Robados. Así se sienten muchos educadores quienes denuncian que ninguna entidad quiere hacerse cargo del pago por sus años de servicio. Desde el año 2018, docentes de planteles pertenecientes a nóminas de las gobernaciones y municipios de distintos estados migraron para ser parte de la nómina del Ministerio de Educación (ME), debido a una decisión que respondía a una política tomada desde la cartera ministerial. Anteriormente, los maestros recibían sus pagos sea por organismos estadales o municipales.
En su momento, el traslado de la nómina no significó un problema. El disgusto inició cuando los docentes pidieron el pago que les correspondía por sus años prestados a los entes municipales o estadales, y la respuesta que recibieron es que no eran la institución responsable de esos pagos, por lo que los docentes dejaron de percibir sus prestaciones sociales de hasta 20 años dedicados a la enseñanza. El asunto es que el pago de dichas prestaciones les corresponde a quien asume, en este caso, el Ministerio de Educación.
Educadores activos y jubilados de Puerto Cabello (estado Carabobo) y San Juan de los Morros (estado Guárico) contaron a TalCual que, además de los anteriormente expuesto, al recibir su pago por los años en la nómina ministerial, les bajan el grado en la escala que estipula los pagos de los docentes, por lo que reciben menos dinero.
Pese a que el artículo 141 de la Ley Orgánica de Trabajo dice que «todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los ampare en caso de cesantía. El régimen de prestaciones sociales regulado en la presente Ley establece el pago de este derecho de forma proporcional al tiempo de servicio, calculado con el último salario devengado por el trabajador o trabajadora al finalizar la relación laboral, garantizando la intangibilidad y progresividad de los derechos laborales» y que las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata, los docentes que migraron a la nómina del ME tienen hasta cinco años de espera.
Por redes sociales, de esa manera se enteró Ana Manrique, docente de San Juan de los Morros que ella y otro grupo de docentes pasarían a ser parte de la nómina del ME en el año 2018. Recuerda que, al preguntar junto a otros compañeros, las autoridades del plantel educativo les contestaron: «Ustedes ya no serán nómina estadal, ahora serán maestros de la nación».
Afirma que en su momento no causó ninguna molestia y, que inclusive, los educadores lo estaban pidiendo porque los maestros de la nación, como llaman a los que forman parte de la nómina ministerial, tienen más beneficios que los estadales. «Por ejemplo, el seguro de los nacionales tenía una cobertura mucho más alta», cuenta.
El problema inició en el año 2022, cuando en el mes de noviembre jubilaron aproximadamente a 300 educadores quienes notaron que había diferencias abismales en el pago de sus prestaciones sociales correspondientes a sus años de servicio.
«Hubo maestros que eran de la nación desde hace muchos años que recibieron desde 4.000 dólares. Pero a los que habíamos migrado en 2018 nos hicieron pagos de 300 y 40 dólares. Tampoco explicaban a qué se debían estas diferencias de pago en las que la mayoría salimos trasquilados. La gente sacaba cuentas y no daban los números», dice.
En el caso de Manrique, dejaron de reconocerle el pago de 20 años dedicados a la enseñanza en una escuela estadal. Solo recibió prestaciones por cinco años como maestra del Ministerio.
Al asesorarse con organizaciones sindicales y tener reuniones con otros educadores en situaciones similares, se percataron de que no les estaban tomando en cuenta los años de servicio prestados como maestros estadales y lo que estaban percibiendo era por el tiempo que formaron parte de la nómina del ME.
«Estaban con una pelea de quién iba a asumir el pago de prestaciones de los maestros que habían migrado. Al principio, el Ministerio dijo que no les correspondía y el Estado decía que no porque ya no éramos sus trabajadores. Fue una situación difícil», afirma.
Pero este no fue el único problema que tuvo la educadora. El salario de los docentes está fijado por un tabulador que indica el sueldo de estos según sus años de servicio y grado de instrucción, es decir, la cantidad de estudios que tenga.
Manrique es Docente 6 en la escala. Denuncia que, sin ningún tipo de explicación, al percibir sus prestaciones por los cinco años como maestra del Ministerio, le «bajaron la escala como si fuera Docente 4», por lo que recibió menos dinero. «Estoy triste por los maltratos que conlleva el trabajo docente en Venezuela», lamenta. Así como ella, otros educadores se encuentran en la misma situación.
«Estudié en el Pedagógico de Maracay. Iba diariamente de San Juan de los Morros a Maracay (64 kilómetros de distancia). Soy especialista en Ciencias Sociales, mención Historia, con mucha vocación. Luego, 10 años después, hice el posgrado en la Universidad Santa María y muchos diplomados. Gasté más en prepararme que lo que he logrado monetariamente», manifiesta.
Asegura que ahora solo le queda la satisfacción de ver algunos exalumnos que la saludan con amor y le dicen: «Profesora, usted me ayudó mucho».
Carmen López, docente en Puerto Cabello también migró a la nómina del ME en julio de 2018. Afirma que, aunque le corresponde jubilarse porque tiene casi 24 años de servicio como docente, teme que igual que a otras compañeras, la decisión de retirarse de las aulas, la perjudique.
Expone que «en su momento», la Fundación del Niño, les pidió a los docentes que habían sido trasladados una solvencia con el fin de cancelar los años de servicio, pero «eso nunca pasó. En julio de este año (2023) se cumplen cinco años de eso».
López cuenta que, durante una reunión con otras maestras, supo que a docentes que habían sido jubiladas no se les habían pagado sus prestaciones sociales. «Ellas se dirigieron a la Zona Educativa, Ministerio y les respondieron que la cancelación de dichas prestaciones le correspondía a la alcaldía», afirma.
López teme que al jubilarse pueda perder el pago que merece por 20 años de servicio dedicados a la formación de estudiantes y que solo le validen los otros cuatro.
En febrero de 2023, la Subcomisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social se reunió con trabajadores de algunas empresas como Polar, Clover Internacional de Carabobo, Fundación Nacional El Niño Simón y jubilados de la Asamblea Nacional del periodo 2016-2020 para escuchar sus denuncias; les prometieron soluciones con el fin de «honrar sus derechos». Pero, hasta la fecha, no han tenido ningún tipo de respuesta.
José Muskus, profesor jubilado en Puerto Cabello recuerda que los educadores de la institución en la que trabajaba se enteraron de la migración durante una asamblea. «Sin arreglos, sin previo aviso, sin prestaciones sociales ni pagos de beneficios del pago de la convención colectiva», explica.
Asegura que los beneficios recibidos en el municipio «eran de las mejores» porque gozaban de «cláusulas de primas de HCM de un 100%, viajes vacacionales con todos los gastos pagos». Lo que quedó eliminado cuando pasaron a la nómina del Ministerio en el año 2018.
Tras 28 años de servicio (21 a la alcaldía y siete al Ministerio), recibió su jubilación en diciembre de 2022. «Vimos que comenzaron a depositar las prestaciones sociales, pero no nos llegaban las de los años trabajados como docentes de la alcaldía. Al preguntar nos respondieron que nosotros no gozábamos de dichas prestaciones», cuenta.
Lamenta que con lo recibido mensualmente como pensionados «no podemos ni pagar un buen abogado que nos ayude a pelear por nuestros derechos».
Caracas / TalCual
