos de retirar las firmas en los contenidos y textos difundidos, el temor de hacer coberturas de calle y de publicar temas sensibles como sucesos, corrupción, elecciones.
Y eso porque aún hay trabajadores de la prensa judicializados. No todas las excarcelaciones que ocurren desde el 14 de enero han sido de libertad plena, algunos todavía están en régimen de presentación.
Vale destacar, además, que todas estas excarcelaciones no modifican el hecho central: fueron arbitrarias, nunca debieron ocurrir y no existen garantías claras de no repetición. Por tanto, esos gestos de distensión son precarios a la vista de las víctimas.
Si hablamos del entorno digital, al menos 62 sitios de noticias, además de portales de organizaciones de derechos humanos y otras páginas de interés público, se mantienen bloqueados.
El 5 de marzo se designó un nuevo director para la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Cnatel), Enrique José Quintana Cifontes, y se estableció la adscripción de este ente al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINCI.
El 9 de marzo, representantes de Espacio Público acudieron ante Conatel, en el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión amparado por nuestra Constitución Nacional en los artículos 57 y 58, así como en los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOTEL) y bajo el amparo de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática del 20 de febrero del año 2026, con el objetivo de que este organismo gubernamental subsane las decisiones administrativas que han comprometido el desarrollo del ecosistema de medios en Venezuela.
En la misiva se instó a esta Comisión, entre otras cosas, a que declare el levantamiento de todas las medidas que responden al filtrado de DNS, bloqueo de direcciones IP y restricciones de acceso que tienen los portales digitales nacionales e internacionales.
Estas restricciones se ejecutaron por vía de hecho sin orden judicial ni cumplimiento del debido proceso, por lo que al decidir el Estado la continuidad del bloqueo sostiene la vulneración al flujo libre de información, el cese debe ser revertido de oficio para garantizar el acceso de información a la sociedad. Sobre eso, a la fecha no hay respuesta.
El 13 de marzo, organizaciones defensoras de derechos humanos, estudiantes de la UCV y miembros de la sociedad civil se congregaron en la sede de Conatel 1, para entregar un documento con la exigencia del levantamiento de los bloqueos en internet en Venezuela, en su mayoría, sitios web de noticias.
Ese día no recibieron a los representantes de más de 30 organizaciones, y de acuerdo a la cifra de VeSinFiltro, hay más de 200 dominios bloqueados en Venezuela 2.
La publicación parcial del Boletín Epidemiológico el pasado 9 de abril —tras una década de silencio— fue recibida con cautela. Aunque el documento reveló cifras alarmantes como los más de 25.000 casos de malaria, la opacidad institucional es la norma: las Memorias y Cuentas de los ministerios presentan irregularidades o inexistencia de datos desde 2016.
Observamos que, en el caso del Boletín epidemiológico, la información suministrada es fragmentada y que aún otros organismos omiten indicadores claves sobre economía, seguridad y servicios públicos.
En el balance del primer trimestre de 2026, se destaca una deuda pendiente que el nuevo Ejecutivo no parece dispuesto a saldar. Entre 2015 y 2025 se documentó el cierre de 334 emisoras en todo el país 3. Pero hasta la fecha, no ha existido una orden administrativa para:
Renovar automáticamente las concesiones revocadas arbitrariamente o vencidas por el silencio administrativo de Conatel.
Ahora bien, la realidad en la calle desmiente el discurso de normalización. Solo en el primer trimestre de este año se registraron 30 casos que derivaron en 75 violaciones a la libre expresión y 27 detenciones.
El episodio más reciente ocurrió el 9 de abril, cuando casi una docena de periodistas fueron golpeados y despojados de sus equipos mientras cubrían una marcha de trabajadores 4.
Este patrón de acoso físico se complementa con un entramado de leyes 5, que el gobierno de Delcy Rodríguez mantiene vigentes, entre las que destacan:
En resumen, estos 100 días de la administración de Rodríguez demuestran que el cambio de forma no implica un cambio de fondo. Mientras el discurso oficial se barniza con diplomacia y ‘paz comunicacional’ para favorecer la reinserción económica, el andamiaje represivo —desde el bloqueo digital hasta la permanencia de leyes restrictivas— sigue plenamente operativo. La libertad de expresión en Venezuela no se recupera con gestos de cortesía en Miraflores, sino con la restitución de los derechos vulnerados y el desmantelamiento de un sistema diseñado para el silencio.
Lara / El Impulso
