Espacio Público publicó este viernes 2 de mayo su informe 2024 sobre la situación del derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela, que definieron como un año electoral marcado por una política de represión y "persecución inédita" que alcanzó a periodistas, dirigentes sociales y políticos, y ciudadanía en general.
La organización contabilizó el año pasado 311 casos, relativos a 619 denuncias de violaciones a la libertad de expresión y derecho a la información. En comparación a 2023, el número de denuncias se incrementó 61%. Los meses de julio y agosto, relativos a la elección presidencial y las protestas poselectorales, fueron los meses con mayores incidencias.
"Las restricciones a los derechos civiles y políticos se agudizaron, en el marco de un proceso electoral de alta relevancia para el destino del país. La represión estatal, la persecución a personas opositoras, la censura y la falta de garantías judiciales se intensificaron, lo que incrementó el miedo y desconfianza en la población", destacó la ONG en su informe.
De esas denuncias recibidas, la mayor cantidad correspondió a situaciones de intimidación (32%); que encierra impedimentos de cobertura, restricciones de acceso a determinados espacios y detenciones; censura (20%) y el hostigamiento judicial y verbal (12%).
La censura en línea también jugó un papel importante el año pasado. Espacio Público registró 120 casos, es decir, 38% del total registrado de violaciones a la libertad de expresión.
Esto, señaló la ONG, "se convierte más en un eje de criminalización e intento de control estatal de los espacios" que permite la red. El veto digital se extendió a 32 sitios web bloqueados y 28 detenciones estuvieron relacionadas a difusión de contenidos en línea o tenencia de contenidos considerados "sensibles" en equipos personales.
La organización también destacó la "masificación de prácticas de delación" relacionadas a la difusión de contenidos en redes de mensajería instantánea, especialmente en el periodo de protestas poselectorales, lo que condujo a detenciones arbitrarias y judicializaciones en base a legislaciones como la Ley contra el Odio.
Estas delaciones, calificó Espacio Público, fueron utilizadas por el Estado como una "herramienta de control social" sobre la población.
Espacio Público insistió en que todas estas restricciones y detenciones terminan "generando un esquema de autocensura importante" en la población, que prefiere callar ante ciertos temas para evitar ser víctimas de detención u hostigamiento vía judicial.
Un total de 23 medios fueron cerrados el año pasado, entre ellos 21 emisoras radiales, señaló Espacio Público en su informe. Para la organización, "esto sigue una tendencia que hemos identificado desde hace varios años, donde los medios tradicionales siguen siendo afectado por medidas arbitrarias, discrecionales, que no responden al debido proceso y no permiten el reclamo" de las empresas hacia Conatel.
Además registraron 99 detenciones arbitrarias relacionadas al ejercicio de libertad de expresión, un incremento de 254% con relación al 2023, cuando se registraron 28 privaciones de libertad. De total de personas detenidas, 71 fueron particulares y 24 trabajadores de la prensa. El resto de las víctimas estuvo distribuido entre miembros de ONG y trabajadores públicos.
36 detenciones fueron justificados por las autoridades por presuntos delitos de odio, mientras que 28 se produjeron por el uso de redes sociales o internet.
La organización Espacio Público también hizo énfasis en la implementación de normativas legales que restringen "significativamente el ejercicio de los derechos civiles y políticos de la población", pues no solo "afectan directamente a quienes son objeto de sanciones o persecución, sino que también impactan a la sociedad en su conjunto, al debilitar el espacio cívico, obstaculizar el debate público y menoscabar el ejercicio de derechos fundamentales".
Entre ese entramado legal, Espacio Público destacó la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad, oficializado mediante un decreto presidencial y que fue "enfocado en la prevención de los usos ilegales de las tecnologías de la comunicación y la información"; la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo, que "restringe severamente la libertad de expresión" mediante sanciones económicas y penales desproporcionadas.
Asimismo, está pendiente el proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, que busca, entre otras cosas, "legalizar prácticas de persecución estatal".
"Todas estas medidas se suman a la Ley contra el Odio, aprobada en 2017, y a otras restricciones legales promovidas e impuestas desde el Estado venezolano para cerrar el espacio cívico, cercar libertades y perseguir a sectores críticos al gobierno", señaló la ONG.
Caracas / Tal Cual
