En la sesión ordinaria de ayer, la Asamblea Nacional aprobó solidarizarse con los familiares de las personas que perdieron la vida en las recientes protestas contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega; así como con los más de 200 heridos y desaparecidos que se registran hasta la fecha.
Durante el debate, el diputado y presidente del Parlamento Latinoamericano en Venezuela, Ángel Medina, señaló que lo que sucede en el país centroamericano no es nuevo, sino parte de la técnica que ha querido adueñarse de América Latina, que significa utilizar la fuerza, las instituciones y la justicia para inhibir la expresión ciudadana.
“El tema de Nicaragua es el tema de Venezuela y de nuestra región, el tema de los derechos humanos es el tema que tiene que unirnos a todos. Tenemos una plaga que insiste en cundir a toda la América y tenemos el deber de denunciarlo”, manifestó.
El diputado Juan Andrés Mejía propuso exigir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se traslade a ese país para constatar las violaciones sistemáticas y que por consiguiente, pueda haber justicia.
Macario González, representante del estado Lara, enfatizó que hay mandatarios latinoamericanos que se escudan en el nombre de los libertadores para saquear a los países.
Los parlamentarios señalaron que hay 90 heridos, 30 fallecidos entre los cuales se incluye el caso del periodista que recibió un disparo en la cabeza, 200 detenidos y un centenar de desaparecidos, de acuerdo con cifras de una ONG de Nicaragua.
Decidieron denunciar las violaciones a los DDHH ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Organización de Estados Americanos (OEA), Unión Europea, parlamentos regionales y la Unión Interparlamentaria Mundial.
Debate
Como punto del orden del día, se abrió la primera discusión del Proyecto de Ley de Calabozos. Delsa Solórzano, presidente de la Comisión de Política Interior, aseguró que los centros de detención preventivas albergan a más de 45.000 personas cuando su capacidad es de 6.000. De ellos, sólo 4.000 tienen sentencia condenatoria, pero no los han trasladado y el resto de los casos presentan retardo procesal penal.
Además, 200 presos se han fugado de los calabozos policiales y la ministra de Asuntos Penitenciarios no ha respondido con políticas públicas eficientes.
“El mismo Tarek William Saab, usurpador de la Fiscalía, admitió que 30% de los funcionarios policiales se dedicaban a cuidar a los presos, cuando su principal función es velar por la seguridad ciudadana”.
Los diputados también pidieron al Ministerio Público investigar la trama de corrupción que hay en Pdvsa, sobre todo, luego de la creación de un fideicomiso que pretende recuperar 10 millardos de dólares que fueron robados por un grupo de 40 personas.
Caracas / Sammy Paola Martínez
