El presidente de la Fundación para la Contraloría Social a los Servicios Funerarios de Anzoátegui (Fcssfanz), José Magallanes, se pronunció este viernes sobre el proyecto de ordenanza que existe, para regular el funcionamiento de los cementerios y servicios funerarios en el municipio Sotillo.
“Es un tema muy delicado porque tiene que ver con la pérdida de un ser querido y los costos de los servicios que terminarán afectado a los familiares, en medio de una pandemia que aún persiste. Estamos de acuerdo con que se cancelen aranceles, pero que no sean exagerados”, expresó.
La controversia surge porque en la ordenanza se refleja que las funerarias deberán pagar dos Unidades de Cuenta Petro (UCP) a la Corporación de Cementerio Municipal Juan Antonio Sotillo, por derecho de ingreso al camposanto en cada ocasión que lo requieran.
Además, los familiares tendrán que cancelar la misma cuota mensual por el mantenimiento de infraestructuras y áreas verdes comunes.
“Si van a cobrar dos petros eso será más de cuatro salarios mínimos. El pueblo es quien va a pagar eso, porque se duplicarán los costos. La póliza de previsión familiar sale en $5 semanalmente, ahora puede llegar a costar $8 o $10. Mientras que mensualmente son $10 y puede llegar a $15. Sin contar que un servicio básico de una funeraria se ubica en $280”, explicó.
Solicitud
Es por ello que en nombre de la Fcssfanz, Magallanes le solicita al alcalde Nelson Moreno que se revise la ordenanza, antes de la aprobación definitiva.
“Que se nombre una comisión entre representantes del sector funerario, concejales, alcaldía y nuestra fundación para su estudio. También pedimos que si van hacer una consulta popular, que lo hagan en los centros más poblados, en los barrios humildes, que son los que utilizan el cementerio porteño”, aclaró.
Puerto La Cruz / Elisa Gómez