En la Asamblea Nacional (AN) se debaten actualmente las reformas de las leyes electorales y de partidos políticos. Entre las propuestas en mesa se encuentran algunas necesarias y otras que responden a los deseos de algunas organizaciones de impedir la participación de distintos actores -el oficialismo, por ejemplo, busca prohibir que aquellas personas a las que se les considere “fascistas” sean candidatos-, o también otros aspectos relativos a la validación de partidos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) o sobre obtener recursos para el funcionamiento de las toldas políticas.
“Apresuramiento” es lo que observa el experto electoral y diputado Aníbal Sánchez (El Cambio), en el trabajo parlamentario que se realiza para reformar o redactar nuevas normativas. La premura por sancionar los cambios antes del 15 de diciembre, se debe a que, según la ley, no se pueden realizar modificaciones faltando seis meses para los comicios (para 2025 se prevén realizar elecciones regionales y parlamentarias).
Sánchez advierte que ese apremio puede conspirar contra la posibilidad de que en el país se tenga un marco electoral en el cual no prevalezcan intereses o se favorezcan agendas políticas. “Esto requiere tiempo. Existe el riesgo de que lo que salga en la primera fase, no sea una aproximación a lo que se quiere”.
La Comisión Especial de la AN que trabaja en la actualización de estas normativas legales -a la que también pertenece Sánchez-, ha recibido 118 propuestas, hasta el 8 de noviembre, para modificar la Ley de Poder Electoral, y las leyes Orgánicas de Procesos Electorales (Lopre) y la de Partidos Políticos y Manifestaciones Públicas. También existe la posibilidad de la redacción de un instrumento jurídico para el financiamiento de las toldas partidistas.
El oficialismo va en carrera
La carrera contra reloj del Parlamento tiene que ver con la ley vigente de Procesos Electorales que impone como requisito sine quo non que las reformas a los instrumentos legales en esta materia no deben hacerse seis meses antes de las votaciones. De ahí, que el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) quiera sancionar los cambios en este segundo periodo ordinario de sesiones del Poder Legislativo que finaliza el 15 de diciembre. Hasta por correo electrónico se puede enviar a la AN las propuestas.
-Al cambiar las leyes electorales y la ley de partidos políticos ¿se busca un nuevo modelo de participación en el país? ¿Realmente se está escuchando a la gente?
-Se está en etapa de proyecto y me preocupa que la premura y el querer encubrir debilidades nos lleve a perder la oportunidad, de tener un mejor sistema electoral. En la etapa de elaboración se consultan a 38 partidos; 35 han participado en unas primeras rondas en el ámbito nacional y después en comisiones en los estados, de ahí se levantan propuestas.
Entre las propuestas se encuentran: Que los partidos realicen la escogencia de sus organismos de dirección y candidatos en elecciones primarias; revisar el cálculo del número de legisladores en cada ámbito, en el caso de la AN parte de la interpretación que se realice de lo que es el índice poblacional del 1,1% que define la Constitución nacional en el artículo 186 y 10 de la Ley de Procesos Electorales.
También que en las postulaciones se mantenga una cuota de 40% para cada sexo; limitar la reelección y declarar ganador del cargo ejecutivo quien obtenga una mayoría de 51% votos emitidos, sino ir a una segunda vuelta.
-¿Son factibles los cambios en poco tiempo?
-Los cambios en los tres instrumentos jurídicos o la sanción de uno para el financiamiento de los partidos, tienen sus nudos gordianos. Entre ellos, el atinente al artículo 130 de la Constitución Nacional, que reza: “Los venezolanos y las venezolanas tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la Nación”.
-El presidente de la AN, Jorge Rodríguez y el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, han declarado que quienes no reconozcan los resultados electorales del 27 de julio no podrán participar en los comicios de 2025…
-Hay que diferenciar el mensaje político, del jurídico y del parlamentario. Primero las inhabilitaciones existen, los requisitos de elegibilidad también existen. No es solo ser mayor de edad y del domicilio o, en algunos casos, venezolanos de nacimiento; es que también, técnicamente, al momento de postular existe un periodo para admisión e impugnaciones, a lo que se le puede sumar lo que surja del desarrollo del artículo 130 de la Constitución.
No es sólo una declaración jurada de respetar y reconocer los requisitos de elegibilidad, sino cómo te prueban que no cumples con “honrar y defender a la patria” y salvaguardas sus intereses.
Por otro lado, el artículo 67 de la Carta Magna establece que los organismos de dirección de los partidos, así como sus candidatos, deben escogerse en elecciones primarias, pero los partidos simplemente no lo cumplen y hacen un acta como si fuese una asamblea y seleccionan al abanderado. Además, hay que diferenciar entre aspirante y candidato admitido y no solo tomar en cuenta si ganaste sino también, si cumples con todos los requisitos de elegibilidad.
Otra de las propuestas a discutir es la del financiamiento de los partidos por parte del Estado, como era antes de 1999 y que ahora, está expresamente prohibido en el artículo 67 del texto fundamental. Este cambio, ya sea que se haga con la inclusión de un artículo en la Ley de Partidos o porque se sancione un instrumento jurídico, viola la Constitución.
-¿Cuáles serán los mecanismos o fórmulas para que el Estado financie a los partidos como era antes de 1999?
-El artículo 67 de la Constitución establece la posibilidad de asociarse en organizaciones, también que estas organizaciones escogerán sus candidatos en primarias; pero en una segunda parte limita el financiamiento de la operación de los partidos con recursos de los presupuestos públicos, pero una ley establecerá el cómo. Bueno, el Poder Electoral puede apoyar en la parte de promoción o propaganda. Pero los partidos quieren es dinero para su operación y la salida puede ser que el CNE asigne los recursos de acuerdo con el número de votos que obtengan como era antes.
-¿La reforma de la Ley de Partidos Políticos cuenta con algún consenso? ¿Cuál es el artículo más importante que se modifica?
-Ninguno. Los partidos no quieren legitimarse. No quieren que se revise cómo se constituyen, sus estatutos, cuándo y cómo eligen autoridades o candidatos. Y, mucho menos legitimarse si no logran el 1,1 % de votos en una elección. Como ahora, no hay resultados pues tendrían que salir a recoger firmas para completar 0,5% del padrón electoral en al menos 12 estados -de acuerdo con la ley vigente-. Este punto no está claro en la Ley de Partidos Políticos y por eso, el Tribunal Supremo de Justicia ha dictado sentencias sucesivas en 2016 y 2018. Más las resoluciones del Consejo Nacional Electoral las veces que llamó al proceso de validar. Aún hay partidos que no tiene claro porque no pudieron inscribir en 2024 y es que, no habían logrado el 1,1% al menos en 12 estados.
Este tema debe ser regulado incluirse en la ley no es solo que piden financiamiento es cumplir, principios, respetar las normas, pero bajo criterios claro debe obtener 0,5% de los votos emitidos en 12 estados, de no certificar o poder renovarse, decir cuándo y cómo. Recordemos que aplica la no doble militancia y verificar aspectos incluidos por TSJ que no están en la ley. Debe quedar claro, incluso, la validación si fuera complementaria. Es decir, si una organización logra 0,5% del RE en siete estados y en otros, obtiene 0,3%, la pregunta es ¿cómo sale a recoger firmas en cinco estados para conseguir 0,2% para completar la cuota?
Ascensión Reyes R. / Caracas
