El presidente de la Fundación El Amparo y director general del Comité Contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven), Walter Márquez, declaró que impondrán una denuncia oficial ante la Fiscalía General de la República, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Caracas y una demanda en el Tribunal Contencioso Administrativo, en contra de funcionarios de la Alcaldía de San Cristóbal, por la demolición presuntamente ilegal de tres locales comerciales.
Márquez, en rueda de prensa, señaló que la Fundación El Amparo y los abogados defensores de tres comerciantes cuyos locales fueron demolidos emprenderán la denuncia, porque los propietarios de los comercios fueron a principio del año 2022 a la Alcaldía a solicitar permiso para cambio de actividad comercial, y el director general, Juan Rodolfo Martínez, les planteó que se asociaran, pero estos se negaron. “Frente a esta negativa, se desató una persecución sobre ellos en la que inicialmente promovieron la nulidad de la decisión del director del Hospital Central de adjudicación, lo cual estaba totalmente prescrito y además el alcalde no tiene facultad para intervenir, es una resolución de otro poder público separado”, dijo Márquez.
El defensor de los Derechos Humanos, acompañado de los dueños de los locales derrumbados en el Hospital Central de San Cristóbal, Óscar Escalante y Pablo Novoa; y en el Terminal de Pasajeros, Andrea Ramírez y Romer Chacón; de los abogados Omar Sayago y Reinaldo Pedroza, junto a la abogada Ana Hernández, ofrecieron los detalles de la denuncia, este martes en la ciudad de San Cristóbal.
“Una cuadrilla al mando del abogado José Corso, quien alegó que cumplía órdenes superiores del síndico municipal Mario Izarra y del despacho del alcalde Silfredo Zambrano, y usando a funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana al mando del comisario Arturo Perdomo, y del comisionado de la Policía Municipal de San Cristóbal, César Flores, procedieron el pasado 26 de enero a demoler esos locales frente a las víctimas, a pesar de que cursaba un recurso de nulidad de la resolución de demolición de la Alcaldía ante el Tribunal Contencioso Administrativo de San Cristóbal”, destacó Márquez.
Además, calificó este hecho como “grave”, porque, a su juicio, todo es producto de la fuerza de la “corrupción” que llegó a la alcaldía. Explicó que en el año 2004 el Hospital Central de San Cristóbal detectó una radiación en el área de cocina y comedor por los nuevos equipos instalados y convocaron a una consulta a través del Diario La Nación, para construir un nuevo comedor, la cual se ganó el señor Óscar Escalante y también Pablo Novoa, quienes fueron autorizados por escrito por el director del Hospital y por el Ministerio de Salud de la época, y posteriormente tuvieron el visto bueno de la Alcaldía de San Cristóbal, mediante un informe elaborado por cinco directores del municipio para instalar sus comercios de alimentos.
Detalló que estos locales fueron inaugurados por autoridades del Ministerio de Salud y los propietarios del local cuentan con un contrato de obra notariado igualmente con un título supletorio promovido por un tribunal municipal. Además, han pagado los impuestos municipales desde el año 2004 hasta la fecha.
“Estamos en presencia de un crimen de persecución, establecido en el artículo 7 del Estatuto de Roma por ser un hecho sistemático y generalizado, que se convierte en una política de Estado por parte del municipio San Cristóbal y que destruyó locales de más de 350 metros y otro de 57 metros, dejó sin fuentes de trabajo a cuatro familias de manera directa y a 20 empleados que laboraban en los tres restaurantes”, agregó Márquez.
“Fui víctima de una agresión moral inaceptable por parte de dicho funcionario. Responsabilizamos a la cadena de mando por esos hechos, encabezada por el alcalde Silfredo Zambrano; el director general, Juan Rodolfo Martínez; el abogado José Corso y los funcionarios policiales Arturo Perdomo y César Flores, responsables de usar la fuerza en ese momento”, relató Márquez.
Además, denunció que su esposa, la defensora de derechos humanos Ana Hernández, fue amenazada con prisión por el funcionario policial César Flores si continuaba apoyando la movilidad de Márquez y dando su respaldo a los dueños de los locales comerciales.
El abogado Omar Sayago, acompañado del también defensor Reinaldo Pedroza, como apoderado de las víctimas, precisó que los funcionarios actuantes incurrieron en los delitos de abuso de funciones, agavillamiento, daños materiales, hurto calificado y otros delitos tipificados en el Código penal venezolano.
Táchira / La Naciónhttps://lanacionweb.com/politica/funcionarios-de-la-alcaldia-de-san-cristobal-seran-denunciados-en-plano-internacional/
