Al cumplir el sexto día de la toma de los portones de la empresa salinera de Araya, en el municipio Cruz Salmerón Acosta, y que administra la empresa Dell Acqua, la Asociación de Jubilados evalúa el inicio de una huelga de hambre para llamar la atención de las autoridades y que se llegue a una solución del conflicto que mantiene en vilo a los 252 trabajadores afectados por la falta de pago de nueve quincenas.
Aníbal Núñez, presidente de la asociación, acusó al gobernador del estado Sucre, Gilberto Pinto, de permitir que se le escapara el conflicto de las manos, por lo que pidió la intervención de las autoridades nacionales para que se reivindiquen los derechos humanos de los jubilados y pensionados de la salinera.
Cree que al gobernador le importa más el dinero que genera el negocio de la sal y muy poco la salud de los adultos y adultas mayores afectados por la total ausencia de ingresos para sobrevivir.
Agregó que enviaron, mediante un video, un mensaje al gobierno nacional para que actúe, porque “ni la empresa responde ni el gobernador soluciona”.
Recordó que aparte de las nueve quincenas pendientes, también les confiscaron los beneficios sociales, como las medicinas, la atención médica y la bolsa de alimentos.
Denunció que, de acuerdo a informaciones internas que manejan, la empresa Dell Acqua habría transferido los recursos para el pago de pasivos y éstos compromisos igual no se honraron.
Informó que en diciembre los dejaron desasistidos y fue en febrero cuando les cancelaron, incompleto, el beneficio de los uniformes.
“Estamos hablando de la vida humana”, dijo el dirigente al referirse a la calamitosa situación que vienen sobrellevando los jubilados y sus familias.
Aclaró que no se paralizó la producción, sí están cerrados los portones y se impide la entrada y salida de camiones de carga y que están esperando un barco que cargará 30 mil toneladas, por lo que están dispuestos a parar el zarpe.
Dijo el dirigente gremial que en la protesta que llevan a cabo desde hace seis no solo participan los 252 jubilados sino también sus familias, porque de lo que están hablando es de derechos humanos.
El legislador Miguel Vásquez, quien acompaña en su protesta a los jubilados, informó este lunes que la empresa Dell Acqua se desmarcó del conflicto y refirió que los voceros de la misma dijeron que “nosotros no tenemos nada que ver y no somos la solución para ustedes”.
Dijo que ni el gobernador Gilberto Pinto y la representación de la empresa Corposucre han evadido la situación y no se han reunido con los jubilados.
El legislador refirió que todas las empresas concesionarias hasta la llegada de Dell Acqua reconocieron el salario integral de los jubilados.
Señaló que no se explica la indolencia que hay con el caso, desconociendo la realidad que está reconocida en las cláusulas 14 y 15 del contrato de concesión.
También, dijo, se desconoce la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que reconoce a los jubilados todos los beneficios de los trabajadores activos.
“En lo inmediato, la demanda es que se les pague a estos jubilados sus nueve quincenas, sus prestaciones, que hay muchos no las han cobrado, varios pasivos laborales también que no los han pagados, y los beneficios sociales que no los han venido cumpliendo”.
Cuestionó las razones del Ejecutivo regional para desconocer a sus conciudadanos, que lo dieron. “Y Corposucre actúa como un abogado defensor de la empresa”. Resaltó que hay un contrato que debe ser cumplido.
Vásquez destacó que en estas circunstancias debe revisarse la concesión y además, la empresa cuenta con los ingresos para cancelar a los trabajadores. “Dell Acqua consiguió en la laguna madre 700 mil toneladas de sal. No ha dicho cuál es la inversión que ha hecho, que se encontró un lomito y que el Ejecutivo regional cedió la administración de la sal sin haber hecho una inversión importante a cambio y con esa voracidad de un 75% para la empresa y 25% para el Ejecutivo regional”.
Sucre / Cecilia Lárez
