Este martes, en el trascurso de pocas horas, el juego político en Venezuela pareció destrancarse, tras permanecer meses en suspenso. Luego de que la administración de Joe Biden confirmara la flexibilización de algunas sanciones impuestas por Estados Unidos (EE.UU) contra el país, los representantes del Gobierno y la oposición en la Mesa de Diálogo de México, Jorge Rodríguez y Gerardo Blyde, respectivamente, anunciaron un nuevo acercamiento con miras a reactivar las conversaciones que se habían paralizado en octubre de 2021.
Las concesiones hechas por la Casa Blanca fueron pocas -la posibilidad de restablecer negociaciones en el ámbito petrolero con la transnacional Chevron y la exclusión de Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de la primera dama Cilia Flores, de la lista de sancionados por corrupción.
Sin ser decisiones que permitan reactivar la economía, su importancia radica en que abren las puertas para retomar los acercamientos para lograr condiciones de transparencia en futuras elecciones, además de facilitar la eliminación de más sanciones económicas y financieras a futuro.
La medida generó una ola de reacciones. Sectores antichavistas cuestionaron que se levantaran sanciones personales a un ex funcionario de Gobierno -Malpilca Flores fue vicepresidente de Finanzas de Pdvsa-, y no a las instituciones, que es lo que al final permitiría beneficiar a la población.
La Plataforma Unitaria se apresuró a publicar un comunicado en el que negaba “categóricamente” una versión de la información, publicada por la agencia de noticias The Associated Press (AP), donde se aseguraba que la coalición antichavista había “solicitado la eliminación de sanciones personales (en este caso a favor de Malpica Flores) como parte de la negociación”.
La oposición señaló que resultaba urgente anunciar al país “una fecha inmediata y una agenda concreta para retomar el proceso de negociación conforme al memorándum de entendimiento firmado en Ciudad de México”.
Por su parte, Jorge Rodríguez, jefe de la delegación chavista, también se pronunció, pero para insistir en la incorporación de Alex Saab, actualmente preso en EE. UU., dentro de unas eventuales nuevas negociaciones.
Saab, empresario colombiano a quien el Gobierno le otorgó el estatus de embajador, está siendo procesado por lavado de dinero. Fue capturado en Cabo Verde en junio de 2020, donde permaneció hasta octubre de 2021 cuando fue extraditado a Estados Unidos. El 17 de octubre, Rodríguez suspendió la ronda de diálogo que se realizaban en México en protesta por el traslado de Saab.
“Hemos insistido en la crucial importancia que tiene el desarrollo de los temas sociales que son del interés principal de nuestro pueblo. Nuestro hermano Alex Saab secuestrado desde hace 704 días es miembro pleno de la delegación de Venezuela y es nuestro delegado ante la mesa social que estamos discutiendo. En ese sentido, Venezuela ha exigido, exige y exigirá la participación de Alex Saab en cualquiera de las iniciativas de trabajo que eventualmente se acuerden”, subrayó Rodríguez a través de la red social Twitter.
Caracas / Rodolfo Baptista
