Yeissel Pérez, diputada del Consejo Legislativo del estado Zulia (Clez), exigió este lunes al Gobierno nacional que se destine por completo el monto estipulado de la renta petrolera a los estados, considerado como un ingreso ordinario, y advirtió que para ello se tomarán dos acciones.
“Según la ley orgánica de administración pública y todo lo referente con el presupuesto nacional y finanzas nacionales, el dinero proveniente de la renta petrolera es considerado un ingreso ordinario”, indicó la integrante de la fracción de Primero Justicia del Parlamento regional.
Basado en esa ley, “el estado estima recibir el dinero, años tras año, y que se puede incluir en su presupuesto fiscal para el año vigente”, señaló.
Explicó que el monto que las gobernaciones y alcaldías “son las más perjudicadas, ya que dejan de recibir recursos para su funcionamiento, porque se limita un gran porcentaje, en el 2022 fue el 72 % que desapareció fue el recorte presupuestario que exigieron, 2023 el 60 %.”
La legisladora mencionó que las acciones que tomarán “es subir el volumen en nuestro Consejo Legislativo, vamos a sentarnos a dialogar aquí para que salga una propuesta para elevar al Gobierno nacional e iremos al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para declarar nula la ley para el servicio fiscal de 2024".
Se acabaron las excusas
Pérez señaló que al Ejecutivo nacional se le acabaron las excusas y alegó que gracias a las sanciones de Estados Unidos que implementó en Venezuela, “no había producción de petróleo, no podíamos vender y no podíamos comprar por el bloqueo”.
Destacó que esas fueron “las excusas para no rendir cuentas al país de lo que se hizo en 2022 y 2023, y de lo que quieren hacer en este 2024”.
“No han insumos en todos los hospitales, es culpa de las sanciones; los colegios estaban en malas condiciones, es culpa de las sanciones, los profesores ganan 5 dólares al mes, es culpa de las sanciones; las pensiones más bajas del mundo, es culpa de las sanciones; si la Vinotinto perdió es culpa de las sanciones, aquí todo es culpa de las sanciones”, manifestó.
La legisladora consideró que “más allá como zulianos, dejando nuestro cargo como legisladores, elevamos la voz, porque si el gobierno de Manuel Rosales pudiese recibir la cantidad de dinero destinada”, y se cumpliría con todas las labores sociales.
Mencionó, además, que ”no estuviese que esperar para tomar medidas o políticas que nos ayudaran a sanear el Lago de Maracaibo, no estuviese para crear programas sociales para atender a nuestra gente que tanto lo necesita, el Gobierno no puede seguir colocando más excusas”.
Resaltó que “este año electoral, en el que hay que darle respuesta al Zulia, no podemos seguir dejando que el Gobierno maneje a su antojo el dinero de todos los venezolanos como su finca personal y como su billetera privada”.
Zulia / La Verdad
