Las mujeres defensoras, periodistas, activistas venezolanas con voz pública que difunden sus opiniones políticas, denuncias sociales y/o defienden los derechos humanos (DDHH) se ven sometidas a una constante violencia digital por razones de género, de acuerdo a una encuesta realizada por el centro Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) a finales de 2022.
En el ámbito político y la gestión pública, las mujeres son discriminadas por roles de género y esta situación puede agravarse en contextos poco democráticos, especialmente para mujeres sometidas a condiciones vulnerables que pueden verse limitadas a participar en actividades sociales y comunitarias, reportó el CDH.
Aquellas que superan algunas carencias materiales, enfrentan discriminación y/o pueden ser víctimas de una posible violencia. En Venezuela, para 2022, 1 de cada 10 mujeres y niñas fueron objeto de ataques sexuales o físicos. El CDH registró también 282 casos de femicidios consumados y 120 frustrados, y en promedio hubo una acción femicida cada 26 horas y un femicidio de niñas cada 9 días.
El delicado escenario empeora con la prolongada crisis, consolidación de prácticas autoritarias, atmósfera hostil que restringe el espacio cívico, ausencia de información oficial, falta de contención judicial y prevención frente a delitos.
Mediante una encuesta en línea respondida por 36 mujeres periodistas, activistas sociales y políticas, defensoras de DDHH entre agosto y septiembre de 2022, el CDH concluyó que la mayoría de las agresiones identificadas tienen potenciales efectos físicos, pues un 27% de las mujeres señalaron recibir amenazas de seguimiento y vigilancia, así como a la integridad física en un 10%.
Los insultos por razón de género y apariencia física ocuparon un 25% y, en un 5%, se denunciaron casos de exposición de información personal o del círculo cercano.
Las encuestadas identificaron como motivo de los ataques la difusión de contenidos críticos, de opiniones personales o profesionales sobre temas de interés público, la publicación o difusión de contenidos sobre defensa de DDHH y, en menor medida, por considerarse públicamente feministas.
Entre las opiniones y contenidos críticos, hallaron que específicamente la difusión de comentarios críticos (16 casos) hacia grupos de poder o cercanos a este – político, económico o religioso-, y opiniones generales o expertas (14 casos) sobre diferentes asuntos de interés social y denuncias sobre presuntas violaciones de DDHH generaron agresiones contra estas mujeres.
Entre las redes donde se dan la mayoría de las agresiones, Twitter va a la cabeza con 55%, seguido de Facebook e Instagram con 10%, respectivamente. Un 9% se registró en WhatsApp – en grupos y estados de terceros-.
El CDH indicó que la violencia en línea va más allá de lo digital al tener efectos concretos y visibles, ya que las agresiones pueden tener consecuencias psicológicas en las mujeres y sus entornos cercanos, y la exposición de datos personales es un riesgo latente para la integridad de las involucradas. En el informe se recalcó que a pesar de la existencia de leyes que contemplan algunas de estas prácticas como delitos, la respuesta de los sistemas judiciales es muy lenta.
En el país se registran casos en los que se niega o impide el acceso a la justicia cuando se intenta tramitar una denuncia por violencia, amenaza, vigilancia o seguimiento en línea, porque los funcionarios consideran que la persona no se encuentra en «verdadero riesgo». En los casos en los que se logra procesar la denuncia, la respuesta es limitada y no evita futuras agresiones.
A esto se suma la vigencia de la «Ley contra el odio» que buscan pasar la crítica y opiniones legítimas como supuesta instigación al odio para criminalizar el cuestionamiento de funcionarios y autoridades.
«Las expresiones sobre temas de interés público y en especial referidas a funcionarios, aún cuando se realicen bajo tonos que se puedan considerar ofensivos, están protegidas por el derecho a la libertad de expresión», se destacó en el informe.
El CDH consideró que las brechas en la participación social de mujeres basadas en prejuicios de género es incompatible con sistemas democráticos, así como la intolerancia ante la difusión de críticas contrarias a la alineación del Estado.
También, precisó que para enfrentar la violencia digital de género es necesario identificar los casos y registrarlos, sobre todo en situaciones que puedan escalar. El Estado debe hacer seguimiento y facilitar el acceso a la información sobre los índices de violencia por razones de género que permitan generar políticas públicas, consultadas y realistas que prevengan, contengan y sancionen dichas prácticas.
Caracas / RunRunes
