Desde inicios del año 2026, con Delcy Rodríguez en el poder -avalada por Estados Unidos- tras los eventos del 3 de enero, el Estado venezolano ha intentado proyectar una imagen de “reconciliación nacional” mediante la aprobación de una Ley de Amnistía.
Sin embargo, testimonios de defensores de DDHH ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revelan que esta supuesta apertura no ha desmantelado las estructuras de control social y persecución política y destacaron la necesidad de que el Estado garantice la reparación y no repetición.
En una audiencia pública en el marco del 195 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebrada en Guatemala este martes 10 de marzo, y titulada «Venezuela: Derecho a la libertad de expresión, prensa, información y asociación», representantes de la ONG Espacio Público y del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) expusieron un panorama donde la esperanza por la reciente Ley de Amnistía colisiona frontalmente con patrones de persecución que se niegan a desaparecer.
La “Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática”, aprobada el 19 de febrero de 2026 por la Asamblea Nacional, fue el eje central del debate. Aunque la normativa permitió un “indicio de reconciliación nacional”, las organizaciones denunciaron ante la CIDH fallas estructurales en su implementación.
Francis Betancourt, coordinadora del Programa de promoción, defensa y acción pública de Espacio Público, subrayó la opacidad que ha rodeado el proceso desde su anuncio por parte de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez: «Una vez que los familiares se dan cuenta de que no hay listas oficiales del Estado, proceden a documentar caso por caso.Queda en evidencia la falta de transparencia de estos casos y la falta de información pública del alcance de estas medidas», alertó.
Por su parte, Marysabel Rodríguez, investigadora del CDH-UCAB, señaló que el espíritu de la ley no es el de reparar a las víctimas, sino el de “perpetuar una narrativa de culpabilidad”. Según Rodríguez, el texto “trata a las víctimas como delincuentes” y parte de la premisa de que los beneficiarios cometieron delitos, obviando que muchos fueron procesados arbitrariamente por razones políticas
Aunque organizaciones registran entre 500 y 600 excarcelaciones desde enero de 2026, los defensores advierten que estar fuera de una celda no significa ser libre. Francis Betancourt explicó que persisten graves vulneraciones al debido proceso y a la presunción de inocencia.
Muchos de los excarcelados mantienen regímenes de presentación y sus casos carecen de sentencias firmes que aborden el fondo de la causa; en su lugar, se les otorga una simple “boleta” de excarcelación en lugar de un sobreseimiento judicial definitivo.
«Celebramos los sobreseimientos otorgados a través de la Ley de Amnistía, pero vemos con preocupación que se están dando a través de una boleta y no una sentencia. Queremos apelar a que estas sentencias respondan al fondo de la causa… para que las víctimas puedan tener acceso a la justicia», acotó Betancourt.
A su vez, Carlos Correa, director de Espacio Público, subrayó la importancia de estas salidas, pero con matices claros. Aunque afirma que cada libertad llena de gozo a las organizaciones y permite a las personas abrazar a sus familias, enfatizó que se requiere libertad plena y que la gente pueda incorporarse al debate social sin temor a las consecuencias. Para Correa, la excarcelación actual permite documentar lo ocurrido y saber quiénes son los responsables, pero no constituye el fin del camino hacia la justicia y la reparación.
Asimismo, enfatizó que, aunque cada reencuentro familiar tras las rejas es motivo de celebración, el objetivo final es la reintegración total del ciudadano a la vida pública sin represalias. «Es fundamental que la gente pueda sentirse con libertad. Expresarnos sin temor a las consecuencias. Tenemos que vencer las consecuencias de expresarse», dijo.
Finalmente, hizo un llamado a la “coherencia” institucional, recordando que el discurso oficial de pacificación debe sostenerse sobre pilares sólidos: «Se habla de paz; la paz necesita justicia, derechos humanos, reparación y no repetición. Esas son las agendas en las que hay que avanzar y transformar».
La situación de la prensa en 2026 sigue marcada por la censura y la violencia. A pesar de que algunos medios recuperaron acceso a sedes oficiales como el Palacio de Miraflores, los ataques directos persisten. El 5 de enero, durante la instalación de la Asamblea Nacional, al menos 14 periodistas fueron detenidos y sus equipos fueron revisados ilegalmente.
Carlos Correa denunció ante la CIDH que en Venezuela se constituyó una “arquitectura legal del resentimiento y del odio” diseñada para castigar a quienes critican. La Ley contra el Odio, que Correa describe como la más severa de la región, permite penas de hasta 20 años de cárcel solo por emitir una opinión.
Recientemente, el 26 de febrero, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió que el delito de “incitación al odio” es imprescriptible. Francis Betancourt alertó que esto convierte una opinión en un crimen de lesa humanidad, violentando todos los estándares internacionales y la libertad de expresión.
Ante este panorama, Correa defendió la necesidad de la libertad incluso con sus imperfecciones, señalando que es preferible abordar los problemas del periodismo responsable al silencio impuesto por el Estado. El director de Espacio Público también mencionó el asesinato del periodista Walter Jaimes, cuyo cuerpo fue exhumado recientemente en un intento por esclarecer un crimen que sigue bajo la sombra de la impunidad.
El entorno digital en Venezuela está bajo un bloqueo sistemático. Al menos 62 sitios de noticias y portales de derechos humanos se mantienen bloqueados por la operadora Cantv y empresas privadas que proveen servicios de Internet.
Carlos Correa solicitó que, ante la designación de Enrique Quintana Sifontes como nuevo director general de Conatel el pasado 5 de marzo, se aproveche la transición institucional para desbloquear estos sitios web de manera sencilla y rápida.
Pedro Vaca, relator especial de la CIDH, calificó como “impresionante” el reporte de sitios censurados, que incluye incluso aplicaciones de mensajería, limitando severamente el acceso a la información de la sociedad venezolana.
«Es difícil entender cómo en una libertad plena existen mecanismos importantes de contención, propaganda y conducción de lo que entiende la sociedad», señaló.
En cuanto al derecho de asociación, Marysabel Rodríguez denunció que el Estado utiliza la figura penal de “asociación para delinquir” como “punta de lanza” para criminalizar la labor política y social.
«Se utiliza sistemáticamente esta atribución de asociación para delinquir para criminalizar a personas que ejercen de manera legítima y legal la libertad política de asociarse… El derecho a la asociación es criminalizado a través de esa figura penal», advirtió Rodríguez.
Para concluir su intervención, Carlos Correa propuso un decálogo de medidas inmediatas que el Estado venezolano debería adoptar si realmente busca una transición democrática. Estas incluyen:
– Libertad plena y no solo medidas cautelares para los excarcelados
– Derogatoria de leyes restrictivas, como la Ley contra el Odio y la Ley contra las ONG
– Cese del discurso de descalificación desde los medios estatales hacia la disidencia
-Garantía de acceso a la información pública, incluyendo datos precisos sobre los beneficiarios de la amnistía
Correa enfatizó que, aunque cada liberación es recibida con “gozo”, no se debe perder de vista que la paz genuina solo es posible si se basa en la “justicia, derechos humanos, reparación y no repetición”.
La Comisión, a través de sus relatores, reafirmó su compromiso con el seguimiento técnico de la situación venezolana. Gloria de Mees, relatora para Venezuela, agradeció a los defensores por mantener “una luz de verdad en una realidad deliberadamente formada por terror y opacidad”.
Asimismo, la relatora solicitó al Estado que haya una visita in situ. «No es un gesto simbólico, es algo en una sala que se ha mantenido en la oscuridad», declaró.
Por su parte, Edgar Stuardo Ralón, presidente de la CIDH, destacó también la necesidad de tener esta visita en terreno, ya que ayudaría a acelerar “los procesos de una transición democrática”.
«La historia de nuestra región nos recuerda que la libertad puede ser demorada pero nunca extinguida. Venezuela ha atravesado años difíciles marcados por restricciones a la libertad de expresión, persecución y miedo. Sin embargo, también ha demostrado una extraordinaria resiliencia cívica», finalizó.
