La lucha contra la corrupción no vive su mejor momento en el continente. Los actos ilícitos, los manejos irregulares de recursos y los abusos de poder se imponen por encima de la lucha de los defensores de los derechos ciudadanos, organismos contralores y la prensa libre. Los activistas en distintas naciones han visto incrementar las amenazas en su contra por parte de quienes ostentan el poder para beneficios personales y operaciones delictivas.
Esta es una de las conclusiones del más reciente informe publicado por Transparencia Internacional, que evalúa el crecimiento de la corrupción y los niveles de impunidad en el sector público de 180 países.
La organización sin fines de lucro con sede en Berlín divulgó su ya acostumbrado listado anual, en el que se asigna a cada nación un Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), elaborado con base en las acciones institucionales, normativas y jurisdiccionales que se hayan implementado –o dejado de implementar– para combatir este flagelo.
Para Venezuela el 2021 fue otro mal año en este apartado, ubicándose en el puesto 177 –de mejor a peor desempeño– de las 180 naciones evaluadas en la lista, y manteniéndose como uno de los países peor percibidos en el mundo por su lucha contra la corrupción, y el peor posicionado en Latinoamérica en este apartado.
Venezuela obtuvo una puntuación de 14 sobre 100, afianzándose al final de la lista, apenas por encima de otras tres naciones: Sudán del Sur –el puntaje más bajo de la lista con 11/ 100 en el lugar 180–, Siria y Somalia –ambas con una calificación de 13/ 100–.
Este es el tercer año de caída de Venezuela en su Índice de Percepción de la Corrupción. En 2018 su puntuación era de 18/100, y en 2019 bajó a 16/100; en aquel año, el país era el doceavo más corrupto del mundo.
En 2020, Venezuela se ubicaba en el quinto puesto de países más corruptos, con una puntuación que, en ese entonces, ya había descendido a 15. El país sólo era superado en el Índice de Corrupción por Sudán del Sur, Somalia, Siria y Yemen.
Sin embargo, en 2021 pasó a ocupar el cuarto puesto de países más corruptos, al bajar su calificación una vez más.
En el ámbito regional, la lista de los países latinoamericanos con peor desempeño en el control de la corrupción, incluyen –luego de Venezuela a la cabeza–, a Nicaragua y Haití, ambos con una valoración de 20 /100.
Transparencia Internacional calificó a estas tres naciones como “países no democráticos que enfrentan crisis humanitarias”.
En particular sobre Venezuela, el organismo advierte que “la gran corrupción ha causado graves violaciones a los derechos sociales, incluyendo la educación, la salud y la alimentación”.
“Asimismo, el sistema judicial se ha convertido en un instrumento de represión contra la disidencia y voces críticas. En estos últimos años han aumentado los presos políticos, las detenciones arbitrarias y las restricciones a las libertades fundamentales”.
Agrega el informe que, en el caso venezolano, “el bloqueo de información pública, la ausencia de rendición de cuentas por parte de entes estatales y de un sistema de justicia independiente, crean un espacio en el que las violaciones de derechos humanos se invisibilizan y permanecen impunes”.
El Índice de Percepción de la Corrupción se elabora con la opinión de especialistas, analistas de riesgo financiero, académicos y empresarios.
Al poner la lupa en las naciones del mundo mejor calificadas en su IPC, se encuentra un triple empate en el primer puesto con Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda, las tres con una puntuación de 88/ 100. En el caso del continente americano, la mejor valoración la obtuvo Canadá con 74, seguida de Uruguay con 73 puntos sobre 100, y luego Chile y Estados Unidos, ambos con 67 puntos.
Pero estar en el tope de la lista del continente no quiere decir que la situación sea óptima. EE. UU., Chile y Canada muestran un deterioro en comparación con registros de años anteriores.
La nación estadounidense sigue plantada en su mínimo histórico. La administración Biden ha reconocido la corrupción como un tema de interés central de seguridad nacional. Como medida de control, el año pasado el Congreso de EE.UU. aprobó una legislación que exige a las empresas proporcionar información sobre sus propietarios o “beneficiarios” reales, ante un registro central que se creará en 2022.
En el caso de Latinoamérica, a la lista de los mejores desempeños –además de Uruguay y Chile, que se encuentran en primer y segundo lugar–, se suma Barbados con 65/100, en el tercer lugar.
Vale apuntar que dentro del ranking, sólo es posible afirmar que existe una mejoría verdadera cuando un país continúa subiendo su puntuación en años sucesivos. Paraguay ha incrementado 6 puntos desde 2014 y Guayana, se ha elevado 11 puntos desde 2012.
De cualquier forma, el balance general de Transparencia Internacional apunta a que la lucha contra la corrupción en Latinoamérica ha dejado de avanzar.
“Los países de América están totalmente estancados en la lucha contra la corrupción. Los líderes corruptos apuntan contra activistas y consolidan su poder, al tiempo que se atacan los derechos de la prensa, la libertad de expresión y la libertad de asociación”, señaló Delia Ferreira, presidenta de la organización.
En general, el informe señala que existe una correlación entre los frenos impuestos a la lucha contra la corrupción y la vulneración de los de derechos humanos y la democracia en un país. “Conforme se erosionan los derechos y libertades y se debilita la democracia, el autoritarismo avanza, lo cual contribuye a aumentar aún más la corrupción. No sólo en los países con instituciones débiles, sino también en democracias establecidas”, indica el organismo.
Se hizo un llamado de alerta ante la utilización de la pandemia y las medidas contra el Covid-19 para erosionar los derechos humanos y la democracia, lo cual favorecería la proliferación de la impunidad y los casos de corrupción.
En su evaluación de la región, Transparencia también hizo una advertencia sobre el “autoritarismo” creciente en Nicaragua; además de la represión contra la prensa y la oposición en Venezuela, subrayando la necesidad de que los derechos civiles y políticos sean “fundamentales para que existan democracias sin corrupción”.
“Se necesitan acciones contundentes para revertir esta tendencia, proteger a la sociedad civil y defender los derechos humanos y la democracia”, acotó Ferreira.
La puntuación media en la región americana es de 43 sobre 100 por tercer año consecutivo, lo que demuestra que los esfuerzos para evitar los malos manejos y desvíos de recursos son insuficientes. Existen más de ocho países con una disminución de más de 5 puntos en la última década.
Colombia obtuvo 39 puntos sobre 100, colocándose en el puesto 87 del total de 180 países analizados, manteniendo su posición y calificación en el ranking. Pero en este caso, no existen mejoras significativas; por el contrario, se advierten serios excesos en el uso de la fuerza policial durante las manifestaciones de 2019 y posteriores, así como las violaciones de los derechos de movilización, participación y protesta.
El informe también señala que Centroamérica se encuentra en su “punto más bajo” en la última década y apunta un retroceso significativo en la lucha contra la corrupción y la defensa de la democracia en Guatemala y El Salvador.
De hecho, Transparencia Internacional señaló a El Salvador (con una valoración de 34/100), como un país que debe someterse a observación, ya que “podría consolidarse como una dictadura si se sigue socavando la democracia, persiguiendo voces críticas y restringiendo los derechos civiles y políticos”.
El gobierno del presidente Nayib Bukele ha sido acusado por organizaciones en defensa de los derechos humanos de frenar la independencia judicial y atacar la oposición y a la prensa independiente. El informe de Transparencia señala que esta nación “muestra un derecho al acceso a la información cada vez más restringido y altos niveles de opacidad en el uso de fondos públicos”.
Como un aporte para ayudar a subsanar las fallas, Transparencia Internacional hizo un llamado a los gobiernos a que cumplan con sus propios compromisos contra la corrupción y en defensa de los derechos humanos, y enumeró cuatro recomendaciones:
1.- Defender los derechos que hacen posible pedir cuentas al poder: Los gobiernos tienen que revocar todas las restricciones desproporcionadas de la libertad de expresión, asociación y reunión introducidas desde el inicio de la pandemia. Asimismo, es prioritario que se haga justicia respecto a los asesinatos de defensores de los derechos humanos.
2.- Restituir y reforzar la supervisión del poder: Las instituciones públicas de supervisión, como los organismos anticorrupción y de auditoría, deben tener la independencia, financiación y autoridad necesarias para detectar y sancionar irregularidades.
3.- Combatir la corrupción transnacional: Los gobiernos de las economías avanzadas deben corregir las fallas sistémicas que permiten que la corrupción transfronteriza pase desapercibida o quede impune.
4.- Defender el derecho a la información sobre el gasto público: Dentro de las medidas de recuperación de la Covid-19, los gobiernos deben incluir garantías contra la corrupción en los procesos de contratación pública. Debe existir máxima transparencia en el gasto público que conlleva a una rendición de cuentas efectiva que protege vidas y el bienestar de la población.
Caracas / Rodolfo Baptista
